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Las listas de espera empujan a los obesos a la sanidad privada

La demora para ser operados en la pública llega a tres años

Jesús García Bueno

Una persona con obesidad mórbida espera una media de tres años antes de ser operada en un hospital público. Pero muchos no disponen de ese tiempo y recurren a la sanidad privada, muchas veces peor equipada, para mejorar su calidad de vida. Fue el caso de Laura Raya, la joven de 19 años que el viernes murió tras ser intervenida en una clínica de Barcelona para colocarse una banda gástrica y reducirse el estómago. Pesaba 105 kilos y medía 158 centímetros.

Los pacientes deben cumplir severos requisitos antes de pasar a quirófano
Las asociaciones denuncian falta de control sobre los centros privados

Unas 4.000 personas que sufren esta enfermedad se operan cada año en centros públicos y privados de España, según estimaciones de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO). "La cirugía bariátrica es necesaria porque no es una cuestión de estética, sino de salud. Aunque es cierto que puede tener complicaciones", precisó su ex presidente, Cándido Martínez. El riesgo de muerte en estas intervenciones se sitúa en torno al 2% o 3%, según diversos expertos consultados.

La familia de Laura Raya ha denunciado al médico que la atendió -un cirujano de Valencia con amplia experiencia en estas intervenciones- al entender que fue negligente. La joven murió por una hemorragia incontrolada. Durante el tratamiento con laparoscopia, se le perforó la arteria cava. Una actuación que José Aznar, abogado de la asociación Defensor del Paciente, calificó de "imprudente". Aznar añadió que la hemorragia "no se trató debidamente" y que el segundo cirujano que se hizo cargo de ese percance "tardó mucho en llegar" a la clínica.

El juez ha archivado el caso de forma provisional, a la espera de que el abogado presente una ampliación de la denuncia. La Generalitat también ha abierto una investigación.

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Al tratarse de operaciones muy caras y "de alto riesgo", la sanidad pública impone rígidas condiciones a los pacientes antes de admitirlos en sus listas de espera. El interesado, por ejemplo, debe padecer alguna de las enfermedades asociadas a la obesidad mórbida, tales como diabetes, alteraciones respiratorias o dolencias cardiovasculares. Además, debe haber intentado previamente otros tratamientos para adelgazar. La obesidad mórbida, que sufre el 1% de la población, se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa corporal en el organismo.

El férreo control de estos requisitos, junto con las largas listas de espera, hacen que muchos pacientes opten por costearse la cirugía bariátrica en una clínica privada. Y en estos centros, los recursos "no son siempre los que deberían ser" y las inspecciones que realiza la Administración son "escasas", denunció Carmen Flores, de defensor del Paciente. El doctor Xavier Formiguera, uno de los mayores expertos en la materia, dijo: "las clínicas privadas también tienen que respetar los protocolos, y normalmente lo hacen", aunque admitió: "no ofrecen las mismas garantías y no están tan controladas" como los hospitales públicos.

Dona Soto, ayer en el parque de Montigalà de Badalona.
Dona Soto, ayer en el parque de Montigalà de Badalona.MARCEL.LÍ SÀENZ

"Lo he probado todo para adelgazar"

Dona Soto lleva más de 15 años intentando ser admitida en las listas de espera de la sanidad pública. Sufre obesidad mórbida y ya casi no puede ni andar. Pasa la mayor parte del tiempo en casa. Y cuando sale a la calle, sólo puede dar unos pasos antes de volver a sentarse en el siguiente banco. El pasado mes de noviembre, esta mujer de 43 años, que vive con sus padres en Santa Coloma de Gramenet, cumplió su objetivo. Y ahora le toca esperar.

"Siempre he sido obesa. A los siete años, mis padres me llevaron a hacer mi primera dieta en un centro de pago. Desde entonces, lo he probado todo para adelgazar", explica. En 1993 decidió acudir al hospital de Can Ruti para someterse a una intervención quirúrgica. Pero no superó la dura barrera de los requisitos. "Entonces pesaba 133 kilos. Me dijeron que no era peso suficiente para entrar en quirófano". Soto no ha quedado nada contenta de su paso por el citado hospital: "No me motivaban para nada. Me sentía tratada como un objeto. Parecía que quería operarme por puro capricho".

Nunca se planteó acudir a la sanidad privada "por falta de recursos económicos". Una operación de ese calibre cuesta una media de 12.000 euros, según diversas fuentes médicas consultadas ayer. Durante un tiempo, perdió la esperanza. Pero siguió engordando y, hace ocho años, decidió volver a intentarlo. "En 2005 ya pesaba 170 kilos. Tomé pastillas y, en el primer mes, adelgacé 12 kilos. Pero luego me estanqué. Y mis problemas de movilidad se han agravado. Si sigo así, siento que puedo sufrir un paro cardiaco en cualquier momento". Su calidad de vida es escasa. "Tiene que comprar dos billetes para ir en avión, y lo mismo con el tren. Le están dando largas", la defiende Carmen Flores, de la asociación Defensor del Paciente.

En noviembre, Soto se plantó. "Hablé con los médicos de Can Ruti y les convencí de que, si no me sometía a la operación, igualmente podía morir". Su caso lo llevan ahora los responsables del hospital de Sant Pau de Barcelona.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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