Un empresario mimado por el Consell

El empresario José Luis Ulibarri, imputado por el juez Baltasar Garzón en la trama de corrupción que afecta al PP, preside desde Castilla-León un holding de empresas (Grupo Begar) que se ha extendido también a la Comunidad Valenciana en los sectores de la construcción, servicios y medios de comunicación. Ulibarri tiene importantes intereses audiovisuales, inmobiliarios y de obra pública. Algunos de los cuales no podrían haberse desarrollado sin el visto bueno de la Generalitat.

Su negocio más conocido en tierras valencianas está ligado a Mediamed, desde la que se ha hecho con el control, junto a otros socios, de 13 televisiones digitales (TDT) adjudicadas a en un principio a otras firmas (algunas participadas por Mediamed) por el Gobierno de Francisco Camps en un proceso criticado por la oposición y los sindicatos. Ulibarri amplió su control en los medios en junio del año pasado, cuando se hizo con el 80% de las acciones de Administración y Gerencia de Ondas 13, SL, con la que el Ayuntamiento de Valencia había suscrito sólo un año antes el contrato para poner en marcha la Televisión Digital Municipal de Valencia. El consejo de administración que aceptó el traspaso de acciones a otra firma de Ulibarri, presidido por el PP, ha sido recurrido por la oposición socialista porque el empresario ya es dueño mayoritario de otra TDT que emite en la misma demarcación, concretamente Tele 7, a cuya inauguración en 2007 en Valencia acudieron Camps y varios consejeros. El pasado diciembre, la apertura de Tele 7 en Alicante congregó de nuevo a altos cargos populares, como la alcaldesa, Sonia Castedo, y el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa.

Uno de los imputados es el apoderado de Bancaja en Miami

El Grupo Begar también se ha adjudicado en la ciudad de Valencia -gobernada por la alcaldesa popular Rita Barberá- en unión temporal con otras empresas (UTE) dos aparcamientos -en Eugenia Viñes y Padre Tomás de Montañana-, y parte del colector norte en un concurso de la Generalitat.Ulibarri participa, además, en otra UTE que construye el hospital de Llíria, adjudicado también por el Consell. Del Gobierno central ha recibido el encargo de conectar una potabilizadora en La Pedrera (Alicante), según consta en la memoria de 2006 del grupo, que también indica que tiene los contratos de limpieza de la Agencia Valenciana de Turismo y la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

En el sector inmobiliario, Ulibarri ha trabajado en vivienda protegida adjudicada por el Consell. En el negocio de la construcción y el urbanismo, Ulibarri se asocia con el promotor valenciano Andrés Selma, con el que promueve el programa de actuación integrada (PAI) de Xilxes, con campo de golf y 4.500 viviendas. Ambos son también socios en Mediamed y en uno de los aparcamientos de Valencia. Selma, por su lado, es el agente urbanizador de otro gran PAI, el del Marenyet de Cullera, pendiente de aprobar, y tiene actividad con el IVVSA en vivienda protegida en Alaquàs.

Por otro lado, Álvaro Pérez Alonso, responsable Orange Market y detenido en la operación del juez Garzón, es el sobrino de Manuel Alonso Laborda, concejal del PP de Calp, entre 2003 y 2007, informa Arturo Ruiz. Laborda es uno de los cargos del PP más influyentes en la localidad y empresario inmobiliario. El PSPV solicitará todas las facturas de turismo y protocolo desde 2000 para averiguar si Calp ha contratado a la firma de Pérez.

Fuentes del Partido Popular reconocieron ayer que, tanto desde Presidencia de la Generalitat como desde la dirección regional del partido, se habló favorablemente de Orange Market y de su capacidad para organizar eventos. El responsable de Orange Market esgrimió su relación con la cúpula del PP para intentar obtener contratos. Pérez intentó organizar, sin éxito, los tres congresos provinciales del PP esgrimiendo su estrecha amistad con el secretario general del PP, Ricardo Costa. Fuentes del PP indicaron que distintas consejerías, a través de empresas o fundaciones, sí recabaron los servicios de la empresa que dirige Álvaro Pérez. Y ello a pesar de que el actual secretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, estaba enfrentado con Álvaro Pérez, de quien desconfiaba desde su etapa madrileña durante los gobiernos de Aznar.

Según fuentes del Consell, el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, se negó también a contratar con Orange Market, cuyo representante comercial hasta la pasada primavera, Francisco Javier Pérez Alonso -también imputado por el juez Baltasar Garzón- no es hermano de Álvaro Pérez Alonso, como por error publicó ayer este periódico.

La empresa que dirige Álvaro Pérez en Valencia era la principal organizadora de actos de la dirección regional del PP. Fuentes populares reconocieron ayer que Orange era más cara que otras empresas dedicadas a organizar eventos, aunque estaba disponible siempre para solucionar cualquier problema logístico de la dirección regional del PP.

Orange Market no es cliente de Bancaja, aunque en la investigación que instruye el juez Baltasar Garzón figura como imputado Guillermo Martínez Lluch apoderado de la caja de ahorros valenciana en la oficina que ésta tiene en Miami (Estados Unidos) desde 1998. En esta oficina hay dos cuentas bancarias de clientes que están relacionados con alguno de los imputados por el juez de la Audiencia Nacional. Sin embargo, ninguno de los imputados por Garzón es cliente de la oficina de Bancaja en Miami.