La guerra fiscal entre comunidades amenaza el tributo sobre las herencias

Un padre de familia con tres hijos, dos pisos valorados en 700.000 euros y 100.000 más en acciones fallece en la provincia de Cáceres. Sus herederos se disponen a saldar cuentas con Hacienda, que les reclama más de 8.000 euros por asumir la titularidad de ese ingente patrimonio. Apenas 30 kilómetros al norte, en los primeros municipios de Salamanca, la misma familia abonaría una cantidad simbólica, inferior a 10 euros, por el impuesto de sucesiones. Esa disparidad está desatando una auténtica competencia fiscal entre comunidades, que rebajan sus tributos para no quedarse atrás en una carrera con marcados tintes electoralistas.

No existen datos sobre cuántas familias o empresas toman la decisión de censarse en territorios limítrofes al de su residencia para eludir el peaje de las herencias, pero el panorama es propicio. "A la larga pasará si hay comunidades en las que se paga y otras en las que no", vaticina Luis del Amo, gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales, un colectivo que aglutina a la mayoría del sector. Este experto matiza que de momento no es tan fácil, pues los gobiernos suelen fijar un periodo mínimo de residencia en la comunidad para beneficiarse de la normativa autonómica.

Los asesores fiscales creen que, si siguen las rebajas, el impuesto de sucesiones desaparecerá

- El 38% de la población no hace frente al impuesto de sucesiones porque los territorios en los que habita prácticamente lo han eliminado

- Cataluña reclama al Gobierno central que fije un mínimo común para todo el Estado con el fin de evitar la batalla por la 'fiscalidad cero'

Aunque existe en todo el Estado, las comunidades pueden modificar cuanto quieran el impuesto de sucesiones y donaciones, ya que la recaudación va a parar íntegramente a sus arcas. Algunas han aprovechado este margen de maniobra para suprimirlo prácticamente. Así ha ocurrido en Cantabria, La Rioja, Baleares, Castilla y León, Madrid y la Comunidad Valenciana, además de en el País Vasco y Navarra, que como territorios forales tienen su propia norma fiscal. En total, 17 millones de españoles, el 38% de la población, no hacen frente al pago de este tributo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha convertido en la principal abanderada de la lucha por la fiscalidad cero. Tras eliminar sucesiones y donaciones, se ha atrevido con el IRPF, cuya tarifa ha rebajado un punto como colofón de la legislatura. Esta novedad no se aplicará hasta la declaración de la renta que se presente en 2008.

El tributo que grava las herencias reporta anualmente más de 2.200 millones de euros, cantidad similar, por ejemplo, a la que el Estado gasta en pensiones no contributivas. Las comunidades prefieren sacrificar esos ingresos, en muchos casos más por razones electoralistas que por convicción.

Este panorama introduce una "gran inequidad en el sistema", a juicio de los asesores fiscales. El colectivo es tajante respecto al horizonte de un impuesto que nació como elemento de redistribución de la riqueza y de fomento de la igualdad de oportunidades. Si la tendencia de los últimos años se prolonga, "no le queda otro camino que la desaparición". Los asesores abogan por armonizar el tributo, de forma que el menú fiscal no varíe tanto de unas comunidades a otras.

A esas voces críticas con la competencia fiscal se suma Cataluña. La Generalitat aprobará a lo largo del año una reforma que elimina el impuesto para un 80% de los catalanes, pero a la vez defiende su supervivencia como mecanismo de solidaridad. La comunidad reclama que el Gobierno central fije un mínimo para todo el Estado. Se garantizaría así la continuidad de este instrumento y se evitaría la carrera en busca del tributo más exiguo, especialmente en épocas electorales como la actual.

El de sucesiones no es el único recurso fiscal con un futuro incierto. La desaparición amenaza también al de patrimonio, que grava las fortunas superiores a 108.182 euros. Al igual que el de sucesiones, este tributo financia las necesidades autonómicas, entre ellas, la sanidad y la educación. En este caso, las administraciones territoriales no han hecho tanto uso de su capacidad normativa. Sólo Cantabria ha reducido la tarifa y modificado sustancialmente el mínimo exento. Otras comunidades han elevado las exenciones para los discapacitados. Ninguna habla abiertamente de eliminarlo "por motivos de control", explica Del Amo, pues el impuesto nació como modo de supervisar las fortunas más que con fines recaudatorios.

Éste es el fin de la reforma que plantea el Gobierno, destinada a modificar el impuesto de patrimonio "para devolverle su carácter censal", es decir, como un mero listado de los bienes de los contribuyentes. Aún no está decidida la fórmula, pero en todo caso supondrá una rebaja sustancial. "Con el crecimiento económico y del valor de la vivienda, ahora se recauda mucho por este tributo, pero no era la idea inicial", explica una portavoz del Ministerio de Economía. El director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, David Taguas, ha afirmado recientemente no entender por qué existen tanto este impuesto como el de sucesiones. Hacienda replica que la existencia de los impuestos no está en cuestión, pero sus responsables se muestran partidarios de aliviar la carga fiscal también en el caso de las herencias, con mínimos exentos elevados para las rentas bajas y la transmisión de empresas.

Ambos tributos cambiarán con el nuevo modelo de financiación autonómica, que se perfilará a lo largo de este año, aunque aguardará hasta la próxima legislatura. Si se eliminan, el Gobierno central tendrá que compensar a las comunidades con mayores participaciones en otros impuestos.

El principal problema del tributo de patrimonio no es tanto si cumple o no su función como que constituye un foco de fraude. La evolución del impuesto en los últimos años no refleja el avance de la economía ni, desde luego, la subida exponencial de los precios de la vivienda, uno de los elementos que conforman el patrimonio. Esa dicotomía indica que una buena parte de los contribuyentes no lo declara. "Los patrimonios elevados sortean el tributo, que finalmente recae en los patrimonios medios", explican los asesores fiscales.