Milagrosa Martínez se autoabsuelve

"Todas y cada una de mis actuaciones se han producido dentro de la más absoluta legalidad". Así dijo ayer que ha desarrollado siempre sus tareas políticas, cuando fue alcaldesa de Novelda, cuando fue consejera de Turismo y ahora, que es presidenta de las Cortes Valencianas. Tras esta sumaria declaración en los pasillos del Parlamento, Milagrosa Martínez, del PP, advirtió que no tiene intención de decir "nada más" porque el asunto está sub judice. El asunto es el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política de la democracia española. Y, aunque ella misma se autoabsuelva de forma expeditiva, la Fiscalía Anticorrupción considera que pudo cometer un delito de cohecho cuando, a principios de 2006, aceptó como regalo de Orange Market un reloj de 2.400 euros poco después de haberle otorgado por segunda vez el contrato del pabellón valenciano en la feria Fitur y de haber contratado a dedo en varias ocasiones a la empresa de Álvaro Pérez, cabeza en Valencia de la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, actualmente en prisión.

Blasco: "Ninguna institución valenciana es parte en el 'caso Gürtel"

No es la primera vez que Milagrosa Martínez interpreta la legalidad a su manera en su ejecutoria como cargo público. De hecho, en 2005, año en que la trama, con la adjudicación del pabellón en Fitur, abrió una línea que le reportaría la mayor parte de los 7,1 millones de euros que, hasta ahora, se sabe que ha logrado de la Generalitat, adjudicó a dedo al menos tres contratos a empresas de la red de Correa, dos a Orange Market por 119.000 y 30.000 euros y otro a Easy Concept, también por 30.000 euros. Y no sólo eso, sino que reconoció por escrito, cuando las empresas pasaron las facturas al cobro, que "las obligaciones contraídas" se adquirieron "sin que se cumpliesen los trámites que exige" la ley de contratos, pese a lo cual consideró que "no existen indicios de responsabilidad por no haberse seguido el procedimiento establecido", concluyó que no procedía "la apertura formal de expediente" y ordenó pagar con cargo a la Agència Valenciana de Turisme. En aquella ocasión, Isabel Villalonga, entonces subsecretaria de la Consejería de Turismo, puso pegas a que Orange Market cobrara las facturas. Villalonga, en su condición actual de abogada general de la Generalitat, ha sido la encargada de remitir al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la relación completa de contratos de la Administración autonómica con las empresas de la red de corrupción. En esa relación, curiosamente, Villalonga ha omitido adjuntar al menos cuatro facturas de Orange Market correspondientes al pabellón de Fitur del año 2006, cuando ella misma era subsecretaria del departamento que tuvo relación con la empresa de Álvaro Pérez.

Pese a las múltiples revelaciones que el levantamiento del secreto ha deparado, como la del papel de Milagrosa Martínez en las relaciones ventajistas de la trama corrupta con el Consell que preside Francisco Camps, al portavoz del PP en las Cortes y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, le parece, según declaró ayer, que se ha ratificado que el funcionamiento de la Administración autonómica "ha sido conforme a ley" y que ninguna institución valenciana "es parte en el caso Gürtel".