La gestión de Nieto altera el equilibrio económico entre las universidades

La gestión del consejero de Empresa, Universidad y Ciencia, Justo Nieto, parece haber alterado el equilibrio económico que tradicionalmente mantenían las universidades públicas valencianas. De forma simplificada, puede decirse que hasta hace poco el dinero que recibía un centro se basaba principalmente, aunque no sólo, en el número de estudiantes que tenía matriculados. Desde que Nieto accedió al cargo, en el verano de 2004, tras dirigir durante 19 años la Universidad Politécnica de Valencia, esa tendencia ha acabado por difuminarse.

Para empezar, la Politécnica se ha consolidado como la universidad valenciana con mayor presupuesto (354 millones de euros para 2007 frente a los 342 de la Universitat de València, a pesar de que esta última cuenta con unos 15.000 alumnos más que la primera). La situación ya se había producido con anterioridad, según los datos facilitados por los centros. Pero mientras en 2006 la diferencia se situó en 1,2 millones de euros a favor de la Politécnica, las del próximo ejercicio se dispararán hasta el récord de 12 millones.

La Miguel Hernández crece un 75% en cuatro años y supera las cuentas de la Jaume I

El cambio más espectacular, sin embargo, ha sido el experimentado por la Universidad Miguel Hernández de Elche. La más joven y más pequeña de las cinco, cuyo presupuesto se ha incrementado un 75% en los últimos cuatro años, pasando de 60,4 millones de euros a casi 106 millones. Elche, por el camino, ha superado largamente el presupuesto de la Jaume I de Castellón (87,5 millones para 2007) sin que haya ocurrido lo mismo con el número de alumnos. Según la Guía de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia, con datos del curso 2005-2006, la Miguel Hernández tenía 10.014 alumnos matriculados en primero y segundo ciclo; y la Jaume I, 13.330.

Tanto la universidad de Castellón como la de Alicante han registrado un ligero descenso en sus presupuestos para el año que viene. En ambos casos, sus consejos de gobierno han apuntado como explicación a las nuevas fórmulas de inversión diseñadas por la consejería. Los apuros económicos del Consell llevaron a Nieto a buscar nuevas fórmulas para financiar la construcción de las infraestructuras docentes y científicas. En el primer caso, se aprobó sufragarlas a través de la concesión administrativa: la construcción de los edificios correría a cargo de empresas que las alquilarán después a las universidades. La Generalitat se comprometió a pagar los alquileres.

Para las infraestructuras científicas, se acordó algo similar a un préstamo participativo a 50 años, en el que el Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (Impiva) actuaba como prestamista. Nieto, en todo caso, adelantó que él se opondría a que las universidades tuvieran que devolverlo alguna vez.

Los rectorados de Alicante y Castellón explicaron que sus presupuestos descendían como consecuencia de haber dejado fuera de ellos esos capítulos de inversiones. Y que, de haberlos incluidos, habrían registrado sendos incrementos.

Ese razonamiento puede explicar una parte del asunto, pero deja planteada otra pregunta. En octubre de 2005, el presidente Camps firmó cuatro convenios de infraestructuras, y en marzo pasado la Universitat se sumó al acuerdo. Su complicado desarrollo llevó a que los 152 millones de euros comprometidos para infraestructuras docentes fueran finalmente concretados en septiembre a través de la fórmula de la concesión administrativa, lo que implicaba que grandes constructoras serían durante décadas las propietarias de los edificios. Todas las universidades lo aceptaron menos la Politécnica, que prefirió pagar con su propio dinero lo que costaban, con el compromiso de recuperarlo en algún momento de la Generalitat.

Algunos dirigentes universitarios dijeron entonces que también a ellos les hubiera gustado construir sus propios edificios. Pero que en sus arcas no había 30 millones de euros.