Una juez precinta un cámping en el que iban a instalarse 195 casas prefabricadas

Una juez de Navalcarnero ha precintado por supuestas irregularidades urbanísticas un campamento de turismo en Villanueva de Perales (cerca de Brunete). El precinto se ha decretado cuando 195 personas habían pagado cantidades de entre 18.000 y 60.000 euros para instalar en él casas prefabricadas (las llamadas mobile homes) y disponer de una parcela de uso exclusivo dentro del recinto, un terreno rústico que ocupa una extensión de 101.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Villanueva acusa a los promotores de querer crear allí un nuevo pueblo.

Parte del terreno se halla sobre una zona de especial protección de aves (ZEPA). El precinto decretado por la juez Yolanda Flores es fruto de una denuncia presentada por el alcalde de Villanueva, Juan Antonio Barrado (Agrupación Independiente de Villanueva de Perales), y el fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio.

El alcalde alega en la denuncia que los promotores se han saltado los límites impuestos en la licencia que se les otorgó. Tenían permiso para levantar un campamento turístico, pero no para instalar casas prefabricadas móviles y anclarlas sobre una solera de hormigón. Según el Ayuntamiento, lo que pretenden es crear "un núcleo urbano estable" en la zona. En el momento del precinto se habían instalado 20 de las 195 casas.

Los 195 afectados han denunciado por estafa a la promotora, Mirador de Gredos, SL, al Ayuntamiento de Villanueva y a la empresa que hizo la publicidad del proyecto, Provial. José Antonio Fuentes, presidente de la Asociación de Afectados, asegura que todo obedece "a una guerra política" entre el anterior Gobierno municipal, del PSOE, que fue el que dio las licencias, y el actual alcalde, de un partido independiente. Afirma que el recinto disponía de todos los permisos necesarios, municipales y de la Comunidad, y que ahora los han revocado "por cuestiones políticas".

La juez no lo entiende así. Hace semanas, confirmó el precinto de la zona tras analizar un informe de la Guardia Civil. Ésta comprobó que, pese a la prohibición municipal, se estaban instalando casas móviles prefabricadas dentro del recinto y que para anclarlas al suelo cada vecino había hecho solares de hormigón. En su auto, la juez señala que está investigando un delito contra la ordenación del territorio en el que se hallan imputados los promotores de la sociedad Mirador de Gredos, SL, José Ribagorda y Julián Élices Martín.

Cimientos de hormigón

Según la juez, "el citado campamento sí gozaba, inicialmente, de las pertinentes licencias", si bien infiere que los promotores, al ejecutar esos permisos, han ido más allá de lo que se les había permitido. La juez basa su afirmación en los informes que le ha hecho llegar el Ayuntamiento. Indica que el "campamento de turismo es de naturaleza rústica y que la licencia otorgada en su día lo fue para la urbanización y parcelación de la finca, pero no como un acto de segregación de la finca matriz". Es decir, el Ayuntamiento acusa a los promotores de segregar la finca matriz y venderla en parcelas. Además, señala que los promotores, vulnerando la ley, han instado a los afectados a que escriturar sus parcelas.

Cada parcela segregada ocupa 166 metros cuadrados. El proyecto ahora bloqueado era instalar sobre ellas un total de 195 casas de entre 40 y 52 metros cuadrados. El portavoz de los afectados niega que exista una parcelación. "Hay un régimen de uso exclusivo sobre cada parcela, pero en realidad todos somos dueños de todo", señala.

La juez indica que se trata de "un régimen de copropiedad por cuotas, con un pacto de uso en exclusiva por cada uno de los codueños de una porción concreta de la finca". También señala la juez, para justificar el precinto, que la Comunidad de Madrid denegó el pasado 16 de abril el proyecto de instalar este tipo de casas en esa zona.

"Lo que se aprobó es que se hiciera un cámping, pero no que se haga allí una urbanización en toda regla amparada en que las casas son móviles", destacan fuentes jurídicas.

Los promotores han alegado ante la juez un escrito de la Consejería de Medio Ambiente, del 3 de febrero de 2005, en el que se indica que el hecho de que haya casas móviles no impide que seguir considerando al recinto "un campamento de turismo". También se dice en ese informe que la solera de cemento de las casas tampoco impide la consideración de campamento de turismo puesto que, simplemente, se trata de una barrera que protege de la humedad a las casas. La juez refuta que el "informe se limita a, en un plano teórico, resolver preguntas" del promotor, pero que no parte de hechos reales sino de "una hipótesis de cumplimiento".

Los afectados exigen que la justicia actúe rápido para acabar "con la incertidumbre" en que se hallan. "La juez lo ha precintado pero sin tener en cuenta el daño económico, moral y psíquico que estamos sufriendo".