Culpable sin pruebas: una historia mexicana

Una mujer apuñalada en las oficinas de una importante revista estadounidense. El principal sospechoso, el marido de la mujer, huido de la justicia. La familia de la víctima y el policía que dirige la investigación, seguros de que la mató él. Cuatro abogados que han estudiado el caso, convencidos de que todo ha sido un montaje.

El lugar fue México DF; a las 3.15 horas del 4 de julio de 2003, dos coches patrulla se detuvieron ante una casa en la zona residencial de Coyoacán, sede de la delegación en México de la revista Newsweek. Les habían llamado los familiares de Alejandra Dehesa, gerente de la oficina, una mujer de 47 años desaparecida desde hacía día y medio. La policía entró en la casa con cinco agentes, seguidos por tres familiares de Dehesa y el abogado de la familia. Encontraron el cuerpo tendido en un charco de sangre, en un aseo, en posición fetal alrededor del retrete, con un cuchillo de cocina de 35 centímetros clavado en el cuello.

Hoy, Sergio Dorantes sólo tiene dos opciones: o sigue siendo un fugitivo de la ley, o afronta las consecuencias legales, arriesgándose a una sentencia de 50 años

Uno de los abogados más respetados, Alonso Aguilar Zinser, se lamenta de que casos como el de Dorantes revelan el Estado de derecho que hay en el país

El fugitivo, su familia y su abogado insisten en que es inocente con la misma vehemencia con que la familia y el abogado dicen que es culpable

Medio México DF vio las fotografías al día siguiente. Como suele ocurrir en estos casos, la policía sacó dinero de su hallazgo. Dieron a los periódicos el soplo sobre el crimen, y a los pocos minutos había fotógrafos en la casa, en el atestado aseo, disparando sus cámaras sobre el cadáver desde todos los ángulos. En México es habitual que la prensa sensacionalista publique primeros planos de cadáveres.

"¡Cómo nos arrepentimos de pedir a esos policías que vinieran con nosotros a las oficinas de Newsweek!", dice Ana María Dehesa, hermana de la fallecida, que no entró en la casa sino que aguardó fuera con su chófer. "Para cuando llegó el equipo forense, ya había pisoteado el escenario del crimen una docena de personas". Pero ni a Dehesa ni a su abogado, entrevistados en octubre, les cabe ninguna duda sobre la identidad del asesino. Están seguros de que fue Sergio Dorantes, el marido de la víctima, que estaba separado de ella; un fotógrafo free lance de origen indígena, menudo y enjuto, que llevaba muchos años trabajando para importantes revistas de todo el mundo. Dorantes, que ahora tiene 59 años, vive escondido desde enero de 2004, dos semanas después de que se emitiera una orden de detención contra él.

Pésima investigación

El fugitivo, su familia y su abogado insisten en que es inocente con la misma vehemencia con la que la familia y el abogado de la víctima dicen que es culpable. Tres abogados de tres bufetes distintos que han leído el expediente están de acuerdo en que la Procuraduría de la Ciudad de México se equivocó al identificar a Dorantes como "presunto responsable". Pero algo en lo que coinciden todas las partes es en la mala calidad de la labor llevada a cabo por la policía, los juzgados y la procuraduría.

Mientras los políticos se están calentando para empezar un año electoral que promete ser aguerrido, el talón de Aquiles de la incipiente democracia mexicana sigue siendo la ausencia del imperio de la ley, la incompetencia y la corrupción del sistema de justicia. Según una reciente encuesta realizada entre 66.000 mexicanos por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, en México existe tan poca fe en la justicia y la eficacia de la policía, que 9 de cada 10 delitos no se denuncian. Coparmex, la mayor asociación empresarial, publicó en octubre un informe en el que decía que la anarquía endémica estaba dañando la competitividad del país y costándole al año el 15% del PIB.

EL PAÍS ha entrevistado a más de una docena de personas relacionadas con el caso de Alejandra Dehesa, incluido el policía que dirigió la investigación, y ha tenido acceso al expediente de 2.500 páginas. Hay dos factores en los que todos coinciden: que la policía no encontró pruebas materiales en el escenario del crimen que vincularan a Dorantes con el asesinato, y que toda la cuestión de la inocencia o culpabilidad de Dorantes dependía de un testigo.

Para la familia Dehesa existió otro factor agravante. Dicen que era un hombre agresivo. Ana María afirma que su hermana "tenía mucho miedo" de él. Aunque también dice que no entiende por qué. "Ella era más grande que él. ¡Yo no entendía por qué tenía que tener miedo de semejante insecto!".

