La guerra que no cesa
La atípica providencia enviada por el juez Garzón a varios organismos públicos, diversos ayuntamientos, la Conferencia Episcopal y la Universidad de Granada para recabar información sobre muertes y enterramientos posteriores al 17 de julio de 1936 añade todavía más confusión jurídica al ya caótico panorama creado por la llamada Ley de la Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007. El núcleo de la polémica son las responsabilidades criminales exigibles a los vencedores de la Guerra Civil y las reparaciones a que tienen derecho sus víctimas. El fiscal niega la competencia de la Audiencia Nacional para conocer las denuncias presentadas por varias asociaciones de recuperación de la memoria; también aduce falta de tipicidad y de perseguibilidad por prescripción o por amnistía de los presuntos delitos cometidos.
Garzón pide a entes públicos y parroquias información sobre muertes acaecidas desde el 17 de julio de 1936
Se diría que Garzón -cuya admirable labor en pro de los derechos humanos le mantiene a salvo de las calumnias de sus detractores- pretende cambiar su condición de instructor de una causa penal por el papel de promotor de una Comisión de la Verdad extrajudicial al estilo de las que operaron en el Cono Sur, Centroamérica y Suráfrica. Con independencia de las motivaciones del juez, la iniciativa procesal puede demorar indefinidamente en el tiempo y ampliar de forma inabarcable en el ámbito burocrático una envenenada polémica que enfrenta pasionalmente a grupos sociales ligados ideológica o emocionalmente a los recuerdos de la guerra y de la dictadura. Las transiciones a la democracia de finales del siglo XX en Europa meridional, América Latina, el bloque soviético, Asia y África han renovado el interés por la justicia transicional en el marco de una mayor sensibilidad hacia los derechos humanos; Rendición de cuentas, de Jon Elster (Katz, 2006), ofrece una excelente introducción histórica y analítica al respecto. La singularidad española es que se continúen buscando en 2008 las responsabilidades individuales de los crímenes cometidos entre 1936 y 1975, a los 33 años de iniciada la transición y 72 años después de comenzada la Guerra Civil. Por mucho que se repita la necedad, la atribución de esa anomalía a un pacto de silencio solapadamente suscrito en 1978 por franquistas cínicos e izquierdistas claudicantes continuará siendo una solemne tontería.
El nuevo encasillamiento de los desaparecidos como figura victimaria especial de la guerra civil española -en sustitución de los paseados- refleja la anacrónica influencia terminológica ejercida por la represión de las dictaduras militares del Cono Sur sobre el golpe de 1936. ¿Cabe imaginar a un juez estadounidense desenterrando en 1933 cadáveres inhumados en 1861 a la busca de desaparecidos? Pero esa imposibilidad no impide que la investigación histórica y la creación artística acerca de la guerra de secesión se mantengan vivas, como muestran la abundante filmografía sobre aquella carnicería o la reciente novela de Doctorow sobre la marcha del general Sherman a través de la Confederación. -
