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El debate fiscal

Euskadi parece convencer al Tribunal

España y las haciendas vascas defienden el Concierto Económico en Luxemburgo

No hay nada decidido, pero las impresiones son buenas, tras la vista celebrada ayer en Luxemburgo sobre la capacidad de Euskadi de imponer una fiscalidad a las empresas distinta a la que rige en el conjunto de España. El Tribunal de las Comunidades Europeas pidió a las partes agilidad y tuvo pocas dudas. El juez ponente, Allan Rosas, que dirigía el juicio, planteó a la Comisión cuatro preguntas.

El abogado del Reino Unido reprochó a la Comisión su visión fiscal restrictiva
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Declaración institucional del Gobierno vasco

La sala, mayoritariamente poblada por representantes vascos de todos los partidos e instituciones, respiró satisfecha al oírle argumentar que no existe "una vinculación directa entre el Cupo y la imposición [fiscal]", a lo que el representante de la Comisión respondió que la conexión era "indirecta". El ponente fue más allá y dijo que una rebaja de impuestos no implica necesariamente una reducción en la recaudación, a lo que la Comisión respondió que no juzga la bondad o no de la decisión.

El juez Rosas quiso saber también los motivos por los que la Comisión admitía la diversidad en los regímenes fiscales locales y no en los autonómicos. El Ejecutivo comunitario lo justificó en la existencia de una asimetría competencial entre las comunidades autónomas en el caso español. La última cuestión del ponente mostraba la incomprensión a la postura de la Comisión en su intento de diferenciar a los tres territorios históricos de la propia comunidad autónoma, un aspecto en el que hizo especial hincapié la Comisión.

Las preguntas del ponente iban directamente a la base argumental del Ejecutivo comunitario, que intentó en el proceso dejar claro que el régimen vasco no tenía ni autonomía de procedimiento ni económico-financiera respecto a las instituciones del Estado. Junto a la nutrida representación de Euskadi estaba también la de La Rioja y Castilla y León. Sus abogados atacaron el Concierto, y más en concreto la capacidad normativa en el Impuesto de Sociedades, como un privilegio.

Las autoridades vascas (desde la presidenta del Parlamento, Izaskun Bilbao, al presidente de la Juntas Generales de Álava, Juan Antonio Zárate, o el diputado de Hacienda de Vizcaya, José María Iruarrizaga) se removían en los asientos cada vez que oían que la normativa vasca es de carácter especial y no general y, por tanto, supondría una ayuda de Estado.

Casi todo el debate se centró en el Cupo, el sistema de solidaridad interterritorial, el control por los tribunales ordinarios de las normas forales de carácter fiscal y en los flujos financieros entre el Estado y las comunidades autónomas. La Abogacía del Estado y los letrados de de las instituciones vascas y Confebask se esforzaron por hacer una exposición muy didáctica sobre el sistema fiscal español y el Concierto.

El letrado de las instituciones vascas, Ignacio Saénz Cortabarría, subrayó que éste forma parte del llamado "bloque de constitucional" (normativa básica del Estado formada por la Constitución y los estatutos). La abogada del Estado, Díaz Abad, dejó claro que en España hay un sistema fiscal con cinco regímenes distintos. El abogado del Reino Unido les echó una mano al reprochar a la Comisión que con su interpretación restrictiva ninguna región europea podría tener un régimen fiscal propio, como admitió el Tribunal en el caso Azores.

Una vista parcial de la sala del Tribunal de Justicia de la UE donde se celebró ayer la audiencia. En primer término, los abogados de las partes.
Una vista parcial de la sala del Tribunal de Justicia de la UE donde se celebró ayer la audiencia. En primer término, los abogados de las partes.EFE

Declaración con ataques

El Gobierno y las diputaciones aprovecharon ayer su presencia en Luxemburgo para hacer una declaración institucional. La fundamentaron en dos elementos que coincidía en la jornada: la vista oral en el Tribunal de Justicia y el 130 aniversario de la apuesta en marcha del sistema de Concierto. La

vicelehendakari,

Idoia Zenarruzabeitia y los tres diputados generales, Markel Olano (Guipúzcoa), José Luis Bilbao (Vizcaya) y Xabier Agirre (Álava) leyeron en euskera y castellano un texto que, salvo por el ataque directo que hace a los dos grandes partidos de ámbito nacional (PP y PSOE) hubiera podido ser suscrita por el resto de las instituciones vascas. La presidenta de las Juntas de Vizcaya, Ana Madariaga, y la del Parlamento, Izaskun Bilbao, ambas del PNV, se sentaron entre los periodistas y altos cargos. Fuera se quedaron los presidentes de las Juntas Generales de Álava, Juan Antonio Zárate (PP), y de Guipúzcoa, Rafaela Romero (PSE), y se perdió la posibilidad de haber sellado un acto institucional conjunto, como señaló uno de los ausentes.La declaración incide esencialmente en el carácter de "pacto entre Euskadi y el estado Español" del Concierto y lo sitúa como elemento clave de la convivencia e instrumento de solidaridad con el conjunto de España. Piden diputaciones y Gobierno que se articule un mecanismo, el famoso

blindaje, que permita sacar las normas forales de la jurisdicción contencioso-administrativa y llevarla a la jurisdicción constitucional.

El siguiente paso, en mayo

Toca esperar, como poco, hasta el 15 de mayo, fecha que ha fijado la abogada general para leer sus conclusiones sobre la vista de ayer. Hasta ese día todo queda en el mundo de las especulaciones y cada parte se llevará su propia impresión. Ni siquiera las conclusiones de la abogada general deben ser acatadas obligatoriamente por el Tribunal, compuesto por cinco jueces varones, a la hora de dictar sentencia. Es cierto que marcan una línea actuación y la orientación que se puede dar al caso. Su escrito colocará el proceso más cerca de la decisión final, pero habrá que seguir esperando unos meses. La abogada general, la alemana Juliane Kokott, no hizo ayer una sola pregunta, una actuación que llevó a las partes enfrentadas a pensar que lo tenía claro y que la decisión les sería favorable.La decisión final del Tribunal puede ser positiva o negativa respecto a la capacidad o no de Euskadi para regular el Impuesto de Sociedades de forma diferenciada al de territorio común. Si la decisión es positiva para las posturas de la Administración general del Estado y de las instituciones vascas, quedará aclarado el engarce del Concierto en la legislación europea, pese a las reticencias de la Comisión. También marcará una pauta para las reclamaciones que se planteen en los tribunales españoles. En el caso de que la decisión sea contraria a los intereses vascos, las diputaciones deberán comunicar previamente a la Comisión cualquier intento de cambio en el Impuesto de Sociedades.

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