La demolición de los cuarteles de Campamento comenzará antes de Navidad

La Operación Campamento, que el Gobierno central presenta como "la mayor operación de suelo del Estado para construir vivienda protegida en esta legislatura", arrancó por fin ayer tras 20 años de parón administrativo. Los ministros de Defensa y Vivienda -los socialistas José Bono y María Antonia Trujillo- y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), firmaron el convenio que permitirá construir 10.700 pisos (7.000 de ellos, de precio inferior al de mercado) en un terreno público de 210 hectáreas al suroeste de la capital. Bono anunció que parte del suelo se adjudicará por subasta.

La Operación Campamento consiste en que el Ministerio de Defensa demuela los 11 viejos cuarteles que conserva en el suroeste de Madrid y venda ese suelo, para que sobre él se construya un nuevo barrio que "tendrá tantos habitantes como Toledo", según subrayó Bono. Ese proyecto figura desde 1985, negro sobre blanco, en el Plan General de Ordenación Urbana de la capital, pero hasta ahora lo único que habían hecho las dos administraciones es hablar de la operación, sin ponerse de acuerdo en cómo llevarla a cabo.

La ministra de Vivienda lo expresó con un "queda desbloqueada esta operación". Y Bono agregó: "Veinte años perdidos en palabras. Cuando hemos querido ponernos manos a la obra, en un año lo hemos resuelto". El alcalde se declaró "emocionado" por estampar su firma en el convenio que pone en marcha, dijo, "la operación de transformación urbana más importante de Madrid" -el mismo superlativo que ha usado otras veces para calificar la reforma de la M-30 o la rehabilitación del centro urbano-.

La demolición de los cuarteles comenzará "antes de Navidad" y durará seis meses, según Defensa. A partir de ahí podrá iniciarse la urbanización del terreno -poner las calles, el alcantarillado, la luz, el agua, el gas- y la construcción de las viviendas. El ministerio asegura que las primeras 5.000 casas estarán listas en 2008. Sin embargo, la coordinadora general de Urbanismo del Ayuntamiento, Beatriz Lobón, advirtió hace meses y reiteró ayer que los trámites y las obras para construir un barrio de esas dimensiones son muy largos, y juzgó casi imposible que haya viviendas habitadas antes de 2011.

Plusvalías

La Operación Campamento no es, según la ministra Trujillo, "una mera operación patrimonial [de venta de suelo]", sino un ejemplo de la "apuesta por la vivienda pública" del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. De las 10.700 viviendas de la primera fase -la que se iniciará en esta legislatura-, 7.000 serán de precio protegido (unos 135.000 euros para una vivienda media): 1.000 casas en suelo enclavado en ese ámbito pero propiedad del Ayuntamiento; otras 2.000 en un terreno que la Comunidad compró el pasado mayo a Defensa, y las 4.000 restantes, en suelo del ministerio.

Pero las otras 3.700 viviendas previstas en Campamento serán de precio libre, y eso generará plusvalías a Defensa. El ministerio afirma que aún no ha cuantificado esos beneficios. El Gobierno de Esperanza Aguirre calculó el pasado mayo que ascenderán a 380 millones de euros, y reclamó al ministerio que invierta el dinero en infraestructuras para la región. Consultores inmobiliarios preguntados por este periódico elevan la cifra a más de 600 millones de euros.

José Bono, que no quiso precisar ayer en qué invertirá el dinero, sí adelantó que el método de venta será por subasta, es decir, se adjudicará al mejor postor. Pero agregó que la subasta "tendrá algunas limitaciones para evitar que se dispare el precio del suelo". "Los promotores deberán reservar una parte para vivienda protegida", dijo. Un portavoz del Ministerio de Vivienda subrayó que este departamento "no es partidario" de que el suelo para vivienda protegida sea subastado, porque eso lo encarece y acaba repercutiendo en el precio general de la vivienda. "Creemos que Bono ha querido decir que sólo se subastará una parte del terreno: el destinado a vivienda libre. En caso contrario, nos opondremos a esa subasta", afirmó.

Más tarde, una portavoz de Defensa matizó que "no todo el suelo será subastado", pero añadió que "aún no está definido" ni cuánto suelo saldrá a subasta ni si será sólo el destinado a vivienda libre.

La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid prohíbe expresamente la subasta de suelo público y obliga a las administraciones a venderlo a través de concurso público -donde la oferta económica no es lo único que cuenta- para contener el precio. Pero el Ministerio de Defensa sí puede subastar su patrimonio, porque así lo establece la Ley de Protección del Patrimonio de las Administraciones Públicas de 2003.

Los terrenos de Defensa ocupan casi 900 hectáreas en las que se construirán 22.100 viviendas, según reza el convenio. Sólo la primera fase de esa operación se va a iniciar en esta legislatura: 10.700 pisos en 210 hectáreas.

El resto del suelo de la Operación Campamento (680 hectáreas) no puede ser urbanizado sin contar con la Comunidad, y para esa segunda fase no hay ningún plazo concreto de ejecución. "Aún no se han producido conversaciones con la Comunidad de Madrid", confirmó un portavoz de Defensa.