Terrorismo de ida y vuelta

Que España es un objetivo de Al Qaeda, primero como punto de referencia de un imperio perdido y luego como objetivo de ataques (el último, el secuestro de cooperantes en Mauritania), es algo sabido y demostrado.

Sin embargo, nadie en la década de los noventa se tomó en serio lo que, después del terrorismo político internacional, comenzaba a ser la amenaza fundamentalista-salafista en Europa y en España. Hasta tal punto esto fue así que tendría que llegar el año 1997 para que la justicia española comenzara a percibir la realidad que se nos venía encima. Hasta entonces, la Audiencia Nacional había estimado que las personas y grupos de esta ideología, en su versión extrema, no debían ser considerados como terroristas fuera de las fronteras del país en el que las organizaciones a las que estaban vinculados cometían los atentados, sino como meros falsificadores o delincuentes habituales y, por ende, su sanción no debía ser grave. En una forma inconsciente se permitió, absortos como estábamos con la lucha contra el terrorismo autóctono, que estos grupos o redes de personas arraigaran en España. Ciertamente, el esfuerzo policial y judicial por investigar estas redes, entonces incipientes, era más un acto de puro voluntarismo que de efectividad institucional. Inteligencia exterior era la hermana pobre de los servicios de información en nuestro país.

Querámoslo o no, ha habido dos percepciones distintas para el terrorismo local (ETA) y el global ('yihadista')

Cuando no se prestaba atención a Al Qaeda, su acción nos golpea a cientos de kilómetros y con la guardia baja

Esta inercia se rompió en 1997, cuando la Comisaría General de Información detuvo a un grupo de personas vinculadas al GIA (Grupo Islámico Armado), aunque el hecho no estuvo exento de dificultad, ya que hubo un juez que frívolamente puso a todas las personas en libertad en la región donde fueron detenidas, lo que motivó que la nueva captura de algunos por toda Europa se retrasara más de dos años y que otros escaparan y volvieran a su actividad terrorista en Argelia.

Finalmente, la justicia hizo su trabajo y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en julio de 2001, condenó a aquellas personas por integración en la organización terrorista GIA, la misma que tiempo antes no había sido considerada tal porque no desarrollaba actividad violenta en España. En este caso fueron condenados, entre otros, dos procesados que posteriormente serían tristemente célebres en España, Allekema Lamari, que se suicidó en Leganés tras haber sido uno de los autores de los atentados del 11-M, y Abdelkrim Benesmail, condenado en la Operación Nova junto con otros que, según quedó indiciariamente acreditado, pretendían volar la Audiencia Nacional con un camión lleno de explosivos y cuya formación o adoctrinamiento yihadista se había producido en el interior de la cárcel salmantina de Topas.

Por su parte, el Tribunal Supremo, en el mismo caso en su sentencia de 7/7/02, hablaba del GIA como una organización terrorista de carácter fundamentalista que recurría a la yihad o guerra santa para lograr el acceso al poder político y al establecimiento de la sharía o ley islámica, y que usaba los países occidentales, entre ellos España, como lugar de refugio de los huidos de Argelia, como mercado para abastecerse de armas y explosivos, captación de militantes y falsificación de documentos; es decir, lo que unos años antes no se había considerado terrorista. Y es que siempre, querámoslo o no, ha habido dos percepciones diferentes para el terrorismo local (ETA) y para el internacional o global (yihadista).

Hasta cierto punto esto es comprensible en los ciudadanos, pero resulta inaceptable y muy peligroso cuando esa sensación se instala en las instituciones, porque ello conlleva una menor presión y una menor inversión en esfuerzos y recursos para hacer frente a este tipo de terrorismo. Es decir, si hay atentados se visualiza inmediatamente la necesidad de acción frente al mismo y se actúa, y si no los hay -como ocurría al principio y ahora- no se percibe como una amenaza y se rehúsa actuar e incluso se hacen interpretaciones peregrinas tanto sobre el fenómeno como sobre la intencionalidad de los que ejecutan actos bajo el paraguas de Al Qaeda.

Con esta postura se desconoce que este tipo de terrorismo es de ida y vuelta. Es decir, al ser global, el teatro de operaciones es mucho mayor y por ende debemos percibirlo -si no se quieren perder sus verdaderos perfiles- como un crimen universal con independencia del lugar de comisión o la nacionalidad de las víctimas.

