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Columna
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Última ratio

La política en materia de siniestralidad laboral, considerada como uno de los objetivos prioritarios de todos los gobiernos tanto estatales como autonómicos, está reflejando una cierta ineficacia. Desde 1995, en el que se publica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los accidentes graves, lejos de disminuir, han aumentado. En lo que va de año, más de 1.000 trabajadores han muerto en todo el Estado, de los que 216 han sido en Andalucía, lo que enseña una realidad frente a la que no cabe ni la autocomplacencia ni la justificación pues, si nos amparamos en ellas, estaremos aceptando que las actuaciones que se están abordando son las acertadas y seguirán aumentando los accidentes. Son reflexiones que surgen con esta realidad siniestra de fondo y al hilo de algunas manifestaciones políticas que se han venido dando en estos meses.

Han destacado como causas de mortalidad el accidente "in itinere" o las dolencias cardíacas. También, las manifestaciones que realizaron los secretario generales de UGT y CC OO en Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, pidiendo a los jueces dureza contra la siniestralidad, o la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, por la que se condena con prisión a un empresario, a un arquitecto y a dos personas más, que ha parecido como si fuera la salvadora de tanta muerte.

Una apelación, la de la intervención penal del Estado, que, de por sí, ya es un fracaso. El Derecho Penal es la última ratio. Es solo una opción del sistema político y la respuesta final que solo debe actuar cuando la política preventiva no ha sido bastante para evitar la comisión de delitos. No cabe acudir al derecho penal ni a los jueces de forma generalizada para que con sentencias ejemplarizantes nos adviertan y nos enseñen a ser buenos. Al derecho penal hay que acudir en casos excepcionales; cuando las medidas preventivas, sean legales o reglamentarias, que son suficientes, se ignoran y se vulneran. El derecho penal, en su aplicación, no impide los accidentes, solo reparan sus efectos.

Parece, por la legislación que en cascada se viene dando desde 1995, que los aspectos legales están ya cubiertos y que la prevención normativa es un hecho. Si la normativa es suficiente, y todos coinciden en que sí, lo que falla es su control. Una inobservancia preventiva en origen que provoca cada vez más muertos. Es pues, desde aquí, desde donde hay que abordar la siniestralidad. En su origen, en el propio tajo; y al tajo no van los jueces. Sistemas judicial y fiscal que, en estos últimos años, han sido sensibles ante esta tragedia laboral. La propia sentencia de la Audiencia Provincial -cinco años después del accidente-, que ha sido considerada pionera para que, empresas y facultativos en general sepan que hay incumplimientos en prevención con relevancia penal, ilustra esta afirmación. La creación última de la figura de los fiscales especialistas en materia laboral también.

De ahí que siga pensando que esta realidad se aborda por el final y por lo que se esta leyendo -se dice por fiscales y jueces que no conocen el parte de lesiones, que las familias por dinero renuncian o no colaboran con la justicia- se puede decir que estas manifestaciones, aún siendo matizadamente ciertas, pueden servir como una justificación más que no impida que los accidentes disminuyan.

Y entiendo que no caben más justificaciones porque, ante cualquier accidente, existe un parte de lesiones o de muerte y un centro de trabajo. Una presencia inmediata en el centro para investigar; unos partes de lesiones librados a los juzgados por los médicos de los colaboradores de la seguridad social; una presencia del fiscal en todos los pleitos sociales en los que se discuta si se impone el recargo de prestaciones por infracción de medidas de seguridad -actualmente no prevista- o la remisión por parte del INSS a la fiscalía de los expedientes en los que se analizan la existencia de infracciones laborales, ayudarían a que muchos casos no quedaran impunes y actuaría el Derecho penal como lo que es. La última ratio de un sistema que ha decidido hacer de la prevención, y no de la represión, su política de seguridad laboral.

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