El Gobierno aprueba mañana su nuevo plan de inmigración para tres años
El Consejo de Gobierno aprobará en su reunión de mañana el segundo Plan de Inmigración para el periodo 2007-09, que incluirá una serie de medidas para sensibilizar a la sociedad vasca sobre las bondades de la inmigración y el importante papel que puede jugar en el futuro desarrollo de la comunidad autónoma.
El Departamento de Asuntos Sociales, encargado de elaborar el plan, considera que la sensibilización social, la presión política y la denuncia pública suponen los mejores instrumentos para el "fomento y encauzamiento de la participación" de los grupos sociales en la política de inmigración y para erradicar la desconfianza asentada en parte de la población hacia los inmigrantes. En la actualidad, viven en Euskadi cerca de 84.000 extranjeros.
El nuevo plan pretende reforzar y potenciar los ámbitos que ya se incluyeron en el anterior, como la promoción de programas específicos entre los jóvenes. El Observatorio Vasco de Inmigración-Ikuspegi, dependiente del departamento, ya apreció en su última encuesta notas preocupantes en cuanto a la actitud de los vascos hacia la inmigración.
El documento reflejó que los ciudadanos prefieren vivir en barrios con muy pocos inmigrantes. Más de la mitad de los sondeados aseguró que la llegada de extranjeros afecta de forma negativa a la seguridad ciudadana. Los más rechazados son los magrebíes. En cambio, casi un 70% considera que la presencia de niños inmigrantes en las escuelas es un síntoma de pluralidad.
Situación mejorable
Se trata de una desconfianza y un rechazo, más o menos manifiestos, entre algunos sectores de la población vasca hacia determinadas nacionalidades y etnias. El departamento entiende que es una situación mejorable, pero no preocupante en sí misma. "Aunque la encuesta ofrece conclusiones que denotan un recelo o temor por parte de la población autóctona hacia el fenómeno de la inmigración y sus consecuencias, también deja ver actitudes y percepciones positivas con relación a las personas extranjeras", según una respuesta parlamentaria de la consejería.
El primer Plan de Inmigración ofrecía los mismos derechos a los inmigrantes en situación regular y a quienes carecen de permiso de residencia. Concebido hasta el final de 2005, rechazaba la distinción entre ambos que hace la Administración central. El texto establecía que el inmigrante, con o sin papeles, tiene garantizados unos derechos mínimos por el hecho de ser un ciudadano, no porque así lo determine una ley. Esos derechos se centran, fundamentalmente, en el campo del bienestar social: la cobertura sanitaria, la educación, la vivienda y las ayudas sociales.
