Miles de casas ilegales en decenas de municipios

La proliferación de viviendas ilegales es una realidad palpable en el urbanismo valenciano. El fenómeno no es nuevo y se extiende de norte a sur de la Comunidad Valenciana. Sea en la costa, en el interior o en plena huerta, se han levantado a partir de los noventa miles de casas, en suelo no urbanizable y sin licencia. Municipios como Orihuela, gobernado por el PP, acumulan más de 30.000 casas irregulares. El Consell ha tomado cartas en el asunto y ha intervenido las normas urbanísticas de Catral, gobernado por el PSPV, con un número de casas ilegales menor que el caso oriolano. La suspensión de las competencias urbanísticas por primera vez en la historia a un Ayuntamiento ha motivado una reunión urgente del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.

San Miguel de Salinas acumula 11 iniciativas urbanísticas ilegales con unas 200 casas

Las edificaciones se han levantado a la vista de cualquiera y en suelo no urbanizable

El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Juan Castillo Carpio, justificó la convocatoria urgente de la junta del gobierno del colectivo profesional -prevista para la jornada de hoy en Alicante- ante la "gravedad de la situación y en previsión de futuros acontecimientos". Castillo alude así a las irregularidades urbanísticas de otros municipios desveladas por los medios de comunicación.

Las edificaciones ilegales son una constante en el urbanismo valenciano. El primer repunte del fenómeno se produjo con el tardofranquismo. Ninguna de esas edificaciones -uno de los casos más llamativos fue el Marjalería, en el término de Castellón- se demolió. Las casas se legalizaron mediante posteriores convenios urbanísticos.

En plena democracia y al socaire del boom inmobiliario, de nuevo comenzaron a proliferar las edificaciones ilegales. Los puntos elegidos por los promotores para levantar urbanizaciones al margen de la legalidad fueron, otra vez, la costa y el suelo agrícola.

En el sur de la Comunidad Valenciana los ejemplos más llamativos de este urbanismo al margen de la ley, aparte del caso de Catral, son los municipios de Orihuela, San Miguel de Salinas y Callosa de Segura. El primero gobernado por el PSPV y los tres últimos, en manos del PP. En Castellón, la propia capital, Oropesa y Nules ofrecen ejemplos de edificaciones ilegales.

ORIHUELA. Casas y urbanizaciones ilegales

En el término de municipal de Orihuela, uno de los más extensos de la Comunidad Valenciana, según cálculos de la oposición, se ha levantado en los últimos 20 años unas 30.000 casas de manera ilegales. La mayoría están ubicadas en las partidas rurales de las pedanías. En este apartado se incluye una casa de la actual concejal de urbanismo, Eva Ortiz. La colonización urbanística de la costa oriolana, a partir de los ochenta, también ha ido acompañada de la edificación de urbanizaciones enteras ilegales. Entre estas últimas se sitúan los PAU 1 y 8 y la Urbanización El presidente. La irregularidad más común en todos los casos ha sido la construcción en suelo no urbanizable y de especial protección. La adjudicación de planes urbanísticos de estas características a promotores locales es el eje de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción al Consistorio. Los supuestos hechos delictivos han acarreado la imputación del alcalde, José Manuel Medina, en el cargo desde 1996. Medina ha anunciado que no opta a la reelección.

SAN MIGUEL DE SALINAS. Una mansión en un monte protegido

El municipio de San Miguel de Salinas, contiguo a Catral, acumula hasta 11 iniciativas urbanísticas ilegales, con más de dos centenares de viviendas. Todos estos supuestos han sido denunciados a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel.

Los dos proyectos urbanísticos irregulares más destacados son la construcción de un campo de golf en suelo no urbanizable y una mansión en la cima de un monte protegido, en concreto en la partida de Cabezo Mortero. El campo de golf se construyó en 2004, dentro del entorno de área de protección de Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor. El Ayuntamiento le concedió a posteriori licencia para movimiento de tierras y vallado e ignoró la existencia del campo de golf.

La lista de ilegalidades urbanísticas en San Miguel de Salinas se completa con la construcción de dos bloques de viviendas, promovidos por una firma propiedad del juez de paz de la localidad, que no se ciñen a la licencia concedida y la urbanización Lago Azul, levantada en suelo no urbanizable.

