La corrupción complica la vida al PNV

Nunca en los 30 años de historia de la democracia, la corrupción había acechado tan de cerca a cargos del PNV, el partido mayoritario en Euskadi que siempre ha apelado a "la honradez" como una de sus señas de identidad en su centenaria trayectoria. "Aquí no ha salido ningún caso, nadie del PNV que haya metido la mano en el cajón", señalaba ufano, hace unas semanas, un alto cargo público peneuvista vizcaíno. Para su intranquilidad, el PNV encara la incómoda situación que siempre supone ver cómo se resuelven imputaciones de corrupción contra cargos suyos en cada uno de los tres territorios históricos, surgidos en apenas medio año.

Episodios turbios ha habido en estas tres décadas, el más sonado el de las tragaperras, que en los años 80 relacionó la financiación del PNV con el dinero obtenido en la concesión de licencias para las máquinas de juego. Lo que ha cambiado es la concentración de escándalos, que empezaron hace tres años en Guipúzcoa con el caso Jauregi -el candidato elegido a diputado general y que se quedó en el camino tras descubrirse que no había declarado a Hacienda parte de sus ingresos-, siguieron con las irregularidades en el futuro Museo Balenciaga que afectan directamente al ex alcalde jeltzale Mariano Camio, hasta llegar al caso Bravo, el ex senador peneuvista implicado por recibir 1,4 millones de una sociedad a la que ayudó a defraudar cuando era director de la Hacienda foral. Jauregi ha mantenido el tipo al seguir como hombre de confianza de Joseba Egibar en la dirección del PNV guipuzcoano, y consejero de Kutxa, mientras Camio y Bravo esperan aún la resolución de sus respectivos procesos judiciales.

Resulta significativo que los casos se concentran cada vez en menos tiempo

La presunta trama en Álava llega a la cúpula, otro hecho insólito hasta ahora

El cobro por la recalificación en Lezama aparece en un auto judicial

Pero la bola se ha extendido al resto de territorios. Y, además, con rapidez: desde el sonado episodio de esta semana en Álava al ser imputados por corrupción ocho significados militantes del PNV a la apertura en Vizcaya por parte de la Fiscalía de una investigación sobre la recalificación de terrenos a la familia de la alcaldesa de Lezama, ocho meses después de haber firmado su venta por 6 millones.

Gran parte de los escándalos surgidos pueden quedar sustanciados, de hecho, a pocos meses de las elecciones forales y municipales de 2011. Y, además, su aparición viene a coincidir con el momento de mayor desventaja para el PNV, al verse fuera por vez primera de la Lehendakaritza. Por si fuera poco, la presunta trama de corrupción en él ámbito de la Diputación de Álava ha afectado a dirigentes del partido, otro hecho insólito hasta ahora en la formación nacionalista.

DIPUTACION DE ÁLAVA La trama de comisiones

Es el último y, en principio, el caso de mayor gravedad, al encontrarse implicados nada menos que un ya ex diputado foral, Alfredo de Miguel, y siete destacados miembros del PNV en el territorio alavés. Los escasos datos que han trascendido, al encontrarse la investigación judicial bajo secreto de sumario, indican que existe una red para el cobro de comisiones ilegales en la compraventa de terrenos en el Parque Tecnológico de Miñano, en las afueras de Vitoria, pero también en otros negocios, que se canalizaban a través de la empresa Kataia Consulting, creada en 2005 y dirigida al asesoramiento, entre las que figuran como administradoras Ainhoa Bilbao, Iratxe Gaztelu y Araceli Bajo, las esposas, respectivamente de Alfredo de Miguel,

Koldo Otxandiano y Aitor Tellería, todos imputados. La sociedad está registrada en el local de la sociedad gastronómica Etxezarra, donde De Miguel, que ha negado todos los posibles cargos al tiempo que denuncia la indefensión de que ha sido objeto, acostumb

raba a reunirse con sus amigos para cerrar acuerdos, según la investigación. Los primeros datos conocidos revelan que esta empresa sería la caja de recaudación de la trama.

Los hechos, si los confirma la investigación emprendida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, dejan muy tocada a la dirección peneuvista, especialmente porque De Miguel era el principal candidato a liderar al PNV en Álava en 2012, al igual que se había especulado con la posibilidad de que Alfonso Arriola, otro de los imputados, fuera el próximo candidato jeltzale al Ayuntamiento de Vitoria.

Nunca tampoco hasta ahora había sido detenido un cargo peneuvista de tal rango, un diputado foral. Pero en el resto de investigados no hay personas irrelevantes: el actual dirigente del ABB Aitor Tellería; el ex director del Parque Tecnológico Alfonso Arriola, actual asesor en el Tribunal Vasco de Cuentas de Eusebio Melero, miembro a propuesta del PNV, o la candidata del PNV en las elecciones al Parlamento Iratxe Gaztelu.

Todo apunta a que las presuntas irregularidades se canalizaban a través de la empresa Kataia. La investigación está todavía en una fase inicial, según fuentes judiciales, con lo que el caso puede convertirse en un purgatorio para el PNV precisamente en Álava, donde es la tercera fuerza política y se arriesga a seguir perdiendo influencia en favor del PSE y el PP.

