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LA CRÓNICA
Columna
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Memorial de agravios

El Síndic de Greuges, el profesor Bernardo del Rosal, ha presentado esta semana a las Cortes Valencianas su informe anual, correspondiente a 2005. Es su último informe, pues hoy mismo cesa en el cargo, a pesar de que hubiera aceptado prolongarlo, según ha declarado, y de que lo ha honrado en su desempeño. Pero el Gobierno prefiere sustituirlo y ya han circulado los nombres de algunos candidatos, quizá con el propósito de testar el parecer de los grupos parlamentarios que habrán de consensuarlo. Sea quien fuere el elegido se encontrará con una institución más consolidada, como revela el número creciente de ciudadanos que recurren a ella y el mayor crédito que ha conseguido frente a las administraciones públicas. A nuestro juicio, el alto comisionado saliente ha contribuido con mérito a ese proceso.

El informe, en coherencia con las funciones de la sindicatura y los precedentes del mismo, es como viene siendo un repertorio de necesidades vecinales, incumplimientos públicos y propuestas formulado a raíz de la acción de gobierno de la Generalitat. Con pocas diferencias, la nómina de agravios suele incidir cada año en los mismos capítulos, que son a la vez los que más atañen a los administrados, si bien resulta significativo el énfasis que el Síndic pone en sus consideraciones, y del que se colige la agudeza o apremio de los problemas o la preocupación social que suscitan.

Ya se adivina, pues, en qué asuntos abundan más los agraviados. Con éste u otro orden, y sumariamente evocados, aparecen la sanidad y las listas de espera, que ya constituyen una lacra crónica y acaso insuperable del sistema, además de la recurrente desatención -por escasa- a los enfermos mentales; la enseñanza, con la indisimulable "proliferación" de barracones o la falta de docentes especializados; el medio ambiente y la contaminación acústica, cuya mención por parte de la sindicatura es un exponente de la relevancia de este fenómeno junto a la morosa respuesta de las autoridades, vencidas a menudo por su propia irresolución.

E inexorablemente aborda el urbanismo y la vivienda, que han polarizado el mayor número de quejas. En este apartado opina que algunas de las "cosas que están pasando" -y que cabe describir genéricamente como abusos o desmanes- podrían haberse impedido de seguirse sus consejos. Es un parecer tan plausible como cándido. Entendemos que para frenar la vorágine especuladora y predadora hace falta mucho más que la buena voluntad de esa institución, meramente informante de un Gobierno que no sólo es parte del problema, sino el problema mismo a menudo por su complicidad con el magma de los intereses. No se puede resolver con tiritas morales lo que requiere rigor y Código Penal.

El informe, a la par con los aspectos discutibles que pueda presentar, tiene la cualidad de ser una apelación al realismo -y también a la humildad- cuando tan en boga está un discurso desmedido por lo eufórico acerca de las bondades y expectativas de esta Comunidad. Tal optimismo no es una actitud exclusiva del PP, sino común a todos los gobiernos que se han sucedido, vacunados contra la más leve autocrítica. En esta ocasión -y no ha sido la única- el profesor Del Rosal ha recogido el parecer de los quejosos o agraviados, señalando sin demagogia ni veladuras las fallas de un progreso cuyo exponente más auténtico es la cota de bienestar social y no la espectacularidad de unos hitos píos, deportivos, o unos alardes arquitectónicos, ya sean de cemento blanco o de sillar, como las pirámides.

Lo cual nos remite a otra cuestión que el Síndic ha planteado a modo de legado, y es el aconsejable reforzamiento de la institución como pieza estatutaria de la Generalitat. En este sentido se nos antoja oportuna la propuesta que ha hecho para que el cargo no sea reelegible, con lo que se fomentaría la independencia de su titular, que no ha de ganarse la continuidad bailándole el agua al Gobierno. Y dicho esto debemos anotar que el mismo Del Rosal ha proclamado que no ha recibido ninguna presión a lo largo de su mandato. Quizá por ello han sido más expresivos los parabienes de la oposición que los del Consell, siempre renuente a que le tiren de la oreja y le trastornen su arcádico discurso.

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LA MISMA LENGUA

No cabe en esta nota la mención de las instancias judiciales y científicas que han reconocido el color del caballo blanco de Santiago. Esto es, que el valenciano y el catalán son la misma lengua, enriquecida con sus diferencias dialectales. El último pronunciamiento, claro como un vaso de agua clara, ha sido del Tribunal Supremo, pero el Consell, obstinado, se resiste a la evidencia. De ser coherente, lo que debe hacer es repudiar al alto tribunal y blindarse, como dice, en la ficción, la falacia electoral y el Estatuto. Al fin y al cabo, el meollo del problema no es ya, o lo es en muy menor medida, el nombre y naturaleza de la lengua, sino que ésta se desvanece por estos pagos.

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