La desviación en el gasto en resonancias llegó al 70% en 2004 respecto a lo previsto

El gasto que Sanidad paga a las concesionarias del diagnóstico por resonancia magnética sigue creciendo y alcanzó el año pasado un sobrecoste del 71% respecto a lo estimado en el contrato de gestión de los servicios. De las tres empresas adjudicatarias, la que mayor desviación tuvo fue Inscanner con una facturación de casi el doble de lo previsto (un 97,36%), seguido de Beanaca (80%) y Eresa (64,5%). Desde que el Consell cedió al sector privado en 2001 las exploraciones con resonancias de los pacientes de la red pública, el sobrecoste ha sido de 40,73 millones de euros.

Año tras año, las previsiones de pago de Sanidad establecidas en la concesión del servicio de diagnóstico por resonancia magnética no sólo se han rebasado repetidamente, sino que la diferencia es cada año mayor. En 2001, la desviación fue del 39,5%, en 2002 del 48,7%, en el 2003 del 65,7% y el año pasado alcanzó el 71%. Mientras en la concesión, las previsiones fijaban un gasto de 20,26 millones de euros para 2004, al final la facturación de las tres concesionarias fue de 34,69 millones, es decir, 14,4 más, según una respuesta parlamentaria remitida al grupo socialista de las Cortes.

Por empresas, la que más se ha desviado es Inscanner -fundada por el ex diputado popular Luis Concepción y ahora en manos de Carlos Paz, a su vez, responsable de otra de las concesionarias, Beanaca-. Inscanner facturó 6,9 millones (un 97% más de lo previsto) y Beanaca 2,3 millones (un 80% más). Eresa, que practica resonancias a los pacientes de la sanidad pública en las provincias de Castellón y Valencia facturó 25,3 millones frente a los 15,4 previstos (un 64,5% más).

Para la diputada socialista María José Mendoza, esta diferencia entre la estimación de gasto y la facturación real "confirma la falta de rigor en la previsión de gasto de ésta y buena parte de las concesiones administrativas y la externalización de servicios". Mendoza censuró que "no hay control ni racionalización en el empleo de la técnica" y comentó que estos datos muestran "el fracaso de la ruptura de la unidad de los servicios de radiología" que ha supuesto la introducción de equipos y personal privado en los principales hospitales públicos, así como la renuncia a tener equipos y personal especializado en esta técnica en el sistema público. La diputada criticó la "impericia en el diseño del contrato" y "la falta de previsión realista del coste" al sistema público, que ya le ha supuesto desde 2001 un sobrecoste de 40,7 millones de euros. Mendoza apeló al Consell a "tomar cartas en el asunto" y "devolver la integración funcional de los servicios de radiología", con la integración de los diagnósticos con resonancia.