La Ley de Bono / 1
Bajo las encinas de Galapagar, en la escuela de verano Jaime Vera a la altura de julio de 2003, el entonces candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, respondió que, si resultara elegido presidente, en materia de Defensa partiría de cero. Eran apreciaciones nacidas de la espontaneidad, cuando estas materias todavía permanecían ajenas a la perspectiva que añaden las responsabilidades del poder sobrevenidas, asumidas apenas un año después.
Tenemos averiguado que los países serios renuncian al adanismo y nunca parten de cero. Por eso, convendría entrar en detalle para observar tanto las novedades como las continuidades reflejadas en el texto del proyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional, aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, mediante su comparación con aquel del que trae causa, es decir, el de la Ley Orgánica 6/1980 por la que se regulaban los Criterios Básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar. Ley derivada de la Constitución e impulsada en esas fechas por el vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado y por el ministro Agustín Rodríguez Sahagún, miembros del último Gobierno ucedista de Adolfo Suárez. Recordemos que pocos meses después tuvimos el golpe del 23-F y que bajo esos escarmientos otra Ley Orgánica, la 1/1984, a iniciativa esta vez del ministro Narcís Serra, durante el primer Gobierno socialista de Felipe González, incorporó algunas modificaciones aconsejables.
Hasta entonces, se había procedido primero a eliminar los tres ministerios militares, el del Ejército, el de la Marina y el del Aire, para crear un Ministerio de Defensa, encabezado en su inicio por el general Gutiérrez Mellado, a quien habían sucedido, en nombramientos sin precedentes desde antes de la guerra, dos civiles: Agustín Rodríguez Sahagún y Alberto Oliart. Pero fue Narcís Serra el primero en cobrar autonomía y disponer de una sede propia al apoderarse de la que ocupaba el Ministerio de Cultura en el Paseo de la Castellana. Enseguida, se aplicó también a modificar las leyes que heredaba, todas ellas lastradas por la prevención castrense para el caso temido de que un civil asumiera esa cartera. De ahí que todas las normas legales establecieran una muy cuidadosa distinción entre la etérea rama político-adminsitrativa, donde aparcaban a los paisanos, y la decisiva cadena de mando militar, que se reservaban los del uniforme.
Volvamos a la cuestión, pendientes como estamos de la publicación del texto en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, para que pueda iniciarse su tramitación como proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados. Señalemos que las breves consideraciones formuladas en esta columna tendrán que atenerse a la versión del anteproyecto facilitada a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en la Comisión de Defensa. También seguirán las líneas de las que ha dado cuenta la prensa, a propósito de las modificaciones introducidas para transar en la mesa del Consejo de Ministros las diferencias afloradas entre los titulares de las carteras de Defensa, José Bono, y de Interior, José Antonio Alonso, e incorporar matices sugeridos por los de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, estos dos últimos en torno a los requisitos de las misiones de las Fuerzas Armadas en operaciones militares fuera de España y al código de conducta enunciado para los profesionales de la carrera castrense.
En las informaciones de estos días y en los comentarios editoriales todo han sido salvas de elogio al ministro Bono y felicitaciones por su triunfo en las diferencias que le separaban de su colega de Interior. Pero la nueva Ley, que refuerza el perfil del titular de Defensa, requiere una atención que no se le ha prestado. Que nos digan, hasta la exaltación pueril, que en adelante las misiones militares en el exterior requerirán la aprobación del Congreso de los Diputados, es insuficiente para justificar una ley del calado que ésta debería tener. Tampoco ahora vamos a sorprendernos por la naturaleza militar del cuerpo de la Guardia Civil, ni nos han explicado la transcendencia del cambio de la denominación de Junta por la de Consejo de Defensa. De momento, sabemos que el presidente Zapatero y su talante decidirán en la pugna ministerial y también que el consenso sigue pendiente. Continuará.
