Alonso se compromete ahora a frenar un 'pelotazo' en la principal obra de Vitoria

Con vehemencia inusitada, el alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, se comprometió ayer a utilizar todos los medios, incluido el recurso a los tribunales, para que las constructoras que están remodelando la céntrica parcela de la plaza de toros de la ciudad (35.000 metros cuadrados) cumplan con el proyecto con el que ganaron el concurso. La reacción viene motivada por las dudas de toda la oposición de que el equipo de gobierno del PP no estaba haciendo todo lo posible para frenar el que se presentaba como el último pelotazo inmobiliario de Vitoria: el aumento de 3.001 a 7.998 metros cuadrados de suelo destinado a apartamentos tutelados, que se van a vender a 3.600 euros el metro cuadrado.

Alonso compareció en la comisión municipal de Urbanismo a petición del PNV y el PSE y reivindicó su honradez ("he llegado a este Ayuntamiento con las manos limpias, y con las manos limpias saldré de él", enfatizó) ante las críticas que ha levantado su gestión del proyecto de reforma de la parcela de la plaza de toros, una céntrica manzana de 35.000 metros cuadrados entre las calles Florida y Los Herrán. El proyecto supondrá una inversión total de 90 millones y ya ha supuesto para las arcas municipales el ingreso de 7,3 millones en metálico. Además, la ciudad ganará un pabellón mutiusos, una plaza pública de 12.000 metros cuadrados y un edificio de 500.

A cambio, las empresas promotoras se reservan la gestión de un bloque de 98 viviendas de lujo y otro dedicado a usos terciarios, oficinas y apartamentos tutelados.

Es en éste último donde ha saltado la polémica por la intención de la unión formada por las constructoras FCC y Urco-Urbasa de aumentar el suelo destinado a este equipamiento de 3.000 a 8.000 metros cuadrados, operación de la que el equipo de gobierno no había informado al resto de los partidos del consistorio y que supondría jugosas plusvalías inesperadas para estas empresas. Las ganancias se triplicarían: los ingresos pasarían de 10,8 millones de euros a 28,8 millones.

Los informes técnicos municipales ya habían advertido de las irregularidades de esta ampliación, lo que llevó al concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, a denegar la licencia de construcción el pasado 10 de marzo. Las empresas alegaron que el Ayuntamiento había reformado el Plan Especial de Reforma Interior de esta parcela entre julio y diciembre de 2005, después de que ganasen el concurso, lo que les permitía la posibilidad de edificar en una horquilla de entre 3.000 y 8.000 metros cuadrados y variar su proyecto. Un informe jurídico encargado por el equipo de gobierno dió a principios de este mes la razón a las constructoras.

Cuando el martes pasado trascendió el conjunto de la operación, el alcalde llegó a afirmar que, al final, el Ayuntamiento tendría que dar la licencia a FCC y Urco-Urbasa.

"Ninguna negociación"

Las reacciones no se hicieron esperar: el único proyecto de cierta envergadura del consistorio desde que lo gobierna el PP también caía en desgracia, en esta ocasión por la aparente ausencia de preocupación que mostraba el primer edil por los intereses de Vitoria y la indiferencia con la que acogía el repentino beneficio que iban a obtener las constructoras.

La oposición deploró que Alonso no hubiese revelado las pretensiones de las empresas en un proyecto tan importante y no se indignase ante una operación que apuntaba tan claramente al enriquecimiento privado. Sus asesores le han aleccionado al parecer en los dos últimos días. Si el martes, mientras bostezaba (como recogía la grabación de la SER), veía casi inevitable la otorgación de la licencia de construcción de los apartamentos tutelados, ayer afirmó, enérgico, que todo el equipo jurídico del Ayuntamiento está trabajando para impedirlo. "No vamos a abrir ningún tipo de negociación con las empresas", recalcó.

Es más, anunció que el consistorio cuenta con 90 días para responder a las alegaciones de las constructoras y que se ha acudido al Plan General de Ordenación Urbana, que cifra como máximo en 38.000 metros cuadrados la edificabilidad de esa zona, "mientras que la nueva propuesta de FCC y Urco-Urbasa alcanza los 40.000", apuntó."No dudamos en acudir a los tribunales, si fuera necesario, con el fin de que se cumpla lo pactado; sin ir más lejos, que entreguen la plaza de toros para julio, tal y como establece el contrato", concluyo.

Al portavoz nacionalista, Mikel Martínez, no le valió el giro de 180º del alcalde y se mantuvo en su propuesta inicial de que hay que rescindir el contrato. El socialista Patxi Lazcoz, quien respaldó al equipo de gobierno al comienzo de este proyecto, se mostró satisfecho por el cambio de decisión.