Consejo provocador

A menos de un año de concluir su mandato -en noviembre próximo-, el quinto Consejo General del Poder Judicial de la democracia, elegido bajo mayoría absoluta del Partido Popular, parece dispuesto a no desaprovechar el tiempo para subrayar su radical disidencia de la mayoría gobernante emanada de las urnas el 14 de marzo de 2004. No cabe interpretar de otra manera su obstinación en sacar adelante un informe contra el proyecto de Estatuto catalán que supone un desafío en toda regla al Congreso, que hace un mes le requirió expresamente para que se abstuviera de emitir cualquier dictamen al respecto.

Nunca el Consejo había llegado a un grado tal de sectarismo en sus 25 años de historia, por otra parte no demasiado modélicos en cuanto a su funcionamiento. Se comprende el escaso aprecio que tienen los españoles de la actividad del CGPJ, según los sucesivos barómetros demoscópicos de la propia institución. Pero nunca la institución había estado dominada por una mayoría de vocales tan ideologizada y parcial y por un presidente tan alejado de su función institucional de mediación como predispuesto a enarbolar él mismo la bandera de la confrontación. Hernando se comportó ayer más como el jefe de una facción que como presidente de un órgano constitucional, aportando su voto decisivo a una iniciativa que supone un claro desplante y una provocación al Parlamento. El presidente del Consejo rompía así su propia palabra comprometida en público, en el sentido de que El CGPJ no abordaría el informe sobre el Estatuto catalán para no interferir en las negociaciones políticas en curso.

Hernando negó recientemente legitimidad al Parlamento para controlar la gestión del CGPJ, porque, a su juicio, representa más a las mayorías partidarias que a la voluntad popular. Es posible que ese pintoresco argumento, impropio de alguien que está obligado a conocer el funcionamiento de la democracia parlamentaria, refleje una cierta añoranza por el sistema de representación corporativa de antaño. Pero expresa, sin duda, el interés de Hernando para que el órgano que preside funcione sin control democrático alguno y pueda hacer lo que le venga en gana. Por ejemplo: hacer los informes que juzgue convenientes y al margen de las instancias legitimadas para pedírselos, que son el Gobierno y el Parlamento. La actuación de Hernando y de los nueve vocales que aprobaron ayer el informe sobre el Estatuto catalán desborda sus competencias, constituye una provocación al Parlamento y no va a ninguna parte. ¿Para qué podría servir un informe sin destinatario institucional y que, además, versa sobre un texto ya superado, si no es para tensar aún más el debate político sobre el Estatuto?