El PP lleva al Defensor el pago en solares de la deuda histórica
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, anunció ayer que su formación remitió el pasado viernes una carta al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, donde le instan a "luchar" por el pago en metálico de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía andaluz, conocida como deuda histórica.
En este sentido, Sanz defendió en rueda de prensa que el envío de esta carta "es un paso más obligado para la defensa de los intereses de Andalucía, tras el fallido acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la nación y el Gobierno andaluz, al que se pagará con solares", así como subrayó que el PP andaluz también recurre a Chamizo después de "superar la fase" del Parlamento de Andalucía, donde el PSOE rechazó el recurso de inconstitucionalidad propuesto por la formación popular.
En la carta, el PP afirma que "las instituciones públicas, entre ellas el Defensor del Pueblo Andaluz, no pueden permanecer impasibles ante la flagrante vulneración de la legalidad y de la voluntad del pueblo andaluz que supone el acuerdo alcanzado, ni pueden legitimar dicho acuerdo dejando de utilizar los mecanismos que están en sus manos para luchar por lo que es de los andaluces".
"Rebelión"
Asimismo, se solicita a Chamizo a que "inste al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales, Enrique Múgica, la interposición del correspondiente recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos Generales de Andalucía para 2010, que no consigna las cantidades que todavía se adeudan a la región".
Además, Sanz declaró que Chamizo debe ponerse "al frente de la rebelión por la dignidad del pueblo andaluz, frente a los que quieren arrollar 30 años de autonomía", y recordó que "llegan los momentos finales del pago de la 'deuda histórica', porque en menos dos semanas culminará el plazo del pago, y ante ello el PP usará todas la vías que por derecho correspondan".
El grupo del PP en el Congreso de los Diputados recurrirá ante el Constitucional. Al PP ya se le ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo contra el acuerdo de la Comisión Mixta Gobierno-Junta sobre la liquidación de la deuda histórica.
