España pedirá que Gibraltar vuelva a la lista negra de paraísos fiscales

España pedirá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que revise la condición de Gibraltar como paraíso fiscal cooperante y que sea devuelto a la lista negra de los "no cooperantes". A efectos de la Hacienda española, Gibraltar sigue siendo un lugar opaco, inaccesible, impenetrable. "La realidad es que no se ha avanzado nada con Gibraltar a efectos fiscales y tributarios", afirma un portavoz del Ministerio de Hacienda. "La información recibida por la Agencia Tributaria española ha sido muy escasa y poco útil", afirma el portavoz. "Se ha limitado a dar una información de registros que nosotros podríamos haber obtenido por nuestros propios medios", agrega. Hacienda cree que otros paraísos fiscales como la isla de Jersey, los radicados en el Caribe e incluso Andorra han prestado mayor nivel de información a la hora de combatir el blanqueo de capitales.

Gibraltar no ayudó nada en la Operación Ballena Blanca, según el Gobierno

"La información recibida por la Agencia Tributaria es escasa y poco útil"

Las pesquisas chocan contra un muro infranqueable al llegar a Gibraltar

Los 6,5 kilómetros cuadrados de territorio gibraltareño constituyen un centro financiero internacional, no tan modesto como las autoridades gibraltareñas insisten en resaltar. El peso de la economía local se ha ido inclinando más hacia la esfera financiera que a su anterior función como base naval británica. Gibraltar dispone de 19 bancos y 10 sucursales de entidades internacionales; en su territorio se asientan 17 compañías de seguros y más de 30 intermediarios con aseguradoras; 30 compañías de inversión o brokers financieros; 15 oficinas de cambio, pero también 28.000 sociedades activas, un número no registrado de fundaciones y trust (con al menos 328 licencias para asesoramiento profesional de esta figura financiera), además de 115 abogados y 28 firmas de abogados cuya actividad está fuera de la supervisión de las autoridades financieras.

Aunque la actividad financiera de los paraísos fiscales tiene un carácter global, los expertos (entre ellos los del Fondo Monetario Internacional) no dejan de señalar que Gibraltar tiene una particular y arriesgada zona de influencia, como es el sur de España, la Costa del Sol y el norte de África, donde menudean las actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, como el urbanismo, la corrupción y el narcotráfico. Para remate, Gibraltar se ha convertido en los últimos años en sede favorita de las principales compañías mundiales de apuestas por Internet, lo que preocupa a los expertos en lucha contra el lavado de dinero sucio.

Todo este entramado financiero sigue siendo opaco para las instituciones españolas. Gibraltar se ha comprometido en numerosas ocasiones a acomodar su legislación a las normas de la Unión Europea y a las recomendaciones de instituciones como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), la principal institución en la lucha contra el blanqueo de capitales. Algunas de estas reformas legales deben estar en vigor en el año 2010. Gracias a sus buenos propósitos, Gibraltar ha logrado ser considerado como un paraíso fiscal "cooperante", frente a los cinco "no cooperantes" (Andorra, Liberia, Lichtenstein, Islas Marshall y Mónaco).

Sin embargo, la realidad confirma que la Hacienda española no ha obtenido ninguna información útil procedente de Gibraltar. Organismos como el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Banco de España, o la Comisión Nacional del Mercado de Valores no han recibido ninguna información sensible procedente de Gibraltar. "Para nosotros", sostienen en ambos organismos, "Gibraltar sigue siendo un paraíso fiscal no cooperante".

"Gibraltar viene incumpliendo muchos acuerdos desde 1997", señala Juan Hernández Viñuelas, autor de Los Paraísos Fiscales. Cómo los centros off shore socavan las democracias (editorial Akal). "Gibraltar se ha convertido en un centro financiero muy activo que tiene un estatus muy particular dentro de la UE. Además, está gobernado por una oligarquía: los abogados se suceden en el poder político", añade.

Algunas respuestas parlamentarias del Gobierno español efectuadas en los últimos años confirman estas opiniones. Tal es el caso de la contestación dada a una pregunta formulada en 2005 por la diputada Isaura Navarro, de Izquierda Unida, sobre la colaboración de las autoridades gibraltareñas respecto a las investigaciones de blanqueo de capitales en la Costa del Sol. En la Operación Ballena Blanca "no ha habido ningún tipo de colaboración con las autoridades gibraltareñas ni británicas", admite el Gobierno, que a renglón seguido es aún más tajante: "En el caso de otras operaciones desarrolladas por la Comisaría General de Policía Judicial sola o en compañía de otras unidades territoriales, no se tiene constancia de la participación o colaboración alguna por parte de las autoridades de Gibraltar".

La Operación Ballena Blanca, iniciada por la policía en marzo de 2005, reveló que un abogado marbellí llegó a constituir 523 sociedades, 139 de ellas radicadas en 14 paraísos fiscales, que sirvieron para ocultar la identidad de sus clientes y la procedencia del dinero, normalmente originado en actividades ilícitas como el tráfico de droga, la venta de armas o la prostitución. En ese caso, la Fiscalía Anticorrupción atribuye el lavado de 152 millones de euros a una de las mayores tramas de blanqueo destapada en España.