Sergio Dorantes nació en 1946 en una familia pobre del pueblo de San Martín Xochinahuac. Fue un escolar excepcionalmente capaz y consiguió entrar en una de las principales escuelas públicas de la capital. Allí aprendió inglés por su cuenta y obtuvo una plaza en la Universidad Nacional Autónoma de México. Asqueado por el racismo que encontró allí, abandonó los estudios y se fue a Inglaterra a los 24 años. En los 18 años que vivió en dicho país, trabajó como ayudante de cocina en un hotel de Londres, luego como mecánico de un equipo de fórmula 1 y, por último, como fotógrafo en la prensa británica. Compró una casa en Londres, se casó, se divorció y volvió a México, donde, a principios de los ochenta, inició una carrera triunfante como fotógrafo. Entre las publicaciones para las que trabajó estaban The New York Times, EL PAÍS, The Sunday Times, Paris Match, Stern y Newsweek. Tenía ocho propiedades en México DF y tres coches.

En México una mujer de la posición social de Alejandra Dehesa no se casaría con un hombre de origen humilde como Dorantes. La familia Dehesa siempre estuvo en contra. La pareja no duró mucho. Se casaron el 15 de diciembre de 2000, y Alejandra le dejó dos años después. No obstante, siguieron viéndose y hablando por teléfono regularmente. "Lo sé", dice Ana María. "Para mí, sólo hay una explicación. Era una relación enfermiza".

Relación de amistad

Manuel García, el abogado de Dorantes hasta su desaparición, dice que los frecuentes contactos entre marido y mujer tras la separación sólo indicaba una relación de amistad. "Por ejemplo", dice García, "ella le llamó dos veces en la mañana del asesinato. Los mensajes que le dejó en el contestador, sólo tres días antes, eran afectuosos. Le llamaba 'cariño' y 'mi vida".

Sin embargo, el policía que dirigió la investigación está de acuerdo con la familia Dehesa en que Dorantes tenía una conducta amenazadora respecto a su mujer. El comandante Alfredo Velázquez, con 30 años en la policía judicial, se encarga de la investigación. "Es evidente que fue Dorantes quien la mató", afirma. "Puede que el caso no se haya resuelto en teoría, pero en la práctica sí. La presunta responsabilidad de Dorantes está clara. Después de haberme ocupado de más de 100 homicidios, mi experiencia me dice que fue él".

El superior de Velázquez en el caso, el fiscal del distrito de Coyoacán, también pensó al principio que era Dorantes. Luego cambió de opinión.

"Su nombre era Roberto Pérez Martínez," dice Manuel García. "Hablé con él a principios de octubre. Me dijo que, al principio, había pensado que era Sergio, pero que había llegado a la conclusión de que no existían pruebas contra él. 'No tengo nada contra él', fue lo que dijo". García no fue la única persona a la que Pérez Martínez expresó esta opinión. Rick Sandoval, un periodista estadounidense con el que Dorantes estaba trabajando en el momento del asesinato, se reunió en tres ocasiones con Pérez Martínez. En su último encuentro el fiscal le dijo lo mismo que a García. "Que no había pruebas que le relacionaran con el asesinato", cuenta Sandoval.

Entonces, según cuenta García, ocurrió algo extraño. Pérez Martínez fue relevado de su cargo de procurador en Coyoacán. "Casi inmediatamente", dice García, "su sustituto fue a ver al juez y le pidió una orden de detención contra Sergio". Pero el juez se negó. EL PAÍS ha obtenido una copia del veredicto. En él, el juez advertía de que los testigos habían dicho que el matrimonio de Dorantes era "inestable", pero que "con esas bases, es imposible establecer la culpa"; añadía que no había motivo para no creer las declaraciones de Dorantes sobre sus pasos la noche del asesinato, dado que dichas afirmaciones estaban corroboradas; las huellas de dedos y pies encontradas en el escenario del crimen no eran del fotógrafo, y el relato del testigo "no estaba corroborado por ninguna otra prueba que pudiera reforzar" los argumentos contra él.

El testigo se llamaba Luis Eduardo Sánchez Martínez. Según el expediente, era un mensajero de 22 años, de familia pobre, que acudió a la policía un mes después del asesinato. Testificó que estaba trabajando en el barrio el día del asesinato, hacia las siete de la tarde, cuando vio salir a un hombre del edificio de Newsweek en estado de nerviosismo. El hombre se chocó con él y salió corriendo. Sánchez Martínez recordaba el incidente con una prodigiosa memoria fotográfica. Un mes después se acordaba de que el hombre cerró la casa de un violento portazo, de que él le había dicho: "¡Fíjate, pendejo!" y el hombre había respondido "en otro idioma que parecía inglés"; de que llevaba traje oscuro, camisa clara, y la chaqueta sobre el brazo izquierdo; de que medía 1,65 metros; de que tenía una nariz grande y labios "medianos", frente "mediana" y ojos "medianos" y "ligeramente alargados", y "cicatrices de acné en la parte baja de la mejilla". La descripción correspondía con el aspecto físico de Dorantes y su indumentaria.

