Aguas venenosas

El vertido a un río del noreste de China de alrededor de cien toneladas de benceno y otros productos cancerígenos, tras un accidente industrial en una planta petroquímica hace dos semanas, ha obligado a cortar el suministro de agua a Harbin, una ciudad de cuatro millones de habitantes, y nueve millones si se incluye su área metropolitana. El nivel de toxinas que transporta el río Songhua supera 30 veces el oficialmente aceptable.

En la masiva contaminación de este afluente del Amur confluyen una serie de elementos característicos de la potencia china. Probablemente, los dos más relevantes son el secretismo y la desinformación, tanto por parte del Gobierno como de la empresa responsable, PetroChina, en cuya planta de Jilin se produjo una explosión el 13 de noviembre que mató a seis trabajadores y forzó la evacuación de 10.000 personas. Se ha tardado más de una semana en advertir a los habitantes de Harbin, por donde hoy acabará de pasar la mancha de benceno de 80 kilómetros que viaja hacia Siberia. La excusa inicial para el corte del suministro de agua fue incluso que se efectuaban obras de mantenimiento. PetroChina tampoco anunció inmediatamente los peligros para la salud de su enorme vertido.

Las agresiones medioambientales derivadas de una rápida y descontrolada industrialización son siempre serias. En el caso de China, con sus 1.300 millones de habitantes, lanzada a una carrera desenfrenada para el crecimiento económico y con una larga tradición política de ocultación y mentira acrisolada por el régimen comunista, los efectos pueden ser devastadores.

Existe un camino intermedio entre la satanización de la omnipresente química y la despreocupación práctica por sus efectos. Es el de la prudente evaluación de sus riesgos, que intenta seguir la escarmentada Unión Europea. La formidable contaminación medioambiental china ha coincidido con la aprobación por el Parlamento de Estrasburgo de una normativa para el registro y control de unos 30.000 productos químicos -muchos de ellos ampliamente usados-, que si por un lado representan grandes avances y mejoras en la calidad de vida que proporcionan, por otro pueden suponer claras o potenciales amenazas para la salud.

La industria química multinacional ha ejercido presiones sin precedentes para rebajar los objetivos del reglamento europeo, con el argumento básico de las pérdidas económicas. Finalmente, a falta de su ratificación por el Consejo de Ministros, hasta 2018 no entrarán plenamente en vigor todas sus disposiciones, lo que permitirá diluir en el tiempo los costes de la aplicación. Se trata en cualquier caso de un paso importante hacia la protección de las personas y su medio.