AYUNTAMIENTO DE LEZAMA La recalificación

Unos días antes de lo ocurrido en Vitoria, se destapó el escándalo en el pequeño municipio de Lezama, de apenas 2.400 habitantes, que ha motivado la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía de Vizcaya. No hay ningún cargo de peso del PNV implicado, pero la documentación existente es de la mayor relevancia conocida hasta ahora en una presunta corrupción en un ayuntamiento.

La Fiscalía maneja ya el acuerdo privado firmado en febrero de 2007 entre seis familiares (padre, tía y cuatro primos) de la alcaldesa de Lezama, Alaitz Etxeandia (PNV), por el que vendían terrenos a dos constructoras a cambio de seis millones de euros. Un pacto suscrito ocho meses antes de que todo el plan urbanístico de Lezama se aprobara definitivamente (fue en octubre de 2007), lo que significó que ese suelo, que estabacalificado desde 1993 por el Gobierno de urbano inundable (que sólo permitía en este caso obras de saneamiento o la creación de una zona verde), se recalificara para un uso residencial. Lo llamativo es que el acuerdo, que especifica el cobro y sus condiciones, está plasmado en un auto judicial, lo que ha permitido destapar el escándalo. ¿Por qué? La familia de la alcaldesa demandó a las constructoras por un supuesto incumplimiento del contrato y finalmente se llegó a un nuevo acuerdo que fijaba la compraventa en 5,3 millones, de los que los Etxeandia han percibido 2,2 millones.

En esta historia llama la atención que la eliminación de la calificación de inundable la adoptó la Dirección de Aguas del Gobierno en junio de 2007 basándose en un informe presentado por el Ayuntamiento sólo cuatro días antes de que el Gobierno decidiera, como es preceptivo, sobre el plan urbanístico de Lezama. Aguas admite que el informe "sólo ha podido ser analizado con premura" pero lo acepta, cuando hasta ahora el criterio del Ejecutivo ha sido siempre aumentar, y no reducir, las manchas de inundabilidad en los municipios.

A esto se añade que el plan urbanístico por Lezama está anulado desde junio por el Tribunal Superior y que la alcaldesa ha votado hasta tres veces en el impulso del proyecto urbanístico de su familia, incumpliendo la Ley de Procedimiento Administrativo que le obliga a abstenerse.

DIPUTACIÓN DE VIZCAYA Los bonos del 'ferry'

Por vez primera en sus 30 años de historia, las Juntas Generales de Vizcaya van a constituir una comisión de investigación. El asunto es también indagado desde octubre por la Fiscalía y se refiere a la desaparición de más de 35.000 bonos del ferry Pride of Bilbao, que la Diputación compró en 1995 a la naviera. Formaban parte de los más de 46.500 billetes que adquirió como ayuda al servicio marítimo, que la UE declaró luego ilegal al considerarla una ayuda de Estado. Ello se tradujo en la devolución de 13 millones de euros de la empresa a la Diputación; ésta abonó a la compañía 3,2 millones por 10.700 bonos utilizados hasta 2007, pero luego debió pagar otros 9,7 millones más por los 35.700 restantes, ya que no se encontraban. El Tribunal Vasco de Cuentas ha constatado que hubo una pérdida patrimonial de esos 9,7 millones y el PP, que tramitó la denuncia, apunta a los responsables del PNV. "Sólo hay tres opciones: la destrucción de manera negligente, el robo o la desaparición deliberada para dar una ayuda de Estado ilegal", dice el portavoz del PP Carlos Olazabal. El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, ha afirmado que " nadie se ha llevado a casa un euro de los bonos del ferry".

HACIENDA DE GUIPÚZCOA El caso Bravo

Todavía sigue bajo investigación el presunto trato a favor de Víctor Bravo, ex director de la Hacienda de Guipúzcoa y ex senador del PNV, a un grupo empresarial (el catalán Glass Costa Este Salou). Se le acusa de haber recibido 1,4 millones de esta compañía a cambio de colaborar en que dicha firma falseara su domicilio fiscal, y disfrutar ilegalmente así de una tributación más ventajosa. Este escándalo se suscitó después de que dos años antes se imputara a su hermano José María Bravo, cuando era director de la oficina de la Hacienda en Irún, haber defraudado 8,1 millones al fisco y apropiarse de 1,7 millones de deudas de contribuyentes morosos.

GETARIA El Museo Balenciaga

Fue en 2008 cuando la Fiscalía de Guipúzcoa presentó una querella criminal contra el ex alcalde de Getaria, Mariano Camio, por falsificación de documentos, engaño y uso indebido de dinero en la construcción del Museo Balenciaga. Se refería a que Camio, quien fue alcalde del PNV entre 1983 y 1999, año que lo dejó para dirigir la Fundación Balenciaga, cometió desvíos de fondos, que llevaron a triplicar el presupuesto del museo hasta los 18 millones de euros.

El ex alcalde ocultó documentos, según la comisión de investigación del Parlamento, y benefició al otro imputado, su compañero sentimental el arquitecto cubano Julián Argilagos, en paradero desconocido, lo que ha paralizado la investigación judicial.