Nuevo revés de los Franco en su batalla por Meirás

La familia de Francisco Franco sufrió ayer un nuevo varapalo de la Justicia en su cruzada por impedir que se permitan visitas públicas al Pazo de Meirás. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificó su fallo de junio y volvió a rechazar que se paralice la ejecución del decreto de la Xunta por el que se otorga la máxima protección patrimonial a la residencia veraniega del dictador, un regalo pagado con fondos públicos en plena Guerra Civil. Así, según la sentencia, se establece la apertura al público del inmueble un mínimo de cuatro días al mes.

Pero pese a que esta nueva resolución avala al Gobierno gallego para aplicar ya su decreto de diciembre de 2008, el que declara el pazo Ben de Interese Cultural (BIC) en la categoría de monumento histórico, la Consellería de Cultura, según un portavoz, prefiere esperar a que haya una resolución definitiva de los tribunales para obligar a los Franco a abrir Meirás.

La Xunta sigue sin anunciar cuándo el inmueble podrá admitir visitas

Los herederos del dictador, encabezados por su hija Carmen, propietarios del pazo enclavado en Sada (A Coruña), aún pueden recurrir al Supremo para pedir la suspensión cautelar de un decreto que también han denunciado ante la Justicia. Saben que la resolución definitiva puede tardar años.

El departamento de Cultura, que ahora dirige Roberto Varela, insiste, desde su toma de posesión en abril, en su voluntad de hacer cumplir los derechos y deberes que implica para los dueños de Meirás la máxima protección patrimonial, incluida su apertura al público. Pero la consellería admite no tener todavía fecha para negociar con la familia Franco un calendario de visitas y acceso al pazo. Alega que al estar el tema aún pendiente de resoluciones judiciales, prefiere esperar a una sentencia en firme.

Los Franco recurrieron ante los tribunales, sin éxito hasta el momento, desde que la Xunta inició en 2007 el expediente para dar la máxima protección al pazo ideado por la escritora Emilia Pardo Bazán y luego donado al caudillo en nombre del "pueblo de A Coruña". En su auto de ayer, el Tribunal Superior ratifica su fallo, en el que asegura que no cabe suspender de forma cautelar el decreto de la Xunta hasta que haya una sentencia en firme sobre esa declaración BIC, también recurrida, y paralizar su apertura al público.

El alto tribunal recuerda que aunque los herederos del dictador "califican como graves los perjuicios económicos" que les acarreará abrir Meirás, "en ningún especifica, ni cuantifica" esos hipotéticos daños. Y añaden los jueces que tampoco es "un obstáculo insalvable para la apertura de la Torres de Meirás" dado que, llegado el caso, y si las circunstancias lo requieren, "se pueden adoptar las medidas oportunas en función del número y características de los visitantes". El tribunal ya había fallado que en este enfrentamiento entre la Xunta y los Franco debe prevalecer el interés público sobre el particular.

"La estrategia de dilación de la familia del dictador es una burla absoluta", consideró Manuel Monge, presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña. Y muy crítico con "la falta de voluntad política de la Xunta para aplicar su decreto" y obligar a los dueños a abrirlo, Monge anunció que pedirá formalmente al Gobierno que inicie el proceso para expropiar el pazo.

La consellería de Roberto Varela alega que aplicar el que declara BIC la propiedad de los Franco sin que haya una sentencia en firme dejaría el histórico pazo sin protección. Sin embargo, recuerda Monge, en otros casos la Xunta sí que actúa con multas de hasta 60.000 euros. Antes de dejar Cultura, el equipo de Ánxela Bugallo envió una carta a los Franco para negociar un régimen de visitas públicas. No obtuvo respuesta.