La Costa de "los terceros de buena fe"
Las asociaciones de vecinos afectados por irregularidades urbanísticas han descubierto la mejor manera de hacerse oír por los ayuntamientos de la Costa del Sol: olvidarse del nombre de asociación y pasar a llamarse "plataforma".
En Marbella, la más influyente es la Plataforma de afectados por el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). Este grupo, liderado por José Ortiz, engloba a los propietarios de las viviendas que el documento urbanístico considera ilegales y sobre las que pesa la posibilidad de la demolición. Estos propietarios, que se califican a sí mismos como "terceros de buena fe" -compradores que adquirieron sus viviendas sin saber que eran irregulares- también rechazan la posibilidad de pagar compensaciones al municipio a cambio de la regularización de las casas.
La alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz (PP), ha cultivado ampliamente la amistad de este grupo, que nunca ha cargado contra ella en sus protestas. En octubre de 2007, antes de la aprobación provisional del PGOU, la plataforma sacó a la calle a 2.000 vecinos contra el plan urbanístico que consideraban "impuesto desde Sevilla".
Frente a este grupo, se encuentra la Plataforma Vecinal 29-M, fecha del inicio de la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella. Este grupo, de unos 3.000 vecinos, aglutina a los realmente perjudicados por los desmanes urbanísticos de la era Gil y cuenta con la asesoría legal de la abogada Inmaculada Gálvez. El colectivo exige el cumplimiento de unas 40 sentencias firmes de demolición y plantea impugnar el plan urbanístico al entender que "es una ley de amnistía y no profundiza en las responsabilidades de las infracciones urbanísticas que se han cometido en Marbella", con más de 18.000 viviendas ilegales.
Los vecinos de Mijas que viven en las 1.700 casas diseminadas con expediente de demolición se miran en la plataforma de José Ortiz. A pesar de que su asociación ha forzado un pleno sobre sus casas, se quejan de que el alcalde, Antonio Sánchez (PSOE), no paraliza los expedientes mientras se revisan.
En Estepona también luchan por regularizar los campitos, las viviendas aisladas de las afueras. Este grupo denuncia que mientras a ellos les ponen multas por sus casas, empleados municipales han construido en zona agrícola impunemente.