Tampoco es cierta la afirmación de que en nuestro país o en Europa no existan, jurídicamente hablando, atentados, porque, según dicha concepción universal, los que suceden, aunque se produzcan en lugares más o menos remotos, tienen una incidencia próxima o inmediata al ser las víctimas universales y porque la acción criminal que los integra pudo formarse y desarrollarse en España u otros países a través de la constitución de grupos que, sin aparente relación de causa efecto inmediatas, fueron los que suministraron los medios materiales y humanos. Por tal razón, lo mismo que sucede en el crimen transnacional organizado, esta forma de actuar es mucho más compleja y difícil de descubrir y combatir si no se asume que las vinculaciones e interrelaciones entre esos grupos y células terroristas no son aleatorias ni caprichosas, sino que responden a una lógica del terror cuyo fin es la consecución de objetivos tan globales como aparentemente irrealizables, lo que favorece la indiferencia y la incredulidad, o incluso el escepticismo de los ciudadanos y las instituciones, y la convicción de que no existe riesgo alguno, coadyuvando con ello, en forma involuntaria, a otorgar patente de impunidad en la primera y más decisiva fase de formación.

Lo cierto es que, desde el momento inicial (adoctrinamiento), los ideólogos o emires tienen prevista la actuación del grupo, aprovechando -sin excepción- esas contradicciones de nuestra sociedad y el miedo que en la misma existe a asumir la realidad del problema, lo que se traduce a veces en opiniones publicadas tan banales como temerarias y peligrosas porque serán aprovechadas para golpearnos como, cuando y donde les interese.

El día 11 de septiembre de 2001 todos nos quedamos inermes y espantados ante la magnitud de la catástrofe del terrorismo de ida y vuelta yihadista. Los ríos de tinta sobre las imprevisiones que facilitaron la ejecución del mayor ataque terrorista de la historia y las consecuencias del mismo para el mundo continúan alimentándose a la vez que perdura el dolor de las víctimas, aunque no su recuerdo y reconocimiento, que languidece escondido en meros actos protocolarios. A pesar de esta evidencia, cuando en nuestro país se concretaron investigaciones iniciadas antes de aquellos hechos, algunos se permitieron la frivolidad de afirmar que, pese a la existencia de redes yihadistas en España desde 1994, sólo se trataba de una burda emulación de aquellos atentados, y continuó sin prestarse atención a un fenómeno cada vez más presente y cuyos actores se mostraban más animados por el éxito de sus hermanos terroristas en el corazón de Occidente.

Para entonces, los mismos que años antes habían salido de Afganistán (los llamados árabes afganos) tras la expulsión de los soviéticos y que al parecer habían estado a sueldo de la CIA, y que habían formado el GIA en Argelia, dieron vida al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate y a los Grupos Islámicos Combatientes Marroquí y Libio. Y junto a ellos los que se habían sumado a la llamada de Osama Bin Laden volverían a los centros de Afganistán y a las zonas de conflicto para recibir entrenamiento y de nuevo regresar, a partir de 1998, a sus países de origen para hacer la yihad global proclamada por el líder de Al Qaeda, y regresar, estableciendo bases intermedias -por ejemplo, en España- allá donde se les requería para suicidarse, matando en lugares como Irak. También se agruparon bajo el mando de Al Zarqawi para atacar nuevos objetivos y finalmente crear, en 2007, Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), con sus nuevas bases en el desierto del Sahel. Ahora la yihad está a las puertas de Occidente con Al Andalus más próxima y más presente en las reivindicaciones de AQMI, no como mera ilusión programática, sino con finalidad en sí misma focalizada en la conquista de Ceuta y Melilla.

Durante todo este tiempo los grupos y redes, con la marca o franquicia de Al Qaeda, sin nombre ni jerarquía, o con cualquier sigla de conveniencia, se formaron como células durmientes y sus miembros asumieron una vida normal, integrados en la sociedad occidental y, aprovechando el camuflaje, hicieron lo que saben, aglutinar fuerzas y medios para continuar la guerra santa o yihad global cuando sea necesario o fueren requeridos para ello.

Entre tanto y a diferentes niveles, la sociedad española se ha debatido en estos últimos ocho años entre la ignorancia consciente del problema o el despertar doloroso y lacerante, con cuatro atentados mortíferos, el 11 de marzo de 2004 en Madrid; o entre la conciencia temporal del fenómeno terrorista y el olvido de sus efectos y existencia hasta que, ahora, de improvisto y cuando a Al Qaeda no se le prestaba atención ni en los informativos, su acción nos golpea en plena cara a cientos de kilómetros y con la guardia baja.

De nuevo, ante la amenaza, con la perspectiva pendular que tenemos frente a cualquier fenómeno que nos oprime y atenaza, reaccionamos en la misma forma atropellada y torpe, con análisis prematuros, sin aprender de lo sabido o debido conocer, y sin asumir que a los terroristas no se les pueden ofrecer ni pistas, ni flaquezas, porque las aprovecharán en nuestra contra.

En este contexto, nos enfrentamos a una situación singular. España, Al Andalus, el anillo más preciado del califato universal, otra vez está en el punto inmediato de mira del terrorismo global y frente a este hecho se nos plantea el mismo dilema de siempre, o continuar, como otras veces, discutiendo si existe o no la acción terrorista del islamismo radical en España o si los grupos y redes aquí presentes actúan con fines terroristas o simplemente religiosos; o reconocer que este fenómeno no ha dejado de existir ni un solo momento y que sus acólitos han hecho, hacen y harán su trabajo y, por ello, nosotros debemos actuar con contundencia en todos los frentes contra ellos.