Además, Sánchez Martínez aseguró que había ido a la policía por voluntad propia después de ver un noticiero de televisión que hablaba del asesinato de Alejandra Dehesa. Para el juez, aquello "no era lógico". Manuel García explica por qué: "Para cualquiera que conozca México, la idea de que en un caso como éste una persona de origen humilde vaya a acudir voluntariamente a la polícia es inconcebible. ¡In-con-ce-bi-ble!".

Testigos surgidos de la nada

Bárbara Zamora, una abogada de derechos humanos que ha estudiado el expediente, está de acuerdo. Zamora observa que, en los casos penales mexicanos, no es raro que aparezcan testigos surgidos de la nada. "La policía hace las cosas mal al principio de la investigación, pierde o contamina pruebas, y entonces, para compensar su incompetencia, se inventan otras".

El comandante Alfredo Velázquez niega que el testigo fuera inventado. Al insistirle en lo poco verosímil que resulta que el hombre se presentara por iniciativa propia, llega a decir que no fue así, contradiciendo lo que afirma el expediente. "Nosotros lo encontramos", dice Velázquez. "La policía entrevistó a más de 200 personas que pasaban por la calle durante las dos semanas siguientes y les mostró fotografías. Así es como le encontramos".

Como dice otro abogado que ha leído los documentos, incluso aunque la versión de los hechos que da Velázquez fuera cierta, es culpable de un fallo más grave que la pérdida de memoria. "El mayor problema", dice el abogado, que tiene gran prestigio en México y no ha querido dar su nombre, "es que ni se molestaron en investigar debidamente al testigo. Todo el caso reposa sobre él. La libertad de un hombre. Pero ni se molestaron en comprobar con su empresa si de verdad estaba allí cuando dijo que estaba. No le interrogaron. Es inaceptable que no investigaran al testigo principal con un rigor ni remotamente parecido al que han mostrado en su persecución de Dorantes".

Lo mismo debió de pensar el juez que negó inicialmente la orden de detención solicitada por el fiscal de Coyoacán. El abogado de la familia Dehesa reconoce que su reacción ante el veredicto no fue comedida. "Fui a ver personalmente al juez y monté un santo pancho", dice Montero. "Estaba furioso. Indignado". Montero cuenta que presentó una apelación en nombre de la familia. El caso pasó a un tribunal superior que ordenó al juez inicial que lo revisara, una forma poco sutil de dar una orden, según explica Zamora, que decía: "cambia tu veredicto". Y lo cambió, pese a que, en los dos meses transcurridos entre uno y otro, no se descubrieron nuevas pruebas. De pronto, según el juez, el testigo era "factible" y, por tanto, "no obstante con anterioridad se había tenido un criterio distinto", "la responsabilidad probable" de Dorantes, declaró el juez, "queda probada".

En opinión de Zamora, las pruebas hablan más de la responsabilidad de los jueces relacionados con el caso que de la de Dorantes. "Cuando afirmo que muchos jueces son corruptos, no lo digo necesariamente en el sentido de que cobran dinero, aunque lo hacen. Me refiero a cómo hacen su trabajo. La indiferencia hacia el sufrimiento ajeno con las que toman sus decisiones". Zamora destaca que un informe de Naciones Unidas sobre los jueces mexicanos, publicado en 2001, decía que el 70% de ellos eran corruptos. "Incluso diría que se quedaron cortos", dice.

¿Pero qué decir de la huida de Dorantes? ¿No era prueba implícita de su culpabilidad? "En México, no", responde Luis de la Barreda, al que informaron de que la prisión en la que iban a encerrar a Dorantes era el Reclusorio Oriente. "En esa cárcel, las celdas están abarrotadas y hay un clima de inseguridad terrible. No pasa un mes sin que se produzcan varios asesinatos. Si uno está preso allí, vive con el temor permanente a no amanecer al día siguiente. Si yo hubiera sido abogado o amigo de Dorantes, le habría aconsejado que hiciera lo que hizo: huir".

