Un empresario deberá pagar 740.000 euros por el cierre ilegal de su fábrica
El industrial realizó contramanifestaciones en Lekeitio ante sus empleados
Cerró la empresa en enero pasado sin avisar a sus 14 trabajadores y quiso indemnizarles sólo con 20 días por año trabajado y con cargo al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Incluso llegó a realizar contramanifestaciones frente a las protestas de los empleados. Sin embargo, un juzgado de lo Social de Bilbao ha declarado ilegal el cierre, en una sentencia ya firme, y le ha condenado a pagar casi 360.000 euros en indemnizaciones a su plantilla, que se unen a otros 180.000 euros que debe abonar por salarios impagados desde enero hasta agosto y otros 200.000 en sanciones impuesto de la Inspección de Trabajo. En total, a este empresario le va a costar 740.000 euros el cierre ilegal de su compañía.
"Ha utilizado medios torticeros o de mala fe", reza la sentencia, ya firme
El protagonista es Javier Gutiérrez, fundador de la empresa Kautxo Tiuna Injección, sita un polígono industrial en Gizaburuaga -a escasos cinco kilómetros de Lekeitio- , dedicada a la transformación del caucho. Gutiérrez, conocido militante de la izquierda radical abertzale de Lekeitio, bajó la persiana de la fábrica el pasado 2 de enero. Durante los siguientes días empezó a retirar la maquinaria de la planta, pero se topó con la resistencia de los trabajadores, que durante cinco meses se encerraron en el interior de la planta.
La actitud empresarial ya motivó en enero una sanción de la Inspección de Trabajo, que le multó por el cierre irregular de la planta y por incumplimiento de la normativa laboral. Gutiérrez presentó un ERE a finales de enero, varias semanas después del cierre. También incumplió el fallo del Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao, y cambió la cerradura de la fábrica para impedir el acceso de los trabajadores. Recibió una segunda multa, que ha elevado la sanción de Trabajo a casi 200.000 euros.
"Desde el mes de enero el empresario ha venido utilizando medios torticeros o de mala fe para que los trabajadores no accedan a la prestación de servicos, no darles trabajo efectivo, intento de cambio de cerradura, desaparición de bienes, corte de suministro de luz", señala el fallo, dictado el 20 de julio y que es firme al no haber sido recurrido por el empresario.
Gutiérrez traspasó la empresa en quiebra a su esposa y un hijo y alegó insolvencia para no pagar a los empleados, pero tiene otra fábrica, ubicada a apenas 15 metros, llamada Kautxo Ituna, que sigue funcionando. La sentencia señala que ambas forman parte del mismo grupo -hay un administrativo que trabaja para ambas, tienen la misma unidad de publicidad y, "sobre todo, movimientos de cuentas entre una otra sociedad"- y son administradas por Gutiérrez. Sólo "la ingeniería financiera ha determinado que la esposa controlara la mercantil Kautxo Tiuna y el esposo, la mercantil Kautxo Tiuna Injección", añade la sentencia.
La resolución precisa que ha habido "decisiones graves en las obligaciones del empresario" sin olvidarse de los "incumplimientos del pago de salarios desde el mes de enero", ante lo que da la razón a los trabajadores y declara extinguidos los contratos de trabajo por un despido improcedente. El fallo condena al pago por cualquiera de las dos empresas (la que sigue activa tiene 19 empleados), con cantidades que oscilan entre 3.600 y 67.900 euros por trabajador.
El empresario, con quien este diario no pudo contactar ayer, adujo cuando se celebró el juicio, que cometió el error del cierre, pero apuntó que la empresa perdía en diciembre pasado "170.000 euros".
"Quiso amedrentarnos", aseguran los empleados
Los trabajadores de Kautxo Ituna Injección califican de "odisea" lo ocurrido en estos ocho meses, que les ha colocado en una situación límite, sin ingresos y sin poder cobrar el subsidio de desempleo, al no estar legalmente extinguidos sus contratos. Los empleados, cuyo comité copaban ELA y LAB, tuvieron que recurrir a otro sindicato, CCOO, ante la falta de respuesta de aquellas dos centrales sindicales, afirman. El 20 de mayo pasado presentaron la demanda que les ha dado la razón en la extinción de sus contratos y en la existencia de un despido improcedente.
El encierro en la planta, que realizaron por turnos de los 14 empleados, resultó complicado, ya que se desarrollaba a oscuras cuando anochecía al haberles cortado Javier Gutiérrez el suministro eléctrico. Los actos de protesta se completaron con concentraciones todos los domingos en el centro de Lekeitio, donde reside el empresario, que se prolongaron hasta mayo. "A la segunda y tercera manifestación, vino él [Javier Gutiérrez] con su familia y varios conocidos y se puso enfrente, con la intención de amedrentarnos. Nos llegaron a increpar pero no les hicimos caso. Luego ya no vinieron más, seguramente porque veían que eramos muchos más", dice uno de los trabajadores afectados.
El encierro en la empresa se prolongó desde el 4 de enero hasta el primer fin de semana de junio, cuando la gestión de la fábrica pasó al administrador concursal, una vez declarado el concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos).
Aseguran que Javier Gutiérrez siempre bordeaba la legalidad en la empresa a la hora de pagar. "Iba al límite, no pagando nocturnidad o haciéndolo por debajo en otros conceptos, pero las nóminas siempre se pagaron. En eso no falló nunca; por eso nunca pensábamos que íbamos a llegar a esta situación", dice este empleado. La Federación de Industria de CC OO, que ha tramitado las demandas, opinó ayer que este fallo cierra un caso "que desvela la cara más salvaje y despiadada de una especie de empresario pirata sin ética, ni responsabilidad, ni respeto alguno por las reglas de juego ni por sus trabajadores".
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