Cargos municipales del PP de Ciudad Real compraron pisos tras declararlos protegidos

¿Qué es un piso de protección municipal? Esta insólita figura tiene una traducción singular en Ciudad Real: pisos con precio tasado (840 euros el metro cuadrado) sin que nada impida que los compren -con independencia de sus ingresos- los miembros y afines al equipo de gobierno municipal del PP que les dio tal condición, que adquirieron media docena a mitad del precio de su valor si hubieran sido viviendas libres. El alcalde, Francisco Gil-Ortega, uno de los compradores, no ve ningún problema ético. "Quisimos que los pisos tuvieran un precio asequible, y allí compró quien quiso".

El Quesito es un céntrico edificio muy conocido en Ciudad Real. Debe su nombre a su forma. El suelo donde se levanta era propiedad de Renfe, tras cedérselo el Ayuntamiento en pago de un convenio. En 1999, el Ayuntamiento, gobernado por el PP y con Francisco Gil-Ortega como alcalde, decretó que esta zona tuviese no sólo el uso comercial previsto, sino que se le añadiese un uso residencial. El interventor municipal advirtió en el pleno donde se operó tan decisivo cambio que, conforme a la legislación autonómica, los pisos, ya que procedían de una reversión municipal, debían contar con algún tipo de protección pública. El concejal de Urbanismo de Ciudad Real, Gabriel Miguel Mayor (PP) -hoy candidato independiente al Ayuntamiento-, se mostró conforme. Y añadió al convenio la obligatoriedad de que los futuros pisos de El Quesito tuvieran algún tipo de protección pública. El convenio fue ratificado en el pleno de 28 de mayo de 1999 con los votos del PP y PSOE, y la abstención de Izquierda Unida.

La Junta de Castilla-La Mancha, el 23 mayo de 2001, informó del cambio urbanístico en la medida en que afectaba al Plan General de Ordenación Urbana. Aceptó que se construyesen las 150 viviendas, pero remachó que debían estar "sujetas a algún régimen de protección pública".

El 28 de enero de 2002, la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real acordó aprobar el proyecto de ejecución de obra para la construcción del edificio. La decisión de autorizar el inicio de las obras se tomó en el despacho del alcalde. Asistieron, el regidor, Francisco Gil-Ortega; y el edil de Urbanismo, Gabriel Miguel Mayor, entre otros. Excusó su asistencia la edil de Cultura y entonces diputada nacional, Rosa Romero, y hoy candidata a la alcaldía de Ciudad Real. El acta de la comisión de gobierno municipal fijaba que las 150 viviendas, en atención a lo exigido por la Junta, quedaban "sujetas al siguiente régimen de protección municipal":

-El precio de la venta no podrá sobrepasar las 140.000 pesetas por metro cuadrado (841 euros).

-Las viviendas no podrán tener una superficie útil superior a los 120 metros cuadrados.

En 2002, se vendieron los pisos de El Quesito sin ningún sistema reglado pese a ser de protección pública. Una pura venta privada, pero a muy buen precio. Unos 100.000 euros por vivienda. El metro cuadrado en el mercado libre no habría bajado de 1.500 o 1.600 euros por metro cuadrado. Por tanto, un piso modelo máximo de El Quesito, con 120 metros cuadrados, habría costado entre 180.000 euros y 192.000 euros. En suma, casi el doble. La sorpresa salta cuando en el listado de adquirentes de los pisos bendecidos con la "protección municipal" por el Ayuntamiento de Ciudad Real se comprueba que figuraban las siguientes personas: el alcalde, con dos pisos; su sobrina, con otro; la concejal Romero, con uno y su padre con otro; dos hijos del concejal de Urbanismo con sendas viviendas y también figuraba con otro la diputada nacional del PP Carmen Quintanilla que, posteriormente, lo vendería.

La diputada Carmen Quintanilla afirma que compró el piso porque vio un anuncio. "No sabía que eran de protección municipal. Nadie me pidió ningún requisito salarial. Lo compré porque me gustó que no pidieran dinero negro. Fue una pequeña inversión que hice. El mío era pequeño. Me costó 92.000 euros". Gabriel Miguel, que como concejal de Urbanismo tuvo una responsabilidad clave en el proceso de este edificio, remacha que los pisos que compraron sus dos hijos "no tienen protección oficial, sino municipal". "Sólo limitamos el precio, pero no los ingresos de quienes podían comprarlos". Este diario intentó, sin éxito, contactar con la candidata a la alcaldía Rosa Romero.

El listado de propietarios incluye apellidos de familias manchegas con sólida economía y, en ocasiones, vinculados con ex altos cargos del Gobierno del PP. Personas que siguieron de cerca el proceso de compras aseguran que fue vertiginoso y que de haberse aplicado la normativa de protección oficial, la Junta habría analizado los ingresos de los compradores con el fin de primar a los más desfavorecidos. Y se habrían puesto topes inferiores de superficie a los pisos.