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Soler trata de renegociar su deuda con un concurso de acreedores

El constructor intenta evitar la suspensión de pagos de Urbanas de Levante

El ex presidente del Valencia Juan Soler ha dado el primer paso en el juzgado para solicitar el concurso de acreedores para la empresa de su propiedad Urbanas Levante, matriz del Grupo Juan Bautista Soler. En una solicitud previa, en la que no consigna cuál es la deuda de la empresa ni quiénes los acreedores, Soler ha comunicado al juzgado que sus sociedades se encuentran en una situación de insolvencia y que durante los tres meses de plazo que otorga el procedimiento va a tratar de alcanzar un acuerdo con la deuda.

En el supuesto de que no se sustanciase este acuerdo, todavía dispondría de otro mes para presentar el concurso de acreedores voluntario, con lo que el empresario logra un blindaje de cuatro meses ante los acreedores, que no pueden instar el concurso dentro de este plazo. En el caso de que Urbanas de Levante desembocara en un concurso de acreedores, las entidades financieras acreedoras estarían obligadas a provisionar en efectivo en el Banco de España el 25% de la deuda, posibilidad incómoda para las financieras y que sólo podría evitarse con una refinanciación que daría aire a Soler.

El empresario logra cuatro meses de blindaje para poder refinanciarse

Algunas fuentes sitúan la deuda del constructor en los 200 millones. La profunda crisis que atraviesa el sector inmobiliario, así como los efectos de la aventura futbolística de Soler (prometió multiplicar "por diez" el patrimonio del Valencia con operaciones urbanísticas), han resultado un combinado explosivo. En 2007, cuando la crisis no había alcanzado la velocidad de crucero, las deudas asumidas por Urbanas de Levante suponían más del doble de los recursos propios, en función de las expectativas de rentabilidad y coste financiero. Según las agencias de calificación de riesgos, la empresa tenía una deuda a largo plazo de más de 125 millones de euros y de 165 a corto plazo.

Asimismo, la mayoría de empresas relacionadas por domicilio y órgano social tenían una calificación de probabilidad de impago máximo. Los problemas económicos han acuciado a Soler en los últimos tiempos. El grupo Midascon, del que posee una participación mayoritaria (el 60%), también se encuentra en situación de concurso de acreedores, al igual que Gran Vía 37, empresa de cines radicada en Madrid.

Soler ha hecho importantes negocios en Valencia. Como promotor de suelo y como presidente del Valencia CF. El Ayuntamiento, presidido por Rita Barberá, le adjudicó en 2000 por concurso la urbanización de dos de los PAI más importantes, los de Patraix y Moreras II, que suman casi 5.500 nuevas viviendas. En ambos desarrollos, cuya reparcelación no se aprobó hasta años después, tiene terreno la empresa de Soler. El de Patraix ha tropezado con problemas, ya que una sentencia recurrida por el consistorio anuló la adjudicación del proyecto a una de las empresas de Soler (Desarrollo Urbano de Patraix, SA) porque en el proceso se vulneró la libre competencia. Y lo que es peor para los futuros vecinos: la firma que ejecutaba la urbanización presentó suspensión de pagos y la adjudicación tuvo que repetirse. La propia quiebra de Soler deja la urbanización por terminar, al contrario que en Moreras II (a través de Nazaret y Desarrollo, SA), donde está acabada y se han empezado a construir viviendas.

Soler también ha tropezado con una unidad urbanística que tiene pendiente de desarrollar desde 2002 en el centro histórico del barrio de Patraix, donde debía construir un conjunto de casas bajas que permitía prolongar una calle ahora taponada. El PAI está empantanado, por lo que el Ayuntamiento le multó en 2006 por el retraso. Un equipo de gobierno que, sin embargo, ha destacado por su cercanía a los planteamientos del Soler que fue presidente del Valencia CF.

Como máximo accionista del club, logró convencer a Barberá del doble pelotazo urbanístico que implicó la reclasificación del suelo de Mestalla para construir viviendas y la de un solar de Cortes Valencianas como terreno privado para levantar el nuevo estadio. En el alambicado plan para sanear las cuentas del Valencia CF encajó también otra pieza aprobada por la Generalitat: el PAI de Porxinos, con viviendas y ciudad deportiva para el club.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de octubre de 2009