La integración y los fraudes, puntos de discordia del decreto de escolarización

El decreto de escolarización redactado por la Consejería de Educación y el Consejo de Gobierno andaluz ha obtenido el apoyo de gran parte de la comunidad educativa. Sin embargo, aún son muchas las opiniones que recelan de una normativa que deja huecos por resolver en ámbitos como los fraudes y la integración social.

El decreto amplía la puntuación para facilitar que los hermanos permanezcan juntos en un centro (este criterio pasa de contar 3 a 6 puntos) y también tiene en cuenta a las familias en situación difícil (dos puntos para las numerosas o monoparentales). Aún así, el criterio que más valora la nueva norma es la proximidad al domicilio, que pasa de ocho a diez puntos en la baremación.

Precisamente, es éste tema el que hace desconfiar a algunos sectores del entorno educativo. Sobre este asunto ya comentaba la consejera de Educación, Cándida Martínez, que "es el Consistorio correspondiente quien debe certificar cada situación" para evitar fraudes. A esto, responden ayuntamientos y afectados. "La consejera echa balones fuera. Esto entra dentro de sus competencias y los ayuntamientos podemos colaborar como ya venimos haciendo, pero no asumir un trabajo que no nos corresponde, porque sería extralimitarnos en nuestras funciones", critica Diego Maldonado, concejal de Educación del Ayuntamiento de Málaga, informa Sergio Mellado.

"Se debería obligar a los ayuntamientos a expedir certificados de convivencia o residencia en el domicilio, y no sólo de empadronamiento. Para lo primero, se debería hacer una comprobación de que efectivamente la familia habita en la casa señalada con el hijo, pero esto conllevaría un trabajo extra de por la policía local que no todos los consistorios están dispuestos a hacer. Quizá la solución sería aportar en el centro escolar, además de esta certificación, documentos que acrediten que se hace vida diaria en el domicilio aportado: recibos de la luz y el agua o pagos a la comunidad", comenta José Adolfo García, el presidente de la Asociación de Inspectores de Educación de Andalucía (Adide).

Por primera vez, este año la gestión del proceso de admisión no la llevará a cabo este colectivo, sino que serán los directores de los centros, a través de las comisiones establecidas al efecto, los que se encarguen de este tema. "No podemos organizar los centros y, además, investigar", argumenta el portavoz de los inspectores.

Mariola Guerra es una de las madres que más han sufrido los conflictos derivados de las estafas es pesimista con la nueva norma: "Este decreto no solucionará los problemas de fraude. Más bien, al contrario: posiblemente aumenten", asegura. Muchos familiares aportan datos falsos para conseguir que sus hijos entren en el centro solicitado (vivienda o situación económica, entre otros) y esto afecta a otros alumnos cuyos padres sí proceden con regularidad. Guerra y otra treintena de padres organizaron el año pasado una plataforma para conseguir que sus hijos entraran en el centro que por zona les correspondía: el colegio concertado de Los Padres Blancos, en Sevilla. La plataforma logró destapar casi 400 fraudes en 2006.

"Hay gente que puede declara unos ingresos pero contar con propiedades que no cuentan en el baremo. Otros se empadronan en Sevilla y aportan el domicilio de los abuelos. Incluso, hay padres que, gracias al divorcio express, se separan y cuentan como familias monoparentales para después casarse de nuevo", denuncia esta mujer. En su opinión, deben extremarse las medidas preventivas para lo que sería necesario solicitar más certificados.

Pilar Triguero, presidenta de la Confederación de Padres andaluces (CODAPA), que ha participado en las aportaciones a la Junta para la creación de la ley, es más optimista: "El proceso está cada vez más normalizado, por eso, no creo que haya tantos fraudes este año", comenta.

Otro de los factores que preocupan a la comunidad educativa es la integración de los alumnos inmigrantes. "Se reservan plazas para los sectores más desfavorecidos pero el plazo no se mantiene durante todo el año, a pesar de muchos niños inmigrantes llegan de forma intermitente, en cualquier momento del curso", apunta García. La solución es integrarlos en los centros donde aún quedan plazas, que suelen ser los menos solicitados. Patricio Pérez, responsable político de Educación de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, cree que la norma "da las claves para que se produzca la integración", pero que " ha tenido en cuenta a unos colectivos, como las familias numerosas, y no a otros, como los inmigrantes".