Como creemos que frente a este fenómeno no podemos ser indiferentes, debemos señalar algo que, a veces, se olvida y que sin embargo todos tendríamos que tener presente como verdad judicial establecida en múltiples sentencias de nuestros tribunales: que España es lugar de adoctrinamiento, preparación e integración en redes terroristas internacionales; que en diferentes centros religiosos se han desarrollado actividades ilícitas tendentes a la ejecución de la yihad; que, en nuestro país, se han reclutado individuos pertenecientes a la colonia siria, paquistaní o magrebí para enviarlos a campos de entrenamiento, financiar acciones o a luchar en Irak o Afganistán al servicio de la red terrorista de Al Qaeda; que aquí, en comunidades como Cataluña o Madrid, se han creado infraestructuras para proporcionar a tales individuos documentación que facilitara sus traslados y acciones terroristas; que en zonas próximas a la capital de España se han impartido y recibido cursillos de armas y explosivos y se han inmolado personas; que desde Santa Coloma se envió a Irak a Bellil Belgacem, que acabo suicidándose con un camión bomba y matando a 38 personas en Nasiriya; que reventaron cuatro trenes con explosivos y segaron la vida de 192 personas e hirieron a otras 1.500; que un grupo de paquistaníes, residentes en nuestro país, intentaba atacar con explosivos el metro de Barcelona "para causar un gran número de víctimas", según dice la sentencia del 14/12/09; que los grupos españoles se financian con diferentes actividades ilícitas, haciendo buena la teoría de que no importa el origen ilícito de los fondos si la finalidad es la yihad y que guardan relación y se coordinan con otros de la misma ideología; que sus contactos y correos van y vuelven para activar y coordinar las diferentes acciones, desde Casablanca a Madrid, o desde Barcelona a París, Londres y Bruselas, o desde Estambul a Damasco, Bagdad, Kabul o Islamabad; que los escenarios de los asesinatos han sido Afganistán, próximos a la base española de Herat, pero también Marruecos, Yemen, Madrid, o Irak; o que un secuestro puede tener lugar en Mauritania, las víctimas ser españolas y francesas, exigir el rescate en Malí y reivindicar la acción en Egipto o cualquier otro país, aprovechando al máximo las ventajas de Internet, ejemplificando el dominio que tienen de la Red.

Y si todo esto es así y está probado, la pregunta es por qué todavía cuesta tanto trabajo entender este terrorismo silencioso, de ida y vuelta, que tan pronto emerge como desaparece, pero siempre está, y por qué se tienen tantos prejuicios frente al mismo tomando como excusa para no perseguirlo una falsa justificación religiosa cuando lo que aquél hace es aprovechar y pervertir la propia idea religiosa que dice defender.

La respuesta puede ser sencilla si se parte de que este terrorismo, si bien responde a parámetros distintos, es una actividad criminal organizada más, que se nutre de unas fuentes ideológicas propias, pero que es tan destructivo como cualquier otro practicado por otras organizaciones con ideología diversa pero métodos similares.

Mientras nosotros debatimos en discernir sesudamente si esas organizaciones, por utilizar sus propios militantes como armas, son diferentes a aquellas otras que buscan preservar la vida de los suyos, unas y otras continúan avanzando, perfilando su campo de acción y agrandando la distancia que nos separa de ellas para combatirlas.

En este punto, es cierto que hoy día disponemos de las normas y medios necesarios para hacer frente al fenómeno si se adquiere la voluntad y convicción de acabar con el mismo desde sus causas hasta sus efectos y si se ejecuta con una perspectiva universal, asumiendo la parte que nos corresponde sin escondernos en aquellos falsos planteamientos. El Estado de derecho facilita la posibilidad de realizarlo, estableciendo los límites en los que debemos movernos sin que en esta ocasión podamos ser indiferentes.

La justicia, aunque no sola, tiene una obligación histórica frente al terrorismo. Las investigaciones de los jueces se interrelacionan, las pruebas confluyen, y por ello debe extraerse de las mismas el máximo provecho y, siendo global la acción terrorista, la cooperación internacional debe ser constante, los flujos de información permanentes con un recorrido de ida y vuelta, basados en el principio de solidaridad y confianza, y la coordinación entre los diferentes actores nacionales e internacionales, definitiva.

Sólo con esa conjunción de esfuerzos y con la comprensión de la universalidad del fenómeno podremos afirmar que hemos cumplido lo que los ciudadanos nos exigen y nosotros estamos obligados a ofrecer en una sociedad responsable, segura y democrática.

Baltasar Garzón es magistrado juez de la Audiencia Nacional. Dolores Delgado es fiscal coordinadora de Terrorismo Internacional.