Defensa de la Guardia Civil de Almonte
En los tiempos actuales no es normal que un colectivo como la Guardia Civil haya tenido que recurrir a darse de baja por enfermedad como único recurso cuando ven que no les queda otra salida, como ha sido el caso de la plantilla de los 27 guardias que integran el cuartel de Almonte en la provincia de Huelva.
Es increíble que individuos pertenecientes a una institución tan prestigiosa a la que se le reconocen méritos sobrados por los brillantes servicios conseguidos con aprensiones e incautaciones de droga, detención de delincuentes, desarticulación de bandas mafiosas, detención de pederastas y descubrimiento de redes de pornografía infantil, lucha contra la violencia de género, servicios humanitarios... y un sin fin de actuaciones beneméritas, tengan que verse en esta lamentable situación de acoso por parte del pueblo de Almonte -donde velan por sus intereses y propiedades-. Tengan que convivir a diario con las miradas insidiosas, con el boicot, con la marginación y el odio, extendiéndolo a sus hijos y mujeres, asediándoles hasta el punto de pegar fuego a sus propios vehículos, hacer pintadas en la fachada de la casa-cuartel. Viéndose en la necesidad de recluirse, dado el desamparo e indefensión en el que se encuentran. Todos hemos podido ver el lamentable estado en que se encuentra la casa-cuartel de Almonte, carente de toda medida de seguridad, sin cámaras que filmen su contorno. Las reiteradas veces que habían comunicado esta circunstancia a la Comandancia de Huelva, haciendo caso omiso a la petición. Pero lo más lamentable de estos guardias, o cualesquiera otros, es la precaria situación en que se encuentran. No es normal que una institución con dependencia directa de los ministerios del Interior y de Defensa, cuya misión primordial es la de velar por los derechos y libertades de los españoles, vean, por el contrario, los suyos mancillados, y a la hora de defender sus derechos se encuentren desamparados, como también es inaceptable que no sean oídas las reivindicaciones hechas por parte de su asociación profesional (AUGC). Circunstancia, parece ser, que aún aprovechan los gobiernos para tener siempre una fuerza fiel, sometida y condicionada a su antojo a cambio de un sueldo irrisorio, supeditados a una disciplina castrense de severas normas y leyes cuyo reglamento se encargan de hacer cumplir sus superiores jerárquicos.
De una vez por todas, dejemos que la democracia entre definitivamente en todos los entes del Estado español, sin cortapisas.
