Las fundaciones de la Generalitat pasan de tres a 30 en doce años

Las fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana, aquellas en las que más de la mitad del presupuesto procede de subvenciones de la Administración, se han multiplicado por diez desde que el PP controla las instituciones autonómicas. En 1995, la Generalitat financiaba tres fundaciones públicas: el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, y la Fundación Servicio Valenciano de Empleo. Ocho años más tarde, en 2003, eran 19. El resumen de la cuenta de gastos e ingresos de la Generalitat a lo largo de 2006 recoge los balances de 29 fundaciones públicas. Finalmente, entre las modificaciones presupuestarias publicadas el lunes en el DOCV, se cita un acuerdo del Consell de 13 de abril que dispone que ciertos ingresos no previstos derivados y otros fondos disponibles "permiten dotar de cobertura actuaciones consideradas ineludibles", entre ellas, destinar una subvención de 170.000 a una nueva fundación de la Generalitat Valenciana, Gestión y Eficiencia Empresarial, que eleva a 30 el número de entidades sin ánimo de lucro cuya supervivencia depende mayoritariamente de las arcas autonómicas.

La ley establece que las fundaciones "deben perseguir bienes de interés general" como de "asistencia social, cívicos, educativos" y un largo etcétera. Funciones todas ellas atribuibles a la Administración y que, sin embargo, la Generalitat ha derivado en muchos casos hacia fundaciones.

Gestión y excelencia

Pero no solo se derivan funciones. Una fuente no oficial vinculada al área de Economía apunta que la fundación Gestión y Excelencia Empresarial se creó apresuradamente a principios de abril pasado para garantizar el acomodo de Justo Nieto, quien dejó el rectorado de la Universidad Politécnica de Valencia para convertirse en consejero de Empresa hace dos años y que no fue incluido en las candidaturas del PP en las pasadas elecciones autonómicas.

Al margen de las funciones que asumen o de las personas que ocupan, el objeto de algunas fundaciones públicas resulta de dudoso interés general. Una de las entidades más polémicas es Agua y Progreso, una entidad que defiende la necesidad de garantizar el suministro hídrico en territorio valenciano en una sintonía muy estrecha con las tesis que ha venido defendiendo el presidente de la Generalitat.

La legislación establece que deben someterse a auditoría las fundaciones cuyos gastos e ingresos superen los 2,4 millones de euros en dos ejercicios consecutivos. Sin embargo, todas las fundaciones públicas son auditadas. En el caso de Agua y Progreso, por ejemplo, una entidad que declara un activo circulante superior a los 450 euros en 2006, los auditores apuntan que la entidad tiene abierta la revisión fiscal de los últimos ejercicios no prescritos y se desentienden del resultado que pueda derivar de esa revisión fiscal.