Otro golpe de Europa al modelo valenciano del urbanismo salvaje

El Parlamento Europeo, frustrado ante los oídos sordos con que las distintas administraciones españolas acogieron dos resoluciones previas condenatorias del urbanismo salvaje en España, acompañó ayer su tercera condena con la petición de gravosas sanciones económicas: interrupción de fondos estructurales y congelación de los fondos de cohesión.

La arremetida de la Eurocámara no es vinculante, pero dejó en evidencia a populares y socialistas españoles, repudiados por sus correligionarios en sus intentos de maquillar la imagen corrupta y mafiosa existente en la UE de quienes trafican y se benefician de los desmanes urbanísticos en España.

El devastador informe elaborado por la verde danesa Margrete Auken fue aprobado a mediodía por el Pleno de la Eurocámara por 349 votos contra 110, con 114 abstenciones. No hubo debate porque los argumentos de unos y otros ya se habían escuchado hasta la saciedad en otras sesiones de la Comisión de Peticiones. Ayer solo se registró un intento a la desesperada y fallido de populares y socialistas españoles de aguar el vitriolo del documento. Cada grupo presentó una resolución alternativa, tan inaceptable en el caso de los socialistas que incluso Michael Cashman, autor de un informe previo y asociado originalmente a la de sus correligionarios españoles, anunció que se desentendía de ella y votaría el texto de Auken.

Populares y socialistas españoles fracasaron al intentar aguar el documento

La resolución aprobada no deja títere con cabeza y si de algo peca es de exceso verbal. Leerla es un viaje a los infiernos en que se han visto atrapados decenas de miles de extranjeros sorprendidos en su buena fe por una red de corrupción dirigida al engaño y al saqueo que, por acción u omisión, implica a "todas las administraciones, central, autonómicas y locales (...) responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible" con gravísimas consecuencias medioambientales, sociales y económicas. Una irresponsabilidad política y administrativa felizmente conchabada con concejales, agentes urbanizadores, promotores inmobiliarios e instituciones financieras al tanto de las irregularidades, presentes o venideras, de los proyectos urbanísticos.

Remata todo el cuadro "la falta de confianza generalizada (...) frente al sistema judicial español como medio para obtener reparación y justicia".

El informe propone reformas ya solicitadas infructuosamente en las anteriores condenas de 2005 y 2007. Para ayudar a que las autoridades correspondientes se lo tomen esta vez en serio, insta a la Comisión Europea y al propio Parlamento Europeo a hacer pagar a España los desatinos urbanísticos en caso de nuevo desentendimiento de las responsabilidades. Recuerda Margrete Auken, con el amplio apoyo de sus colegas, que "la Comisión está facultada a interrumpir la provisión de fondos estructurales" a los Estados que no cumplan la legislación comunitaria pertinente y que el Parlamento "puede decidir colocar en reserva fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y principios que está obligado a respetar".

Son dos amenazas que habrá que ver si llegan a hacerse realidad, en particular la correspondiente a la propia Eurocámara, y que la delegación socialista española calificó de chantaje. "Rechazamos la utilización chantajista de la posibilidad de congelación de fondos y el cuestionamiento de nuestro Estado de derecho, así como la imposición indiscriminada de una moratoria que agrave la actual crisis", indicaron los socialistas españoles. Para el PP, todo lo ocurrido no es sino una "aberración legal".

Respondidas las críticas a la Eurocámara, populares y socialistas se navajearon luego entre sí. "Esa es la imagen de España que los socialistas llevan transmitiendo a Europa durante los últimos cinco años, cuando iniciaron la campaña para derribar al Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana", subrayó el popular José Manuel García-Margallo en un comunicado. Los socialistas replicaron que si en Valencia "se hubiese cumplido la ley desde un principio, se habría evitado llegar a una situación como la actual".

Tras conocer su contenido, el Consell y la Federación de Promotores Inmobiliarios coincidieron en que el informe Auken es "intolerable". José Ramón García Antón, consejero de Urbanismo, cuestionó el fuero. "La UE carece de competencias sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, una competencia de los Estados miembro", agregó. Los promotores concluyeron al unísono que esta resolución agravará la coyuntura actual.