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Se disparan las estafas a ancianos e incapacitados

Jesús Sérvulo González

Manuela es el nombre ficticio de una presunta víctima de estafa. Hace unas semanas ingresó en el programa de tutela para mayores de la Comunidad de Madrid. Tiene una edad avanzada y sus capacidades están limitadas. En la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA) rellenaron los formularios correspondientes para darle de alta en el servicio. Al recabar los datos sobre su patrimonio les llamó la atención que Manuela tenía una hipoteca sobre su vivienda de 600.000 euros. El vencimiento de la deuda se producirá el próximo día 20. El periodo de amortización era ridículo para una persona con sus condiciones: tenía que cancelar la abultada hipoteca en tan sólo 24 meses con los ingresos de una pensión de viudedad. La situación despertó las sospechas de los servicios de tutela de la Comunidad de Madrid, que lo han denunciado ante la Fiscalía.

"De los 35 casos de tutelas, hemos detectado anomalías en 21"

El director de AMTA, Carlos Javier Zori, reconoce que se han disparado los casos de estafa a personas incapacitadas o de mucha edad. Zori se reunió ayer con el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, para transmitirle su preocupación."En los últimos dos meses hemos incluido en los programas de tutela a 35 personas de edad avanzada o incapacitados, 21 de las cuales pueden haber sido víctimas de estafa", explica el director de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos (AMTA). Este organismo tutela en la actualidad a 2.670 adultos que han sido declarados por un juez incapaces para administrar sus bienes o valerse por sí mismos. "De momento son sospechas. Hemos detectado irregularidades pero debe ser la fiscalía quien lo investigue", indica Zori.

Fuentes de la Fiscalía de Madrid explican que han detectado en los últimos meses la reiteración de un posible delito de estafa. Y ayer anunciaron que "investigará adecuadamente estos hechos hasta su persecución penal".

Las mismas fuentes jurídicas apuntan que se han detectado cuentas bancarias vacías, pisos hipotecados o que han pasado a la titularidad de otras personas.

Las estafas más frecuentes son en el ámbito inmobiliario, señala el responsable del ente regional de tutela. Éste explica que los técnicos de la agencia han detectado la existencia de agencias o entidades que conceden un préstamo en unas condiciones dudosas para luego ejecutar la garantía y quedarse con el piso, como en el caso de Manuela. La preocupación se ha extendido porque los casos se han disparado. Cada vez son más los ancianos víctimas de engaños para sacarles el dinero.

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También existen estafas en el ámbito familiar. "Pero estas no están consideradas como delito en el ordenamiento jurídico", explica el representante de la agencia de tutela regional. Zori comenta otros casos, como el de personas mayores a las que "alguien se acerca para ganarse su confianza, le pide un poder notarial y se aprovecha de ello".

Carlos Javier Zori abunda en que el objetivo es lanzar un mensaje a la sociedad de que los mayores e incapacitados no están desamparados. La agencia de la Comunidad de Madrid ofrece cobertura a todas las necesidades de estas personas, que se encuentran en una situación de desarraigo familiar.

Este órgano regional, creado en 1995, presta cobertura jurídica, económica y social. El año pasado recibió más de un millar de consultas sobre asuntos de incapacidad, defensa jurídica de personas con trastornos mentales... En sus 13 años de funcionamiento ha tutelado a más de 7.000 madrileños.

Según datos de la agencia, un tercio de las personas tuteladas padece algún tipo de enfermedad mental. El resto de personas acogidas legalmente por la Comunidad de Madrid sufren minusvalías físicas, psíquicas y sensoriales. La mayoría de los atendidos por la agencia tienen entre 70 y 90 años.

Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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