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Imputado por delito urbanístico el alcalde de Estepona, del PSOE

El regidor fue el que destapó el 'caso Astapa' de corrupción

Fernando J. Pérez

Nuevo sobresalto judicial en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga, 63.000 habitantes). El Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad ha imputado al alcalde, David Valadez (PSOE), por un supuesto delito de prevaricación urbanística y otro de omisión del deber de perseguir delitos, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que informaron además de que en la causa hay otros dos investigados. Valadez, alcalde desde julio de 2008, fue quien destapó como concejal el caso Astapa, que supuso la detención del anterior alcalde, Antonio Barrientos.

La imputación se produce después de que un concejal ex gilista le denunciara en diciembre de 2008 por presuntamente hacer la vista gorda ante las obras de una vivienda ilegal. La casa, un chalé de 54 metros cuadrados y una sola planta en suelo rústico con protección ambiental, pertenece a Luciano Sánchez, actual jefe de gabinete del regidor. En diciembre de 2008, el concejal Juan Manuel Rodríguez, entonces en el Partido Estepona (PES, posgilistas), presentó un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción en el que exponía las supuestas irregularidades.

Según la denuncia, Luciano Sánchez adquirió el 21 de julio de 2004 una parcela rústica de 5.000 metros cuadrados en las afueras de Estepona -un campito, como se denominan en esa localidad- y elevó la compra a escritura pública el mismo día. El 6 de marzo de 2007, el ahora jefe de gabinete registró también ante notario la declaración de obra nueva en esa parcela y manifestó que en la finca existían una vivienda previa y un cobertizo anexo de 13 metros cuadrados, sobre los que se hizo la obra, única forma de que la construcción en el campo fuera legal.

Para poder elevar la obra nueva a pública, Sánchez supuestamente manifestó que la vivienda que existía antes tenía más de cinco años. Y para ello aportó una certificación del arquitecto técnico José Antonio Molina firmada el 1 de marzo de 2007. Eso suponía que tanto la vivienda como el cobertizo tenían que haberse levantado antes de marzo de 2002.

Sin embargo, una ortofoto -una fotografía aérea con valor cartográfico- del Instituto Geográfico Nacional tomada el 29 de septiembre de 2004 revela que en la parcela de Luciano Sánchez no existía en esa fecha construcción alguna. Por lo tanto, la edificación del alto cargo en su campito -un chalé con dos habitaciones, un baño, salón, cocina y porche- era totalmente nueva, y por ello ilegal.

Según documentos a los que ha tenido acceso este periódico, Valadez abrió expediente sobre esta edificación el 5 de noviembre de 2008, antes de ser denunciado. El 7 de enero de 2009 decretó "la inmediata suspensión de las obras" y en junio de este año le impuso a su jefe de gabinete una multa de 157.415,4 euros, correspondiente al 250% del valor de tasación de la obra, según la ley urbanística andaluza. Finalmente, el 21 de septiembre de 2009, Valadez hizo la "propuesta de demolición" de las obras.

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Valadez, que se enteró de su imputación por los medios de comunicación, ya que ayer el Juzgado no le había notificado nada aún, aseguró sentirse "absolutamente tranquilo". Además, señaló que en el año y medio que lleva como regidor "jamás ningún juzgado ha solicitado información sobre este expediente".

El secretario regional del PP, Antonio Sanz, pidió ayer la dimisión de Valadez y la convocatoria de elecciones anticipadas en Estepona.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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