Anticorrupción destapa extrañas comisiones en el saqueo de Sintel
La investigación sobre el "consciente vaciamiento patrimonial" de Sintel, la ex filial de Telefónica, entra en su recta final. Un informe de Anticorrupción entregado al titular del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, no sólo imputa por tal hecho a una veintena de personas (ex directivos de Telefónica, de Sintel y de las empresas de los compradores, la familia Mas Canosa), sino a una serie de comisionistas que en plena agonía de la sociedad cobraron cantidades multimillonarias.
En este nuevo capítulo figuran Pedro Casals Aldama y María Antonia Rotlllan Sola, cuya sociedad Patallari cobró más de 100 millones de pesetas (600.000 euros) en 1999 de Sintel, y Yussuf Jamal Abboud, administrador de Catenon, firma perceptora igualmente de tales pagos injustificados. Un ex directivo de Sintel ya detalló en el juzgado lo siguiente: "Tuvimos que emplear sociedades intermediarias con conexiones para que Telefónica nos pagara lo que nos debía". La opinión del fiscal anticorrupción sobre tal peaje es rotunda: "El pago de varias comisiones supuso esquilmar el dinero en efectivo".
El elenco de imputados incluye ex altos cargos de Telefónica (Cándido Velázquez-Gaztelu, Heliodoro Alcaraz, José María Mas Millet, Luis Lozano Romeral), de Sintel (José Antonio Casanova, Ricardo Campos Dufau, entre otros) y del entramado comprador creado por la familia Mas Canosa (Jorge y Juan Carlos Mas Santos, José Miguel Sariego, Joel Tomas Citron y Jesús Roa Martínez).
Villalonga, pendiente
Queda por dilucidar la suerte del ex presidente de Telefónica Juan Villalonga, que ya testificó como imputado. El relato del fiscal recuerda que la polémica venta de Sintel por Telefónica al grupo liderado por el fallecido Jorge Mas Canosa se produjo en diciembre de 1996, bajo un presidente nombrado por el PSOE, Cándido Velázquez-Gaztelu. El informe reprocha que previamente rebajara el patrimonio de Sintel y que no garantizara el pago de los 4.900 millones de pesetas (29,4 millones de euros) pactados.
Sin embargo, el expolio patrimonial más descarado de Sintel lo sitúa en un acuerdo cerrado dos años después por una Telefónica ya pilotada por Juan Villalonga, nombrado por el presidente José María Aznar, con los Mas Canosa. Sólo habían abonado 1.500 millones (9 millones de euros). A partir de ahí, los pagos los asumió no el comprador -no pagó nada más-, sino la vendida Sintel. Fue su muerte por asesinato premeditado. "No tenían más finalidad que su vaciamiento".
Por otra parte, el Gobierno se comprometió ayer a elaborar "un plan social" para atender las demandas de los trabajadores de Sintel. Éstos denunciaban el incumplimiento del acuerdo que firmaron en 2001 con el antiguo Gobierno del PP, que debía dar cobertura a 1.800 afectados por la quiebra de la filial de Telefónica, según dijo el portavoz de la Asociación de Trabajadores, Adolfo Jiménez, informa Europa Press.
