El PP, la trama, el arzobispo y la fundación

Con una concepción confesional de las relaciones de la Iglesia y las instituciones civiles, se constituyó el 21 de enero de 2005 en el Palau de la Generalitat la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, encargada de organizar la visita del Papa a Valencia, en julio de 2006. Esa fundación, que otorgó a Canal 9 la exclusividad de la imágenes del evento que después aprovechó la trama corrupta de Francisco Correa y Álvaro Pérez para obtener más de un millón de euros en comisiones ilegales, está siendo investigada por el jeuz Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, instructor del caso Gürtel.

La fundación, eclesiástica y a la vez civil, presidida por el tándem que formaban el jefe del Consell, Francisco Camps, y el arzobispo Agustín García Gascó, fue opaca en su funcionamiento e incorporó a una serie de figuras políticas y eclesiásticas del catolicismo más conservador.La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia fue creada por la Generalitat, el Arzobispado, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia. Era vicepresidenta la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, miembro fundador el presidente de la Diputación, Fernando Giner, presidente ejecutivo el obispo Esteban Escudero y secretario, el entonces vicepresidente del Consell Víctor Campos, implicado también en el caso Gürtel.

En esa primera reunión fueron designados dos comisionados para la coordinación del encuentro y la visita papal, ambos miembros del Opus Dei, Enrique Pérez Boada, también militante del PP y director del Institut Valencià de Finances (el banco de la Generalitat) y Antonio Corbí, secretario del arzobispo de Valencia. Tras la sesión fundacional Camps ya destacó la gran oportunidad para la "proyección puramente interior de nuestras propias familias". Barberá dijo: "Supone una gran confianza en las instituciones valencianas", Y el arzobispo García Gasco agradeció la "unión de todas las instituciones". Desde el inicio, se consagraba un maridaje entre Iglesia y poder civil con una abrumadora mayoría de destacados militantes del PP. Por si fuera poco, se reforzó la línea dura incorporando a Juan A. Reig, entonces obispo de Cartagena.

Dependientes de la fundación se crearon oficinas y áreas de trabajo, a cuyo organigrama, que se mantuvo en secreto, ha tenido acceso EL PAÍS. Esas áreas fueron ocupadas por destacados miembros del Opus Dei y militantes del PP, como Javier Arnal en comunicación, delegado en Castellón de Ràdio Televisió Valenciana, cuyo director general, Pedro García es otro de los implicados en la trama Gürtel; Manuel Lacomba, en acreditaciones; Francisco Borrás, en alojamiento, o el concejal Miguel Domínguez como responsable de seguridad. De infraestructuras se encargó José Selva; de congresos, el obispo auxiliar Enrique Benavent; de promoción pastoral, monseñor Salvador Giménez; de voluntariado, Luís Cervera; de arquitectura, Juan Pablo Mas; de logística, Antonio Puig, y de liturgia, el canónigo Jaime Sancho. Todos ellos fueron coordinados por el verdadero hombre fuerte del evento, el vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino. Llama la atención que se responsabilizase al concejal Domínguez de la seguridad y la policía y a Enrique Guillén del Ejército, invadiendo las competencias del Gobierno de España. Como secretaria general se designó a Henar Molinero, relacionada a la vez con la Curia y la Presidencia de la Generalitat, donde desempeña una subsecretaría. En la misma secretaría se integró Enrique Gómez. Por el contrario, se evitó cuidadosamente incorporar a ningún representante del Gobierno español, como el director general de la policía o el delegado del Gobierno, a fin de coordinar mejor los múltiples y delicados aspectos del viaje papal. Para el arzobispo García Gasco el Gobierno español había que excluirlo porque "ridiculiza, insulta e infunde miedo" a los católicos. Para acentuar el maridaje del PP y la Iglesia de Valencia, las sesiones y las ruedas de prensa se celebraron en el Palau de la Generalitat.

Contrasta esta forma de actuar con la del arzobispo Miguel Roca con motivo de la visita a Valencia del Papa Juan Pablo II el 8 de noviembre de 1982. Constituyó una Comisión Diocesana cuyo objetivo era la organización técnica y la "conveniente preparación espiritual, catequética y sacramental", a fin de que la visita papal "fuera fecunda en frutos espirituales", presidida por el vicario general Vicente Ferrando, e integrada por diez vocales, dos vicarios episcopales, el secretario de la curia, el rector del Seminario, un religioso de la FERE y cuatro seglares "católicos valencianos, nada significados políticamente, pero eficaces", un médico, un militar y dos economistas; de ellos dependía una simple oficina de prensa encargada a profesionales del periodismo. La discreción presidió los actos y el arzobispo Roca buscó en medios católicos la financiación de los gastos, de alrededor de 10 millones de pesetas, unos 60.000 euros.