Más de la mitad de los pensionistas catalanes viven por debajo del umbral de la pobreza, asegura UGT

¿Es posible vivir con menos de 500 euros al mes? En Cataluña, más de 760.000 personas lo intentan; esto es, alrededor del 10% de la población. Lo peor de esta situación de "pobreza y marginación" es que cada vez más está descalabrando a más personas mayores.

La unión de jubilados y pensionistas de la UGT denunció ayer que el 53,6% de los pensionistas catalanes -766.408 de un total de 1.436.255- percibieron el año pasado una prestación inferior a 499,99 euros, el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), nivel que hasta la fecha se considera umbral de la pobreza. Sólo el alquiler mensual medio alcanzó, en 2004, los 620 euros, según datos del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda.

Más de 760.000 pensionistas perciben menos de 500 euros, y el alquiler cuesta 620

El 18% de la población catalana se encuentra en riesgo de exclusión social, según Bienestar

El porcentaje es incluso superior en la provincia de Lleida, donde las pensiones inferiores a 500 euros alcanzan casi el 75%, y en Girona y en Tarragona, donde el guarismo se sitúa en el 60%.

El sindicato, que advierte también de la precaria situación de los trabajadores autónomos (el 72% de los casi 191.000 existentes cobran menos de 500 euros al mes) y de las personas viudas (el 70% de las 366.900 pensiones son inferiores a esa cantidad), considera "mucho más crítico" el caso de las pensiones no contributivas: casi 60.000 pensionistas en Cataluña percibieron una renta mensual de 275 euros.

Por ese motivo, el colectivo de jubilados y pensionistas de la UGT, que hoy celebra su tercer congreso, exige medidas para erradicar la situación de pobreza y marginación social.

Además de solicitar al Gobierno central que siga incrementando las pensiones mínimas (jubilación e incapacidad, viudedad, orfandad, algunas no contributivas y SOVI) por encima del encarecimiento del coste de la vida (medido por el IPC), reclama a la Generalitat que controle de una vez por todas la inflación, que "compense a los pensionistas que les hace perder, año tras año, poder adquisitivo" y que "aborde de forma seria la aplicación de los mecanismos para superar las situaciones de pobreza económica y marginación social".

Antes de finalizar 2005, el Gobierno catalán ya aprobó un proyecto de ley -está previsto que el Parlament lo apruebe durante el primer semestre de este año- para completar los ingresos de las personas con menos renta y garantizar por ley que en 2006 nadie perciba menos de 7.136 euros al año, según la cantidad concertada con los agentes sociales. La guía base será un nuevo indicador, el de renta de suficiencia (IRS), que viene a ser un IPREM catalán medido en términos anuales.

El Departamento de Bienestar y Familia también reorientará las pensiones del Programa Interdepartamental de Renta Mínima de Inserción (PIRMI), que la Generalitat concede a personas o familias que no perciben otro tipo de prestaciones y que se encuentran en situación de exclusión sociolaboral.

La Generalitat ha constatado que este tipo de prestaciones, de las que se beneficiaron el año pasado 13.000 familias catalanas, constituyen una buena herramienta de lucha contra la exclusión, aunque para el 50% de los beneficiarios no se ha conseguido el objetivo de integración y de incorporación al mercado laboral que se buscaba. Se trata, según la consejera Anna Simó, de casos de "exclusión endémica", entre los que citó personas con problemas mentales asociados, personas de etnia gitana y familias monoparentales con hijos pequeños a su cargo.

Para estos beneficiarios, dijo Simó, esta prestación económica, de una media de 350 euros mensuales, se ha convertido en un servicio asistencial y no ha logrado darles más autonomía, de manera que se hace necesario complementar estas ayudas con otro tipo de medidas. "Renta mínima, sí, pero con más recursos de apoyo", resumió la consejera, que destacó que la lucha contra la exclusión no debe limitarse a las ayudas económicas y ha de contemplar los cambios que se han producido en Cataluña en los últimos años.

Así, mientras el número de personas en situación de pobreza extrema ha ido reduciéndose, la denominada pobreza relativa, es decir, las situaciones de riesgo de exclusión y vulnerabilidad, han aumentado a causa de la precarización del empleo, el aumento de las familias unipersonales y monoparentales (económicamente más frágiles) y la insuficiencia del sistema público de pensiones. Según cálculos de Bienestar y Familia, el 18% de la población catalana se encuentra en riesgo de exclusión.