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Tribuna:

La ineludible reforma universitaria

Con la Declaración de Bolonia, de 1999, se inició el proceso de construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), que propicia una reforma sustancial de la docencia universitaria. En España, la publicación, el pasado 25 de enero, de los decretos de grado y de posgrado es un paso decisivo hacia la integración en el EEES.

Como todo cambio, éste presenta oportunidades y riesgos. Éstos son grandes en nuestros tiempos neoliberales, cuando se debate si la enseñanza ha de ser un servicio público o una mercancía. Pero entre las opciones posibles, el inmovilismo es sin duda la peor. Al contrario, conviene revisar a fondo la estructura, los objetivos y los métodos de la enseñanza universitaria.

La armonización de las estructuras de las enseñanzas es uno de los objetivos del EEES. Se facilita así la movilidad universitaria, lo cual es positivo, aunque conviene no olvidar que sin un sistema de becas suficiente, la movilidad quedará reservada a quienes puedan costeársela. Dicha armonización tiene implicaciones sobre la duración de los estudios, que en España y para los títulos de grado ha de estar comprendida, con posibles excepciones, entre tres y cuatro cursos; éste es uno de los aspectos más visibles de la reforma, pero no el más importante.

Es más relevante la configuración del nuevo catálogo de títulos de grado. La Ley Orgánica de Reforma Universitaria (LRU), de 1983, dio paso a una extensión muy notable de la implantación territorial de las universidades públicas y del acceso de la juventud española a las mismas, junto a una proliferación de títulos universitarios y de planes de estudios. En los últimos años, la población estudiantil universitaria se ha estancado e incluso reducido, y las universidades, de acuerdo con las administraciones competentes, han caído en la trampa de diversificar la oferta para atraer más estudiantes, sin otro resultado que el aumento de costes. La proliferación de títulos responde probablemente a la idea de que las personas con un título universitario habrían de ser capaces, inmediatamente y durante toda su vida, de ejercer una actividad profesional, por lo cual el sistema de enseñanza superior se tendría que ir adaptando constantemente a la evolución y diversificación del sistema productivo: nuevos títulos para nuevas ocupaciones.

Esta pretensión de adaptar incesantemente el sistema universitario al sistema productivo es vana. La meta se desplaza constantemente y es inalcanzable. Por otra parte, el acoplamiento entre personas tituladas y ocupaciones es prácticamente imposible porque los sujetos toman decisiones con vistas a un futuro incierto.

Por ello, la reforma debe simplificar el sistema de títulos y su orientación, de modo que la Universidad proporcione una formación general sólida que permita la actualización de conocimientos y de competencias a lo largo de la vida de las personas. No se trata de estudiar en una etapa de la vida para poder trabajar durante el resto, sino de compaginar, a lo largo de toda la vida, formación y trabajo socialmente útil.

La formación inicial corresponde al primer ciclo o grado y podrá ampliarse, con un acceso flexible, en el posgrado (máster y doctorado), en cuya configuración hay un amplio espacio para el ejercicio de la autonomía universitaria.

El nuevo sistema ofrece una mayor fluidez en el paso del primero al segundo ciclo, frente al actual en que el acceso al segundo ciclo desde un título de primer ciclo es muy difícil, si no imposible. El nuevo catálogo de títulos de grado debería permitir el acceso a la Universidad de una proporción de jóvenes mayor que la actual. Sólo una parte de las personas con título de grado proseguiría sus estudios con un segundo y un tercer ciclo puesto que las necesidades de personas con una formación más especializada o avanzada son menores que las de personas con una formación general en un ámbito profesional específico. El acceso al posgrado debe basarse en el mérito y la capacidad intelectual y no en la capacidad económica (en este sentido, hay que subrayar positivamente que los decretos someten los estudios oficiales al régimen de precios públicos).

Se impone también una reforma profunda de la forma de enseñar y de evaluar. Hay que precisar los objetivos de los planes de estudios y de los elementos que los componen y adecuar formas e instrumentos a dichos objetivos. Hay que repensar qué se debe enseñar, para qué se enseña y cómo se enseña, qué conocimientos y también qué competencias y qué habilidades tiene que adquirir el estudiante o la estudiante. La evaluación debe consistir en apreciar el grado en que se han alcanzado los objetivos. El sistema de créditos ECTS se basa en la estimación del trabajo que debe realizar quien estudia y no, como el sistema anterior, en el número de horas de clase que imparte quien enseña, lo cual debe tener repercusiones sustanciales sobre el enfoque y la organización de las actividades. A todo esto se refiere la necesaria innovación docente y no a la mera introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Se dice con frecuencia que se trata de poner el foco en el proceso de aprendizaje y no en la enseñanza o que lo importante es aprender a aprender. Por supuesto; ya hace más de 70 años que Ortega y Gasset dijo y escribió que sólo se debe enseñar lo que se puede aprender. Pero sin perder de vista que para aprender a lo largo de la vida hay que haber adquirido conocimientos sólidos en la etapa de formación inicial.

Riesgos los hay: trivialización, degradación del grado y mercantilización del posgrado. Pero tenemos la oportunidad de diseñar un sistema que proporcione a las personas, con más eficiencia, una formación más adecuada a sus necesidades. Que las cosas sean de una u otra forma depende esencialmente de las administraciones y de las universidades.

Albert Corominas es vicerrector de la UPC.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de abril de 2005