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Columna
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Autonomía en acción

Hace unos días supimos que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) es el único servicio de salud de España que incluye entre sus prestaciones la operación de cambio de sexo. Dichas operaciones se llevan a cabo en el hospital Carlos Haya de Málaga, que se ha convertido en el centro de referencia en este terreno en nuestro país. En dicho hospital se atiende no sólo a ciudadanos o ciudadanas residentes legalmente en Andalucía, sino a ciudadanos que residen en otras comunidades autónomas, razón, entre otras, por la cual el tiempo de espera para la operación es de aproximadamente un año. También supimos en el día de ayer que Andalucía es la primera comunidad autónoma que se propone aprobar una ley en la que se contemplarán las condiciones de una muerte digna y se garantizará el cumplimiento de la voluntad de los enfermos.

He dedicado la casi totalidad de mi vida profesional a reflexionar sobre la organización política de la convivencia en España, incluyendo en dicha reflexión desde la transición la articulación territorial de nuestro país. Viví con una intensidad enorme el proceso de constitución de Andalucía como comunidad autónoma y no he dejado de seguir su trayectoria en ningún momento. Tengo la convicción de que Andalucía ha sido la comunidad autónoma que más ha contribuido a dar contenido al ejercicio del derecho a la autonomía. No solamente en el momento cuasi fundacional de la estructura del Estado con el resultado del referéndum del 28-F, sino a través del ejercicio del mencionado derecho una vez que Andalucía se constituyó en comunidad autónoma.

Han sido muchas las iniciativas que se han tomado en Andalucía, que han ido abriendo el camino tanto al Estado como a las demás comunidades autónomas. Bastantes de ellas en el ámbito de la salud. Programas para el tratamiento de drogodependientes, investigación con células madres cuando había unas resistencias enormes en el Gobierno de la nación a dicho tipo de investigación e incluso una política represiva respecto de la misma, lo que condujo a que el actual ministro de Sanidad, Bernat Soria, acabara recalando en Andalucía para poder hacer lo que no podía en otros territorios de España. Y ahora estos dos programas con los que he empezado este artículo.

Para esto es para lo que sirve el derecho a la autonomía. No sólo para esto, pero también para esto. Para que un gobierno autónomo tenga posibilidad de hacer una política propia, que lo diferencie de la que hacen otros gobiernos autónomos o incluso el Gobierno de la nación. En el ejercicio del derecho a la autonomía se hace muy visible o, mejor dicho, se puede hacer muy visible la diferencia que hay entre políticas de derecha o de izquierda.

Lo estamos viendo con la aplicación de la ley de dependencia. Andalucía es la comunidad que más expedientes ha tramitado y más ayudas ha concedido en la aplicación de la ley. La comunidad de Madrid no ha tramitado todavía ninguna. Sería inimaginable que el servicio sanitario de la Comunidad de Madrid incluyera entre sus prestaciones la operación de cambio de sexo o que aprobara una ley como la que se va a aprobar en Andalucía. Ahí está su reacción en el llamado caso Leganés.

Éste es el derecho a la autonomía en acción. Es verdad que los márgenes para hacer políticas diferentes no son todo lo amplio que muchas veces se piensa de una manera bastante ingenua. Pero existen posibilidades de hacer cosas de manera diferenciada. La incidencia que puede tener esa diferente manera de hacer política en la vida de muchos ciudadanos es notable. Poder cambiar de sexo o tener tranquilidad ante el momento de la muerte, no es poca cosa.

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