La guerra empresarial por los comedores escolares llega al juez

La guerra en los comedores escolares está abierta. Un grupo de empresas relacionadas con el sector del catering ha denunciado a la Fundació Catalana de l'Esplai (FCE) por negligencia en el cobro del servicio de comedor. Según el escrito de denuncia, la fundación omitió el IVA en las facturas remitidas a las escuelas para lograr precios competitivos y expandir su marca por centenares de centros, muchos de ellos públicos. Un representante legal de la FCE comparecerá hoy, en calidad de imputado, en el Juzgado número 1 de El Prat. Los denunciantes, seis empresas de catering que han perdido clientes a favor de la fundación, esgrimen que su competidor se escuda en su condición de asociación sin ánimo de lucro para no cobrar el IVA.

Tras consultar el caso con la Dirección General de Tributos, que les dio la razón, decidieron llevar el caso a los juzgados. "Decidimos actuar cuando varias escuelas derogaron nuestro contrato y nos dijeron que conseguían mejor servicio con la fundación, que no les cobraba IVA", explica un denunciante.

La ley exime del IVA a los servicios de monitores en campamentos y colonias; pero en el caso de los comedores escolares, sí se gravan para los mayores de seis años: el precio de los menús, que es fijo: 6,20 euros por niño y día, tiene un gravamen del 7%, y el servicio de monitores, del 16%. Según el abogado del demandante, Juan I. Xiberta, la FCE contabilizaba el comedor como un servicio de monitores más y por eso omitió el IVA, escudándose en la normativa para casas de colonias. El ahorro no afectaba al precio final que se cobraba a los padres, pero sí permitía a la fundación prestar un servicio más amplio a precio de menú.

Lucha de intereses

El abogado calcula que la fundación deja de declarar como mínimo 638.970 euros anuales. "Lo peor es que hay empresas del sector que se están pasando a asociación para participar de la misma farsa", acusa el representante de los denunciantes. La FCE, según su memoria de 2008, presta servicios a 1.058 escuelas, públicas y privadas, de toda Cataluña. En los últimos tres años ha incrementado un 100% su facturación. En un comunicado, la FCE acusa a los denunciantes de participar en una lucha de intereses, sin aclarar la forma de cobro. "La cuestión relativa a si la comida que suministramos ha de ir gravada con IVA es un asunto que compete a la Administración tributaria, que resolverá según crea conveniente", reza el comunicado. Un portavoz de la FCE justificó su silencio por "cuestiones éticas".