El Gobierno también ha informado que en las investigaciones realizadas por la Guardia Civil sobre blanqueo de capitales, contrabando de tabaco y fraude, la colaboración de Gibraltar ha sido prácticamente nula, tras intentarlo por diversas vías como comisiones rogatorias, unidades de inteligencia financiera y Eurojust.

En la misma respuesta parlamentaria, el Ejecutivo español hacía una salvedad respecto de la Agencia Tributaria: "Se está impulsando, al amparo de la normativa comunitaria actualmente vigente, la obtención de información de las autoridades británicas sobre sociedades domiciliadas en Gibraltar que podrían estar sirviendo de vehículo defraudatorio de obligaciones tributarias en perjuicio de la Hacienda Pública española. A este respecto, se han celebrado diversas reuniones con autoridades británicas, aunque en este momento resulta prematuro valorar el grado de colaboración prestado por las autoridades británicas". Casi tres años después, parece que las gestiones han fracasado. "Ni siquiera en aspectos como ahorro o asistencia mutua ha existido verdadera colaboración", sostiene un portavoz de Hacienda. El número de comunicaciones recibidas no llegan a 20, todas ellas irrelevantes.

Con la llegada del Gobierno socialista en 2004, el Ministerio de Exteriores promovió un acercamiento a Gibraltar, dado que las relaciones se habían enfriado durante el mandato de José María Aznar (PP). Se fundó así un Foro Trilateral sobre Gibraltar en diciembre de 2004 que originó una primera reunión ministerial en Córdoba en 2006 y un acuerdo histórico como la utilización conjunta del aeropuerto de Gibraltar. En dicho marco se constituyeron algunos foros de cooperación específicos. Uno estaba dedicado a asuntos policiales y judiciales. Otro, a temas fiscales y financieros. En esta segunda parte, la insatisfacción española es evidente, sobre todo por lo que afecta a la Agencia Tributaria. En el marco policial, sin embargo, sí se habla de un mejor grado de colaboración. En el mismo sentido se han manifestado fuentes de Vigilancia Aduanera. "Nuestras relaciones con los colegas gibraltareños son buenas. Ellos cooperan en la medida de sus posibilidades en todo cuanto afecta a la persecución del delito", afirma una fuente policial, que revela que muchas actuaciones se hacen "bajo cuerda". Eso sí, cuando la petición española necesita información sobre sociedades, cuentas corrientes o despachos de abogados, la colaboración desaparece, "entre otras cosas porque ese es un terreno vedado hasta para los policías de Gibraltar", explica un agente español.

El Gobierno español expresó a finales de 2005, a requerimiento de Antonio Romero, diputado de IU en el Parlamento andaluz, que Gibraltar no había mostrado "prácticamente ninguna colaboración" en la lucha contra el crimen organizado. El departamento del ministro Miguel Ángel Moratinos precisó que España venía solicitando la ayuda de Gibraltar a través de los procedimientos acordados con el Reino Unido, que es "responsable de las relaciones exteriores del territorio no autónomo de Gibraltar". A tal fin, España enviaba las comunicaciones oficiales, comisiones rogatorias y peticiones de información a través de la Oficina de Gibraltar del Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Según el Ejecutivo español, la observancia de este procedimiento -solicitar la información a través del Reino Unido- no podía ser alegado por Gibraltar como pretexto para no responder a tales peticiones.

El ministro principal del Peñón, Peter Caruana, rechazó en noviembre de 2005 los argumentos de España, según declaró al diario The Gibraltar Chronicle. "Si el Gobierno español está diciendo que el Gobierno de Gibraltar o las autoridades de Gibraltar no están cooperando con España de la misma forma que cooperamos con otros países europeos e internacionales, entonces eso es simplemente falso", dijo Caruana.

¿Cómo ve hoy la situación el Ministerio de Exteriores español? Según un portavoz oficial, que utiliza la suave terminología diplomática, "en la actualidad ha mejorado el grado de colaboración de Gibraltar, pero no mucho". A la vez, la misma fuente agrega que no puede facilitar datos sobre las comisiones rogatorias u otro tipo de comunicaciones tramitadas por Gibraltar, debido a que hay jueces que se dirigen directamente al Foreing Office británico o a los jueces gibraltareños. Pero las comisiones rogatorias con destino final a Gibraltar apenas se solicitan, según confirman fuentes de Interior y de Hacienda. "Hemos llegado al punto en el que, cuando tocamos algo relacionado con Gibraltar en una investigación, preferimos dejarlo aparte, al chocar con un muro infranqueable", sostiene un mando de la lucha contra el blanqueo de capitales. "Es imposible e inútil intentar obtener información", remacha.

EL PAÍS ha intentado entrevistar a mandos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar o algún portavoz del FSC (Financial Services Comisión), órgano que supervisa los servicios financieros de Gibraltar. Todos ellos se remitieron al portavoz del Gobierno de Peter Caruana, a quien se le envió un cuestionario al que no ha respondido.