Si la ley hubiera seguido su curso habitual, Dorantes habría pasado entre un año y 18 meses en el Reclusorio Oriente, según su abogado, García. Uno de los temores de Dorantes era a ser torturado para que firmara una confesión. No sólo la tortura es un instrumento corriente de la policía en México (y, como explicaba un informe publicado en 2004 por Naciones Unidas, siempre queda impune), sino que Dorantes tenía una penosa experiencia personal con ella. En 1989, después de haber trabajado en un reportaje sobre el narcotráfico en México para The New York Times, cuatro policías le secuestraron y le dieron una paliza tal que pasó tres semanas en un hospital. El ataque nunca se investigó.

Fue en la época en la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernaba México. Ahora, el poder está más disperso: el conservador Partido de Acción Nacional dirige el país a escala federal, varios partidos ocupan el gobierno de los estados y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), de izquierdas, está al mando de la megalópolis de México DF. "Ha cambiado poca cosa en cuanto a la ley", dice Luis de la Barreda, un destacado profesor de Derecho y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de México DF. "La diferencia es quizá que el PRD está todavía menos dispuesto que el PRI a aceptar que el sistema tiene unos defectos terribles".

El máximo responsable de la persecución de Sergio Dorantes es el procurador de Justicia de la capital mexicana, Bernardo Bátiz, del PRD. El 2 de marzo de 2004, dos periodistas que habían colaborado estrechamente con Dorantes fueron a ver a Bátiz para hablar del caso de su amigo. Los periodistas se llamaban Miguel Badillo, un combativo columnista, y su colega José Reyes. Están de acuerdo en lo siguiente: Bátiz les dijo: "Es un caso muy extraño, porque no existen suficientes pruebas contra Sergio Dorantes". Los dos periodistas dicen que Bátiz les aseguró que iba a revisar el caso. Por lo visto, no lo hizo, porque, cuando EL PAÍS preguntó 18 meses después a su jefe de prensa, Héctor Ramos, si había habido algún progreso, él se limitó a responder que "continúa la búsqueda" de Dorantes. Pese a pedirle repetidamente que confirmara o negara que Bátiz había hecho esos comentarios a los periodistas, Ramos no respondió. Y Bátiz, dijo Ramos, no podía conceder ninguna entrevista.

Dos opciones para Dorantes

Hoy, Sergio Dorantes no tiene más que dos opciones a su alcance. O sigue siendo un fugitivo de la ley el resto de su vida, o vuelve a casa a afrontar las consecuencias legales, lo cual significaría pasar un periodo obligatorio en la cárcel y arriesgarse a una sentencia mínima de 50 años en caso de ser hallado culpable.

Curiosamente, Ana María Dehesa dice que ya no está tan segura de querer que Dorantes se entregue a la policía ni de que le capturen. Su abogado, Montero, explica esa ambivalencia. "Por desgracia, en este país, los jueces siempre están comprados", dice. "En el ambiente judicial que tenemos, es posible incluso convencer a un juez de que es verdad que pagaron al testigo para que declarara".

Uno de los abogados más respetados de México, Alonso Aguilar Zinser, se lamenta de que casos como el relacionado con Dorantes revelan el Estado de derecho que hay en el país. Zinser dice que gran parte de la culpa recae sobre un sistema en el que los principales nombramientos judiciales los hacen los políticos. "Es decir, la justicia está politizada", explica Zinser. "Hay un clamor popular para que se controle el crimen. Y la única respuesta que dan los que están en el poder es meter a la gente en la cárcel, sea culpable o no".

El comandante Alfredo Velázquez, orgulloso de que México es un país en el que el 95% de los casos penales presentados por las procuradurías acaban en condena, no duda de que un juez condenaría a Dorantes. "En este sentido, somos muy superiores a los americanos", dice con toda seriedad. "Cuando nos reunimos con nuestros colegas de allí, les digo: 'Nuestra metodología es mejor que la de ustedes'. Por eso resolvemos muchos más casos aquí que ellos allí".

Quizá también porque el peso de la prueba es más estricto en el caso de los fiscales estadounidenses. Quizá porque la policía tiene que trabajar más para obtener una condena. "La verdad", dice Luis de la Barreda, que hoy dirige el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, "es que contamos con una de las policías más ineficaces del mundo. La verdad es que, en México, la justicia está en manos de fuerzas perversas, unas fuerzas que causan enormes daños y tienen muy pocos escrúpulos". De la Barreda destaca que pedir una orden de detención contra alguien acusado de asesinato es ya, en sí mismo, un castigo tremendo y seguramente irrevocable, "porque su familia sospecha de él, sus amigos se alejan de él, la opinión pública se pone en su contra; su vida queda prácticamente destruida". Sin embargo, dice, la policía y los procuradores toman esas decisiones con una despiadada ligereza. "Hay un dicho que afirma que el hombre justo tiembla ante la idea de cometer una injusticia. Éstos no son hombres justos".