Poder cívico

La filosofía política republicana, que algunos en nuestro país y fuera de él se inclinaron por definir como moda pasajera, a pesar de sus antiguas y nobles raíces en el pensamiento democrático de todos los tiempos, se va consolidando como posición teórica. En menor medida, ay, en opción real para la clase política que manda, aunque no así entre una ciudadanía cada vez más interesada en que la cosa pública sea también cosa suya.

La obra del republicano convicto y confeso Andrés de Francisco Ciudadanía y democracia se inserta en esta corriente. Al crecer, al tornarse más caudalosa, se enriquece pero también exige que en ella distingamos tendencias. La distinción más elemental no es, contra lo que piensan algunos republicanos, entre el republicanismo aristocrático o elitista y el más democrático o popular sino la esencial entre republicanismo autoritario (y hasta tiránico) y republicanismo cívico, participativo. La obra sobre la que llamo la atención al lector pertenece a este último enfoque.

La preocupación caracterís

tica de los teóricos del republicanismo por establecer distancias entre su visión y la de los liberales rige el enfoque de este breve y enjundioso análisis. Su autor despliega una eficaz artillería argumental contra el liberalismo dogmático para poner al desnudo la utopía liberal: Maravillosa en la pizarra, e irrealizable reza el título de uno de sus capítulos, no exento de sarcasmo. Desbrozado así primero el campo, Andrés de Francisco pasa a analizar el espacio cívico, sus fronteras y estructura interna. Aquí juega con ventaja: no en vano es sociólogo.

Tengo para mí que una de las deficiencias de la filosofía republicana hoy en día es que a menudo la elaboran solamente teóricos de la política y aun profesores de ética, cuya ignorancia de las verdades de la estructura social raya algunas veces en el analfabetismo. Precisamente lo que con frecuencia falta en la teoría republicana -que no es solamente una concepción de la constitución política de una democracia determinada- es mayor atención al detalle. Mayor atención a la relación del poder con ricos y pobres, a los límites de la participación cívica en condiciones de modernidad avanzada, y a las tristes realidades de la obediencia al poder económico, político y cultural. Para que sea creíble una concepción cuyo énfasis es en la autonomía del ciudadano frente al poder, combinada con su participación en todos los niveles de la vida social -la empresa, los partidos, los sindicatos, las asociaciones voluntarias- y su entereza moral, su virtud cívica, es esencial la referencia a la estructura de oportunidades reales que le ofrece la politeya en la que mora.

El libro del profesor Andrés de Francisco explora estos terrenos sociológicamente para adentrarse en ellos filosóficamente: he ahí su interés último. Para distinguir entre el imperio de la ley en el sentido hoy predominante (procedimental y liberal) y el ideal al que aspira todo republicanismo que se tome en serio la dignidad cívica de todos nosotros, el autor ase por los cuernos la teoría de John Rawls. Es su apoyo para su argumentación final. Rawls presentó en su Teoría de la Justicia un análisis cooperativista de la buena sociedad (y de la buena politeya, u orden político) a base de hacer suponer a los ciudadanos cómo querrían que fuera su universo si no conocieran previamente su posición social, riquezas, y otras desigualdades. Hay en ello un elemento utópico (pero sólo un elemento) que permite una hipótesis fértil sobre cómo debería ser hoy una sociedad justa y democrática, que a la vez fuera factible, dotada de unos mínimos de subyugación ciudadana al poder constituido, con una obediencia más a la ley que a los príncipes democráticos de este mundo.

A alguno de ustedes la preocupación de Andrés de Francisco por lo que él llama "sistema de cooperación no forzada", o de cooperativismo voluntario, les podrá parecer dotada de ribetes libertarios. A mí también. Pero esa impresión debe matizarse: la fuerza argumental de esta admirable aportación a la conversación republicana se fundamenta en su reconocimiento de la necesidad de defender un estado fuerte, orientado tanto hacia la justicia distributiva como a la protección de la autonomía de la sociedad civil.