La Audiencia juzgará al alto cargo de Fomento que alejó el 'Prestige'

El ex director general de Marina Mercante José Luis López-Sors se sentará en el banquillo de los acusados en el juicio por la catástrofe del Prestige que se celebrará en principio en 2010. Casi siete años después de la gigantesca marea negra que tiñó de fuel la costa desde la desembocadura del Miño hasta el Canal de la Mancha, ha vuelto a producirse un sobresalto en la enmarañada instrucción de la mayor causa por delito ecológico jamás instruida en España.

La Audiencia Provincial de A Coruña, que juzgará este caso, ha ordenado volver a imputar al ex alto cargo del Ministerio de Fomento por considerar que hay "indicios racionales de criminalidad" en sus decisiones sobre el alejamiento en medio de un temporal y el rumbo errático que el petrolero herido, perdiendo miles de toneladas de hidrocarburo, siguió durante seis días antes de hundirse. Fue "un error clamoroso, tanto que no es imaginable un desastre (excluidas vidas humanas) de superior dimensión" y son abundantes las pruebas "del desacierto en la gestión de la crisis", advierte la sala que preside Ángel Judel Prieto al ordenar que en el juicio se depure "la presunta responsabilidad criminalidad" de López-Sors "por imprudencia grave".

"La eficiencia brilló por su ausencia", afirma la sala sobre la gestión de la crisis

El auto cuestiona la imparcialidad del perito que asesoró al Gobierno

Junto al ex director general, también están acusados el anciano capitán del barco, el griego Apostolos Mangouras, así como dos mandos de la tripulación, el jefe de máquinas también griego, Argyropoulos Nikolaos, y el primer oficial, el filipino Ireneo Maloto. Aunque nadie sepa dónde están, ni cómo localizarlos, advierten sus abogados. Ambas ausencias "pueden inquietar, no sabemos en qué medida, el curso del procedimiento", alerta la Audiencia Provincial de A Coruña.

El tribunal vuelve a poner en tela de juicio la responsabilidad del Gobierno español en la catástrofe del Prestige. Atendiendo a los recursos de una quincena de personados y perjudicados, entre ellos Nunca Máis, Izquierda Unida, dos cofradías y el Ayuntamiento de O Grove, la Audiencia revoca con contudencia la decisión de la juez de Corcubión que instruyó el sumario, Carmen Veiras, de sobreseer la imputación del ex alto cargo de Fomento en el Gobierno de José María Aznar.El auto critica duramente "la gobernanza de la crisis" por parte del ministerio que dirigía entonces Francisco Álvarez-Cascos. "La eficiencia brilló por su ausencia", dice la sala, que censura además que no se investigaran las responsabilidades en la jerarquía ministerial. Los magistrados consideran que las decisiones políticas, carentes de cualquier criterio técnico o asesoramiento científico, que llevaron a alejar de la costa el barco tras su accidente el 13 de noviembre de 2002 y el rumbo "anárquico" hasta su hundimiento el día 19, contribuyeron a agrandar la marea negra. "El daño estaba hecho pero su magnitud pudo tener otro rango menor", afirma la Audiencia.

Y recuerda que López-Sors en su declaración judicial como imputado, en abril 2003, asumió haber dado "todas las órdenes sobre las decisiones legales y estratégicas" y "tener instrucciones del subsecretario y el ministro de Fomento para usar todos los medios a su alcance" para gestionar la crisis. El ex responsable de Marina Mercante, según la sala provincial, "incurre en un reproche penal por confiar exclusivamente a la suerte o al azar el destino" del Prestige, "como si no iba anudado al del medio ambiente marino y de la costa".

Para los magistrados de la Audiencia, el alto cargo de Fomento "tenía que haber explorado, ponderado con seriedad y sosiego, reflexión e independencia técnica cualificada la alternativa" de llevar a un puerto de refugio cercano, como el de Corcubión, el petrolero "para evitar mayores males y abrir la posibilidad del trasvase" del crudo que aún llevaba en sus entrañas.

Es larga y contundente la lista de "indicios racionales de criminalidad" que la Audiencia de A Coruña imputa a López-Sors: "imprevisión ante el previsible agravamiento del riesgo"; "conocimiento del peligro de un alejamiento a ultranza" del barco; "consentimiento y complacencia ante un rumbo suicida"; "desprecio negligente de alternativas posibles para disminuir los riesgos"; "contribución trascedente a un resultado que empeoró el daño al ecosistema ya causado".

Los magistrados insisten, a la vista de los múltiples informes que forman parte del abultado sumario (265.871 folios de instrucción), en que la marea negra, "en vez de progresar, se podía probablemente confinar y limitar".

Muy crítica se muestra también la Audiencia sobre la importancia y la credibilidad que la juez de Corcubión al "indulgente" informe del perito Martín Criado que exculpa a López-Sors y a Fomento por considerar que la orden de alejar el petrolero de la costa no influyó en la catástrofe. La sala provincial admite que la parcialidad de Martín Criado está probada por haber participado, durante la catástrofe y seis años antes de realizar su informe pericial, en una reunión de la comisión de Fomento que gestionaba la crisis y haber firmado el alta que alaba las decisiones del ministerio. No obstante, y pese a "la duda de sombra" que pesa sobre este perito, la "fiabilidad menguada" de su informe sobre la catástrofe y la "seria traza de contaminación procesal" que supone, la Audiencia considera que sería "sobredimensionar el problema" declarar nulas todas las actuaciones judiciales. Ordena, por lo contrario, que el informe de Martín Criado deje su "lugar privilegiado" en la instrucción y pase a ser "más o menos análogo" a los redactados por otros técnicos, entre ellos los que defienden que fue un error alejar el barco de la costa.

Tampoco admiten los magistrados los recursos del Estado francés para imputar a seis personas de la clasificadora americana ABS que certificó la seguridad y navegabilidad del Prestige. Para fijar la fecha del juicio falta aún por recibir el informe pericial que cuantifica los daños de una catástrofe en la que hay 2.300 perjudicados, además de otros 2.000 personados que aún no reclamaron por la vía civil.