El descontrol en las concesiones mantiene a Pontevedra sin bus urbano
Son 34 permisos para 14 empresas y sólo operan cinco, aseguran los vecinos
Pontevedra es la única de las siete ciudades que no tiene un servicio público de transporte urbano. Existe una red de líneas que dependen de diferentes concesiones de la Xunta, pero el ayuntamiento no sabe cuántas son. El bus es la eterna promesa y una de las reivindicaciones vecinales de más largo recorrido. Los pontevedreses llevan 20 años detrás de él. La dotación de un servicio público de transporte urbano en la capital se repite campaña tras campaña sin resultado alguno. Y mientras los políticos siguen lanzando sus propuestas, a pie de calle se palpa el hartazgo.
Las federaciones vecinales lo califican de "prioritario", por detrás de la sanidad y antes que las infraestructuras. Y mientras los ciudadanos mueven ficha (reabrieron el debate en plena campaña) las formaciones ponen sobre la mesa, por enésima vez, un autobús urbano que se resiste a rodar por un municipio que prioriza la figura del peatón sobre el tráfico rodado. No obstante, desde el Gobierno local afirman que la peatonalización que conllevó la reforma urbana del BNG no tiene "nada que ver" y disparan en varias direcciones.
Las caras líneas interurbanas se usan como urbanas al atravesar la ciudad
Los discapacitados tienen que recurrir a los dos taxis adaptados que hay
Política Territorial dice que es "imposible" contar las concesiones
No hay información de las inspecciones realizadas a las empresas
Por un lado, explican que el modelo viario, sin grandes avenidas y propenso a calles estrechas, es herencia del Plan de Ordenación Municipal aprobado en 1982 con Rivas Fontán (PP) de alcalde. Además, mantienen que sí existe transporte urbano en Pontevedra, el problema es que no se han hecho cumplir las líneas concesionarias por parte de la Xunta. Ahora, dicen, están "en negociaciones" con Política Territorial para crear una línea circular.
Sin embargo, el entramado de concesiones (154 en toda Galicia) es todo un misterio. El Ayuntamiento reconoce no tener ni idea, pese a haberlo preguntado, de cuántas hay, a qué empresas corresponden ni con qué trayectos, lo que obstaculiza un servicio municipal por la posible invasión de competencias. Política Territorial, responsable de adjudicarlas y de velar para que las operadoras cumplan, afirman que es "imposible" acceder a esa información en detalle porque "no está informatizada y habría que ir expediente por expediente". Respecto a las denuncias presentadas, las sanciones impuestas o la media de inspecciones realizadas, tampoco hay respuesta.
Desde el 89, cuando volvió a las cocheras el último trolebús de Pontevedra (y de España), no existe en la ciudad un servicio regular a pesar de que así lo determina la ley para las ciudades de más de 50.000 habitantes, como es el caso. La cara más amarga la ponen colectivos como Amizade. Su presidente, Paulo Fontán, lamenta además que sólo haya un autocar adaptado para discapacitados. Es un servicio "muy importante" para ellos, su carencia les obliga a coger "uno de los dos taxis adaptados". Un obstáculo más que ha truncado incluso alguna oferta de empleo.
Otros afectados son los del extrarradio, en zonas como Mourente, Monte Porreiro, Campo Longo o Salcedo. Difícil lo tienen para ir al Hospital Montecelo: "El servicio es malísimo, con muy pocas paradas, caro e impuntual", describe Mario Lago, portavoz vecinal. La Casa del Mar, donde están los especialistas de la Seguridad Social, queda en un extremo de la ciudad por lo que, de nuevo, los usuarios recurren "a un familiar, un vecino o un taxi". El mercado municipal también lo acusa y las placeras dicen que la falta de transporte se nota en las ventas.
A una semana de las elecciones se retomó una concesión del 99, la del campus, que ya hace un año el consistorio advirtió de que no se cumplía y que Monbus activa, vía Xunta, en plena negociación del transporte metropolitano. El gerente de la estación de autobuses, Jorge Araújo, explica que en Pontevedra "la inspección trabaja. Puede haber irregularidades, pero no es un caos". Aún así reconoce que las expediciones se han reducido por la falta de demanda aunque, "en líneas generales", se cumplen. Opinión muy distinta hay en la calle. "Hay un montón de autorizaciones pero nadie sabe exactamente cuántas son", mantiene Lago.
Las federaciones vecinales dicen que existen 34 concesiones para 14 empresas, muchas absorbidas por la firma Monbus. Según su experiencia a pie de acera, sólo funcionan cinco. Se trata de líneas interurbanas que al pasar por la ciudad se utilizan como transporte urbano, un servicio más caro (1,25 euros) y "malo", en palabras del concejal de Protección Cidadá, Guillerme Vázquez (BNG). Los vecinos presentaron a la Dirección Xeral de Transportes una propuesta y "ni caso". Tampoco las 4.000 firmas de apoyo han servido. "Hay una falta de voluntad política total", añade Lago. Touriño dijo que 2008 iba a ser "el año del transporte" pero aquí siguen gastando suela.