ALMORADÍ y DOLORES. Más casas en suelo agrícola

Los términos municipales de Almoradí y Dolores también acumulan un importante número de casas ilegales levantadas en suelo rústico (unas 3.000 entre ambos municipios, según datos de colectivos conservacionistas).

CALLOSA DE SEGURA. Naves industriales sin licencia

En la localidad de Callosa de Segura, también en la comarca de la Vega Baja, las ilegalidades urbanísticas más importantes son las derivadas de la construcción de naves industriales en suelo agrícola (unas 200, según datos facilitados por la oposición).Este municipio, el hermano del concejal de Hacienda, Gaspar Serrano, también está construyendo una casa ilegal en plena huerta, sin que se haya ordenado su paralización y derribo, precisan los socialistas.

CASTALLA. 500 casas sin luz ni agua

En la localidad de Castalla, gobernada por el PP, se ha levantado la segunda fase de urbanización, integrada por unas 500 viviendas, sin licencia de obras. La obra tampoco dispone de la declaración de impacto ambiental favorable, y no tiene ni luz ni agua corriente.

CASTELLÓN. Legalización del caos

En la provincia de Castellón, según el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen), la "inmensa mayoría" de los municipios alberga construcciones fuera de ordenación, claramente ilegales. Destacan algunos ejemplos, y sobre todos ellos el de la Marjalería de la ciudad de Castellón, con más de 3.000 viviendas ilegales. Un acuerdo firmado entre el Ayuntamiento gobernado por el PP y la Generalitat posibilitará la legalización de este caos urbanístico una vez se ejecute el plan parcial aprobado para ello. En cualquier caso, el PP legalizará alrededor de 2.000 construcciones, mientras que cerca de otro millar quedará fuera de ordenación. Estas casas seguirán siendo viviendas ilegales aunque no se emita orden de derribo alguna. Sin embargo, éste no es el único caso en la capital de La Plana. En el llamado camino El Serradal existen otras 300 edificaciones que se han levantado sobre suelo no urbanizable, a la vista de cualquiera y sin que por ello se haya llevado adelante actuación alguna. Además, la Generalitat es también consciente de la existencia de otras tantas viviendas construidas sobre suelo no urbanizable agrícola en una zona cercana al distrito marítimo, en dirección al colindante término de Almassora, donde el propio Consell promueve la construcción de un gran parque industrial. Muy cerca de esta área pero en dirección norte, entre las avenidas del Mar y Hermanos Bou, se pueden contabilizar alrededor de medio millar de viviendas más que fueron construidas sobre suelo no urbanizable de forma impune.

NULES. Ladrillo en el marjal

En otro marjal de valor ecológico, en Nules, la proliferación de viviendas ha sido palpable en los últimos años, sobre todo después de que se aprobara el catálogo de zonas húmedas que incluía una parte de esta zona como intocable. Aunque la superficie a proteger quedó, finalmente, reducida, hay construcciones que han quedado fuera de ordenación, según el colectivo Quatre Camins. Todo pese a que el propio presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ofreciera a los consistorios los servicios jurídicos de la institución provincial con el fin de recurrir contra el catálogo de humedales protegidos.

ALMASSORA. Núcleo reconocible

Otro de los puntos en los que las viviendas ilegales componen un núcleo reconocible y definido es en la desembocadura del Río Mijares, en el término municipal de Almassora.

OROPESA. Pisos sobre el cámping

La localidad de Oropesa tampoco se queda al margen en la lista de ayuntamientos que ven crecer viviendas ilegales sobre su suelo. En este caso, del que tiene constancia la Consejería de Territorio, ya que denegó una licencia, existen cerca de 600 apartamentos ilegales, distribuidos en dos bloques. El suelo, para el que el Ayuntamiento de la localidad trata de variar el uso, está calificado como dotacional privado para uso exclusivo de cámping. Así lo atestiguan un informe de la secretaria del Ayuntamiento oropesino, dos escritos del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y dos requerimientos realizados por el departamento de Urbanismo dependiente de la Consejería de Territorio. Sin embargo, ni el equipo de gobierno municipal, del PP, ni la Administración autonómica han impuesto sanción alguna, con lo que el Consistorio mantiene la tramitación para levantar un tercer bloque, en el que se pretenden construir otras 300 viviendas.