Así repartió Iurbenor 43 millones de IVA

La Justicia dispone de una amplia documentación sobre el destino de los 43,5 millones de euros que la Hacienda de Vizcaya reclama al empresario Jabyer Fernández, obtenidos en la operación de venta a BBK y La Caixa, en enero de este año, de los terrenos destinados a la promoción inmobiliaria denominada Puerta de Bilbao, ubicados en Lutxana (Vizcaya). Una gran parte de estos informes obra en poder de EL PAÍS.

Uno de los informes más voluminosos detalla cada una de las numerosas salidas de fondos realizadas por Iurbenor Promociones, desde las cuentas bancarias que disponía como titular en BBK y La Caixa, y a partir del 27 de enero de 2009, fecha en la que se realiza la transmisión de la finca donde el grupo empresarial de Fernández pensaba acometer la actuación inmobiliaria más importante de Vizcaya. La venta de estos terrenos fue tasada en 310 millones, cifra considerada en su momento como "elevada" por técnicos del sector, y que fue utilizada junto al IVA correspondiente para enjugar, primero, las hipotecas bancarias que gravaban entonces sobre los terrenos y posteriormente redistribuida, en un breve espacio de tiempo, por varias sociedades, todas ellas pertenecientes al grupo Afer, que preside Jabyer Fernández.

La firma contra Fernández es posterior al reparto del dinero del IVA

La investigación continúa sin determinar algunos desvíos de fondos

Según consta en un primer informe sobre el destino del dinero del IVA obtenido por Iurbenor (ver documento adjunto), las sociedades receptoras son Iurbenor, Cycasa, Grupos Cosimet, Fonorte Inmobiliaria, Iurbentia Promoción Inmobiliaria, Entrinova Invest, Bost-H-96 y Habidite. Curiosamente, en la mayoría de estas empresas que recibieron parte del IVA no abonado a la Hacienda foral figuran en calidad de consejeros la casi totalidad de los firmantes de una denuncia que fue interpuesta contra Fernández varios meses después de recibido el dinero. En ella, se imputaba al presidente de Afer que había apropiado de los 43,5 millones. La demanda atribuye al acusado apropiación indebida, delitos societarios y contra la Hacienda pública. Los ex socios entienden que esta utilización de fondos es "totalmente improcedente".

Es significativo, por ejemplo, los casos, entre otros, de Enrique Curro Guzmán y Miguel Michelo Aguirre, dos de los impulsores de esta denuncia contra Fernández por apropiación del IVA ya que tres sociedades mercantiles a las que pertenecen (Cosimet, Bost-H-96 y Estrinova Invest) llegaron a percibir 6 millones del importe ingresado por Iurbenor en concepto del valor añadido de la venta de los terrenos de Puerta de Bilbao. A ellos se podrían unir también los nombres de Fernando García-Macua, presidente del Athletic, o de su compañero de junta en el club bilbaíno Emilio Prieto, que figuraban como consejeros de Iurbentia Promoción Inmobiliaria cuando esta firma recibió fondos, principalmente, de Iurbenor Promociones por importe de 3,5 millones, y de ahí, el mismo día, se transfieren a Habidite Technologies Zaragoza por importe de 3.026.800 euros y el resto, 473.200, a Habidite. Es decir aquí se aprecia una descapitalización de Iurbenor Promociones, objeto de uno de los considerandos de la denuncia.

Cabe recordar que Fernández destituyó a García-Macua como secretario de Iurbenor al conocer que objetaba el aplazamiento del pago del IVA. Según se refleja en los movimientos bancarios, cuando se produce este cese, Iurbenor ya había realizado la mayoría de los pagos entre sus principales empresas, una de ellas en la que figura como consejero el presidente del Athletic.El Juzgado número 6 de Bilbao instruye la demanda del grupo de ex socios de Fernández, en la que éste ya ha declarado, y que se une a la interpuesta por la Hacienda foral, en este caso por supuesto fraude fiscal.

En la búsqueda de pruebas solicitadas por el juez están trabajando la Brigada de Delitos Económicos de la Ertzaintza y un grupo de inspectores de Hacienda. Todos los focos se centran lógicamente en el devenir mercantil del casi centenar de empresas del grupo Afer, en manos de Jabyer Fernández.

En base a la investigación acometida por el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación de Vizcaya, y sobre las múltiples transferencias bancarias, realizadas en un período no superior a cuatro meses a partir del 27 de enero pasado, se constata el hilo conductor entre las empresas pertenecientes al holding de Fernández. Eso sí, todavía se mantiene la investigación sobre el destino de varios cheques. Uno de los casos pendientes por resolver, según la documentación que maneja este diario, hace referencia a una cuenta de Fonorte Inmobiliaria en el Banco Guipuzcoano, donde se reciben 4 millones de los fondos de BBK y otros 2 de La Caixa para acometer diferentes transferencias que, sin embargo, aún no están determinadas.

Esta acumulación de denuncias coincidió con la abrupta ruptura de las relaciones entre este empresario, que fue largamente cortejado en los ambientes políticos, económicos y mediáticos al conocerse sus primeros proyectos, y el diputado general de Vizcaya. Incluso, Fernández atribuyó la denuncia de sus anteriores socios a una "presión" desde el ente foral.

A su vez, José Luis Bilbao, incómodo por el devenir de este espinoso asunto que parece condenado a un largo proceso judicial, no tuvo reparos en comparar a Fernández con el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, enfatizando que el fraude económico del empresario vizcaíno era muy superior para las arcas públicas.

De manera oficial, el desencuentro entre Afer y Diputación se ha atribuido a la decisión foral de no acometer el proyecto de viviendas modulares en Alonsotegi. Fernández, como adelantó EL PAÍS el pasado domingo, reclamará a la Diputación una indemnización de 300 millones por la vía judicial por el perjuicio que le ha ocasionado la suspensión de un proyecto que estaba firmado.

En medios próximos a la investigación se considera que los amigos de Jabyer Fernández son unos de los principales beneficiarios de la desviación de fondos que corresponderían al pago del IVA. Entre las empresas que han recibido ingresos procedentes de este impuesto figuran sociedades creadas por Fernández antes y después de estas denuncias a nombre de su madre, hermanos, cuñados y varios de los nuevos directivos del grupo.

Fernández admitió a este periódico que su primera intención al cobrar la venta de terrenos de Puerta de Bilbao fue "sanear financieramente" algunas de sus sociedades con problemas de liquidez y que por ello había reclamado el aplazamiento de la deuda tributaria, denegada por Hacienda, insistiendo en que "nunca me opuse a pagar lo que me corresponde". Con todo, la presión judicial sobre Fernández tiene larga vida.