La policía detiene por el 'caso Marbella' a dos directores generales de filiales de FCC

La policía detuvo ayer a Joaquín Martínez-Vilanova, director general de la empresa FCC-Connex, y a José María Pérez Lozano, director general de la compañía CTSA, a quienes acusa de presunto cohecho en el llamado caso Marbella. Ambos son, a su vez, los máximos ejecutivos de la empresa de transporte Portillo, que gestiona la estación de autobuses de Marbella y opera en toda la Costa del Sol. Al principio de la operación, el juez ya ordenó detener, también por cohecho, al gerente de Portillo, Julio de Marco, que quedó en libertad bajo fianza.

Los dos ejecutivos fueron detenidos ayer en Madrid y trasladados a Marbella para ser puestos a disposición del juez Miguel Ángel Torres, que instruye el caso. Fuentes de la empresa FCC-Connex, división de Fomento de Construcciones y Contratas que opera en España el transporte privado de viajeros a través de dos empresas -CTSA (Corporación Española de Transportes) y Detren (Compañía General de Servicios Ferroviarios)-, confirmaron la detención pero rehusaron hacer comentarios.

La investigación sobre estos dos arrestados, que eleva a 27 el número de detenidos en la operación Malaya, se centra en las supuestas gestiones realizadas sobre la estación de autobuses de Marbella. La compañía llegó a un acuerdo de permuta con el Ayuntamiento sobre los terrenos de la antigua estación, en pleno centro de la ciudad, donde se alzó un edificio cuya licencia impugnó la Junta de Andalucía.

Portillo es la empresa de transporte cuyos autocares de color azul unen desde hace decenios los municipios costeros malagueños. Dispone en la actualidad de una flota de 146 vehículos y una plantilla de 550 trabajadores que transportan casi 19 millones de viajeros anuales. En 2001, fue adquirida por CTSA, que pagó 60 millones de euros.

FCC-Connex forman un grupo de transporte del que son copropietarios a partes iguales FCC y la empresa francesa Veolia Enviroment. El director general de FCC-Connex, Joaquín Martínez-Vilanova Martínez, es ingeniero de caminos y con anterioridad fue director general de Transportes de la Comunidad de Madrid, presidente de FEVE y directivo de Iberia, donde fue presidente de Binter Canarias y Binter Mediterráneo. Además, ha sido Premio Nacional de Urbanismo por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.

Mientras, la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, seguirá de momento en prisión. El juez Torres denegó ayer su libertad para Yagüe, solicitada por su abogado, Pablo Luna. El juez argumentó que la anterior regidora deberá permanecer encarcelada "por el riesgo de fuga" ante la investigación policial, informa Javier Martín-Arroyo. El fiscal anticorrupción ha pedido al juez Torres que mantenga en prisión a todos los encarcelados en la operación Malaya. El antecesor de Yagüe en la alcaldía, Julián Muñoz, por su lado, aún no había recibido ayer la notificación para que ingrese en prisión antes de cinco días por el caso Banana Beach, por el que fue condenado a seis meses de cárcel.

El presidente de la comisión gestora de Marbella, Diego Martín, aseguró ayer que "probablemente" se retirarán la mayoría de los 700 recursos contencioso-administrativos que mantiene el Ayuntamiento contra impugnaciones de la Junta por licencias urbanísticas municipales.

Por otro lado, la Tesorería General de la Seguridad Social se ha personado como acusación particular en condición de perjudicada en el llamado caso Malaya o Marbella, por una deuda de 177 millones de euros, según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De la citada deuda contraída por la corporación con la Seguridad Social, el 55% corresponde a deuda por cotizaciones de la corporación municipal y el resto, a deuda por el mismo concepto de empresas municipales de Marbella.