Enagas separará en distintas sociedades el comercio y el transporte de gas para evitar la escasez
Enagas, la compañía propietaria de la red de gasoductos (7.300 kilómetros) y principal empresa transportista de gas, tendrá que separar jurídica, contable y funcionalmente las actividades que realiza en estos momentos como transportista de gas de las que realiza como comercializador al por mayor en el mercado regulado.
Así lo establece la nueva normativa que está preparando el Ministerio de Industria para adecuar la legislación de los sectores eléctrico y de hidrocarburos a la norma comunitaria, tal y como ha exigido la Comisión Europea al Gobierno. En la práctica, la separación de actividades, de acuerdo con el proyecto que maneja Industria y que será aprobado, previsiblemente, en las próximas semanas, supondrá la creación de, al menos, una nueva sociedad encargada de comercializar y almacenar la materia prima de Enagas.
La nueva sociedad, según las fuentes conocedoras del proyecto, estaría supervisada por un denominado Comité de Seguimiento de la Gestión Técnica del Sistema Energético, cuya función sería hacer un control permanente de la garantía de los suministros energéticos.
La idea que está detrás del proyecto para Enagas (compañía participada, entre otros, por Gas Natural, Cajastur y BP España) es evitar que se reproduzcan situaciones de escasez de gas, vital para el funcionamiento de las centrales eléctricas y de numerosas empresas, como las sufridas los pasados meses de invierno, que obligó a aplicar las cláusulas de interrumpibilidad a grandes clientes y a centrales.
Las nuevas normas elaboradas para trasponer las directivas comunitarias de gas y electricidad también afectan a Red Eléctrica de España, si bien sólo para garantizar su "independencia funcional y de gestión como operador del sistema eléctrico y gestor de las redes de transporte respecto de la actividad que ejerce como transportista".
El Gobierno va a trasponer las directivas comunitarias sobre el sector energético con retraso, lo que le ha valido la advertencia de una posible demanda.
No obstante, el Ministerio de Industria destaca que el grueso de las directivas comunitarias para liberalizar el sector energético ya está incorporado a la legislación española. De hecho, los plazos de liberalización están más adelantados en España que en la mayor parte de los países europeos.
En España, desde el año 2003, todos los consumidores pueden elegir suministrador de gas o electricidad. El retraso en trasponer las directivas se debe, según el ministerio, a que el departamento ha consultado a todos los agentes afectados.
