Calp pagará 600.000 euros por ocupar un terreno de forma ilegal

Las anomalías en las que incurrió el PP durante su gestión en el gobierno de Calp comienzan a pasar una factura muy alta. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) condena al Ayuntamiento a pagar 600.000 euros a los propietarios de unos terrenos que ocupó de forma ilegal para instalar una carpa bajo la que celebró desde 2005 ferias y eventos multitudinarios.

La elevada cuantía de esa indemnización se debe a que en ese mismo año el entonces alcalde, Javier Morató, del PP, impulsó la recalificación de ese suelo de rústico a dotacional, multiplicando por diez su valor urbanístico en una operación ahora investigada por el Tribunal de Cuentas al entender que pudo haber indicios de delito. En la actualidad, Morató es el brazo derecho del alcalde nacionalista Ximo Tur en el ejecutivo que comparten con el Bloc y el propio PP.

En 2006 un juzgado obligó al consistorio a quitar la carpa para ferias

La elevada sanción se debe a que Calp recalificó el suelo de rústico a dotacional

La polémica se fraguó cuando, después de constatar que los terrenos no eran municipales, el alcalde del PP inició una negociación con los propietarios para que el Ayuntamiento pudiera quedarse con el recinto pagando por él, a través de la recalificación, mucho más dinero del que valía en un principio y apaciguando así la indignación de los dueños del solar. El propio Morató relató en un pleno celebrado el año pasado que "de la noche a la mañana a la familia propietaria de esa parcela, que es muy conocida en Calp y con la que yo tengo relación desde hace muchos años, le tocó la lotería ya que con la nueva calificación aumentaban a 2.903 las unidades de aprovechamiento urbanístico a las que tenía derecho". Antes, a la parcela, de unos 14.000 metros cuadrados, sólo le correspondían 290 unidades.

Sin embargo, todo acabó en fiasco porque la familia propietaria, lejos de vender al Consistorio, inició contra éste un largo litigio de pleitos judiciales por ocupación ilegal. Y los ha ganado todos. En 2006, un juzgado obligó al Consistorio a desmantelar la carpa y en febrero de 2009 otro juez ya obligaba al Ayuntamiento a pagar 400.000 euros de indemnización a los dueños en una sentencia que ambas partes recurrieron. Y ahora el fallo definitivo del TSJ eleva esa cantidad hasta los 594.250 euros y obliga al Consistorio a pagar las costas procesales.

La reclasificación urdida por Morató y que aún investiga el Tribunal de Cuentas ha sido fundamental para llegar a establecer ese precio. El juez se basa en los beneficios que hubiera podido adquirir la propiedad si hubiera instalado en los terrenos afectados un aparcamiento, ya que la explotación del mismo es una actividad que podría realizarse en un suelo recalificado como dotacional. En cambio, si los terrenos se hubieran mantenido como rústicos no se podría haber realizado ninguna actividad industrial o mercantil semejante, con lo que la indemnización hubiera sido de menor cuantía.

En el pleno del año pasado, Morató añadió que a los propietarios "les hemos hecho unos capitanes generales". Las diferentes sentencias parecen confirmar sus palabras, aunque en perjuicio de las arcas municipales. De ahí que el PSPV, poco después de la moción de censura firmada en octubre de 2008 por PP y BNV que le desalojó del poder, decidiera denunciar la recalificación a la Sindicatura de Comptes aportando la grabación de aquel famoso pleno. A su vez, la Sindicatura remitió el caso al Tribunal de Cuentas de Madrid, que abrió diligencias.

En el gobierno de Tur hay más concejales investigados por los juzgados: es el caso del segundo teniente de alcalde, Antonio Romera, del PSD, al que una asesora ha denunciado por coacciones, y del regidor del PP, Juan Roselló, imputado en la trama judicial del caso Aguas de Calpe, precisamente cuando Morató, también como alcalde, presidía esa empresa mixta que había defraudado 1,1 millones de euros en la anterior legislatura.