Euskadi parece convencer al Tribunal

No hay nada decidido, pero las impresiones son buenas, tras la vista celebrada ayer en Luxemburgo sobre la capacidad de Euskadi de imponer una fiscalidad a las empresas distinta a la que rige en el conjunto de España. El Tribunal de las Comunidades Europeas pidió a las partes agilidad y tuvo pocas dudas. El juez ponente, Allan Rosas, que dirigía el juicio, planteó a la Comisión cuatro preguntas.

El abogado del Reino Unido reprochó a la Comisión su visión fiscal restrictiva

La sala, mayoritariamente poblada por representantes vascos de todos los partidos e instituciones, respiró satisfecha al oírle argumentar que no existe "una vinculación directa entre el Cupo y la imposición [fiscal]", a lo que el representante de la Comisión respondió que la conexión era "indirecta". El ponente fue más allá y dijo que una rebaja de impuestos no implica necesariamente una reducción en la recaudación, a lo que la Comisión respondió que no juzga la bondad o no de la decisión.

El juez Rosas quiso saber también los motivos por los que la Comisión admitía la diversidad en los regímenes fiscales locales y no en los autonómicos. El Ejecutivo comunitario lo justificó en la existencia de una asimetría competencial entre las comunidades autónomas en el caso español. La última cuestión del ponente mostraba la incomprensión a la postura de la Comisión en su intento de diferenciar a los tres territorios históricos de la propia comunidad autónoma, un aspecto en el que hizo especial hincapié la Comisión.

Las preguntas del ponente iban directamente a la base argumental del Ejecutivo comunitario, que intentó en el proceso dejar claro que el régimen vasco no tenía ni autonomía de procedimiento ni económico-financiera respecto a las instituciones del Estado. Junto a la nutrida representación de Euskadi estaba también la de La Rioja y Castilla y León. Sus abogados atacaron el Concierto, y más en concreto la capacidad normativa en el Impuesto de Sociedades, como un privilegio.

Las autoridades vascas (desde la presidenta del Parlamento, Izaskun Bilbao, al presidente de la Juntas Generales de Álava, Juan Antonio Zárate, o el diputado de Hacienda de Vizcaya, José María Iruarrizaga) se removían en los asientos cada vez que oían que la normativa vasca es de carácter especial y no general y, por tanto, supondría una ayuda de Estado.

Casi todo el debate se centró en el Cupo, el sistema de solidaridad interterritorial, el control por los tribunales ordinarios de las normas forales de carácter fiscal y en los flujos financieros entre el Estado y las comunidades autónomas. La Abogacía del Estado y los letrados de de las instituciones vascas y Confebask se esforzaron por hacer una exposición muy didáctica sobre el sistema fiscal español y el Concierto.

El letrado de las instituciones vascas, Ignacio Saénz Cortabarría, subrayó que éste forma parte del llamado "bloque de constitucional" (normativa básica del Estado formada por la Constitución y los estatutos). La abogada del Estado, Díaz Abad, dejó claro que en España hay un sistema fiscal con cinco regímenes distintos. El abogado del Reino Unido les echó una mano al reprochar a la Comisión que con su interpretación restrictiva ninguna región europea podría tener un régimen fiscal propio, como admitió el Tribunal en el caso Azores.