Territorio afronta cientos de alegaciones al plan para urbanizar Porxinos

El PAI de Porxinos, aprobado el sábado de forma provisional por el Ayuntamiento de Riba-roja con los únicos votos del PP, ha recibido unas 340 alegaciones de los partidos de la oposición, colegios profesionales, organizaciones ecologistas, colectivos cívicos y vecinos afectados. El proyecto arranca, según estas objeciones, con dudas en torno a su procedimiento de aprobación y su impacto sobre el municipio y el entorno protegido de esta zona del Camp de Túria. El consejero de Territorio, Rafael Blasco, que medió entre el Valencia CF y el alcalde de Riba-roja para facilitar un acuerdo, tiene ahora la palabra.

Socialistas y ecologistas creen que no se justifica la disponibilidad de recursos hídricos

El Programa de Actuación Integral de Mas de Porxinos, donde el Valencia CF proyecta levantar su nueva ciudad deportiva, salió adelante el sábado en un pleno municipal largo y caldeado, donde los partidos de la oposición PSPV y EU reiteraron que un PAI proyectado sobre 1,6 millones de metros cuadrados, exigía, por su entidad y repercusiones, la revisión de todo el plan general (PGOU) de la localidad y no una "simple" homologación.

Durante el periodo de exposición pública -del 27 de abril al 20 de mayo- colectivos como Salvem Porxinos; partidos como el PSPV, el Bloc Nacionalista Valencià, Els Verds-Esquerra Ecologista; y entidades como el Colegio de Arquitectos de Valencia, el Instituto d'Estudis Comarcals de Camp de Túria o el Forum Ciutadà per la Sostenibilitat de Riba-roja, así como particulares afectados, presentaron más de 340 alegaciones al proyecto.

Sólo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por Litoral del Este, SL, promotora del proyecto, se formularon 177 alegaciones. Las objeciones son numerosas. Sus autores subrayan que la nueva ciudad deportiva del Valencia y la urbanización, con 2.800 viviendas, tiene repercusiones más allá de Riba-roja, pues limita con el paraje natural de Les Rodanes, en Vilamarxant. El programa de urbanización afecta, en sus más de 1,6 millones de metros suelo, a unos 330.000 metros cuadrados de terreno de protección ecológica-paisajística -conocido como Monte Blanco- con el propósito, según la oposición, de aumentar el índice de edificabilidad de la urbanización. "Si se acepta esta clasificación, pasaríamos de 0,35 de coeficiente de volumetría a más de 0,4", según el dirigente socialista Robert Raga.

Desde socialistas hasta ecologistas critican que el proyecto no recoja ninguna alternativa técnica a la presentada por Litoral del Este, y que tampoco se justifiquen los datos de consumo de agua potable ni la disponibilidad de recursos hídricos suficientes ante el crecimiento de habitantes previsto -se calcula que la población, ahora de 11.000 habitantes, ganará otros 9.000- y, pese a las promesas del alcalde Francisco Tarazona, la práctica totalidad de colectivos que han alegado no acaban de ver el beneficio social y económico que el proyecto reportará al municipio.

Raga insiste en que el PAI incumple las tres leyes urbanísticas más importantes de la Generalitat: la LOT, la del Suelo no urbanizable, y la LRAU. "La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística obliga a que se redacte una memoria sobre las necesidades de vivienda protegida en el municipio y la documentación de la mercantil Litoral del Este no la incluye", argumenta el grupo socialista de Riba-roja. Según el PSPV, en el PAI de la Bega de Cullera, la Generalitat sí ha exigido esta documentación.

La eliminación de los terrenos que el alcalde y su familia poseían en el PAI de Porxinos impedían a tres ediles del PP de Riba-roja votar el proyecto y sacarlo adelante por una cuestión de incompatibilidad. Finalmente se sacaron las parcelas y el alcalde y sus familiares votaron el PAI. La oposición fracasó en su intento de que el proyecto, ante un cambio tan sustancial, saliera de nuevo a exposición pública.

Pero el aspecto sobre el que el PSPV hace más hincapié es sobre "las falsas mejoras" que Litoral del Este ha prometido a Riba-roja. 5,4 millones de euros, la masía y la pinada de Porxinos y la comunicación con la A-3, Loriguilla, Cheste y Vilamarxant, según dijo el alcalde. La cesión de 1,6 millones de metros de suelo (el equivalente al PAI) para uso público "es una falsa mejora", sostiene Raga, "porque así lo obliga la ley". La construcción de un 10% de VPO tampoco es una mejora "sino el mínimo legal; y sobre el aprovechamiento municipal, éste está infravalorado", en opinión de los socialistas, ya que, en total, se ofrecen al municipio 5,4 millones de euros por el valor de la VPO, y otros 15 como donación de la mercantil, cuando el PSPV estima que a Riba-roja le corresponderían 23 millones de euros. "Estamos dispuestos a ir a los juzgados si es necesario para que calculen cuánto le corresponde al municipio", subraya Raga. Según la respuesta del Ayuntamiento, "el hecho de valorarse el suelo destinado a VPO en 23 millones de euros, es una alegación sin fundamento".

Para el Forum Ciutadà per la Sostenibilitat de Riba-roja, el PAI rebaja la zona de protección del Barranco de Porxinos y no respeta la afección de 500 metros de Les Rodanes. Además se incumplen varios preceptos de la Ley de Ordenación del Territorio (LOT), ya que no se identifican ni la necesidad de nuevas dotaciones de servicios e infraestructuras necesarias, ni se respeta el modelo de ciudad compacta -la parte más próxima de Porxinos se encontraría a unos 1.000 metros del casco urbano-. La calidad de vida en la zona se verá mermada por la falta de servicios sanitarios, educativos y dotacionales. Tampoco justifica la demanda residencial en que se basa la recalificación. "Sólo hay transformado una pequeña parte de terrenos de protección ecológico-paisajística, que se utilizan de excusa para recalificar todo el suelo de no urbanizable a urbanizable", reza otra alegación. "No hay justificación documentada y acreditada de ningún organismo oficial de que disponen de suficientes recursos hídricos" para atender la urbanización. No se habla de la capacidad de la depuradora, ni de la capacidad de los accesos por carretera ni tampoco hay referencia al plan residuos.

Hasta el Ayuntamiento de Vilamarxant, gobernado por el PP, propone un deslinde entre su población y Riba-roja, ya que los planos del PAI incluyen una franja de terreno en su municipio.