5.000 trabajos por la comunidad

Las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad han crecido de forma espectacular desde que se introdujeran como pena en la reforma del Código Penal de 1995. En 1996 se puso sólo una condena de este tipo, y el año pasado, cerca de 5.000. Pero tan espectacular como el incremento de sentencias es el número de las que no se cumplen: menos de un 20%. Las listas de espera van de dos meses a un año. Todas las partes que participan en el proceso dan distintas versiones del porqué de ese desfase de cifras.

"No es un problema de falta de recursos. Puede ocurrir que el penado esté cumpliendo una condena anterior, que ponga pegas porque está trabajando o que conmute la pena por una multa", asegura Virgilio Valero, subdirector general de Tratamiento y Gestión Penitenciaria. Aparentemente, tampoco es un problema de plazas. Instituciones Penitenciarias mantiene un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, que le ofrece 3.250 vacantes. En total, con las que suman instituciones sociales como Cáritas o Cruz Roja, casi alcanzan las 5.000.

"Estamos un poco perdidos. No esperábamos la que se nos ha venido encima. El sistema está tan saturado que el juez tiene que poner condenas por un tubo; no le da tiempo a evaluar el carácter del delincuente y nosotros no somos ni médicos, ni psiquiatras. El otro día nos llegó una persona esquizofrénica. ¿Cómo voy a saber yo qué trabajo le conviene más?", se quejaba un funcionario de los servicios sociales penitenciarios.

María Jesús Coronado, juez de la Audiencia Provincial de Madrid y ex juez de menores, asegura: "Queda mucho por hacer. Para los servicios sociales penitenciarios, los que deciden quién va a qué sitio, ha sido una avalancha y el penado hay veces que tampoco pone mucho de su parte. En mi opinión, nos hace falta tiempo, rodaje para lograr con este tipo de condenas los mismos resultados que con los menores. Con ellos también costó mucho empezar", recuerda.

Valero reconoce que están tratando de incorporar "más personal y más especializado" a los centros penitenciarios y anuncia un boom de las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad con la implantación, en julio, del carné por puntos. De momento, el 70% de las condenas de este tipo son para delitos de violencia de género (amenazas o lesiones leves). "En esos casos, se entiende que es interés de la sociedad modificar la actitud de los maltratadores", asegura Coronado. "Es un tratamiento de seis meses a un año, y tratamos que comprendan por qué han llegado aquí", explica Elena Varela, psicóloga de Amikeko, que imparte estos tratamientos en Madrid.