El debate territorial
UNA VEZ SUPERADO EL REFERÉNDUM del segundo Tratado de Roma, la agenda de la vida pública española trasladará el debate sobre la distribución territorial del poder -diseñada en círculos concéntricos- desde el ámbito europeo hasta el marco estatal. Por lo pronto, las elecciones convocadas el lunes por el lehendakari Ibarretxe para el 17 de abril girarán en torno al proyecto de nuevo estatuto vasco que el Congreso rechazó a comienzos de mes; la anunciada conclusión antes del verano de la ponencia sobre la reforma del Estatuto de Cataluña y los trabajos de otras 10 comunidades en idéntico sentido revisionista ocuparán sin solución de continuidad el escenario político.
En sintonía con esas prioridades, Rajoy pidió el pasado martes ante el grupo parlamentario del PP la celebración urgente del debate del Estado de las Autonomías que el presidente del Gobierno se comprometió a convocar -con ocasión de su comparecencia ante el primer pleno del Senado en esta legislatura- tras el largo periodo de abstinencia impuesta por su predecesor; la presencia de Zapatero en la sesión de control al Gobierno de esta semana confirmó, por lo demás, su voluntad de rescatar de la marginalidad a la Cámara alta de las Cortes Generales. Aunque el debate ya ritual sobre el estado de la nación en el Congreso dispute al Pleno senatorial la preferencia en el calendario, el recordatorio de Rajoy está cargado de sentido: tras meses de incoherente y a veces cacofónica discusión en torno a las eventuales reformas estatutarias, parece llegada la hora de que el Gobierno precise con detalle y concreción el alcance de los dos requisitos exigidos por su presidente a cualquier propuesta de revisión estatutaria: el respeto al marco constitucional y un alto grado de consenso político y social.
El PP reclama la celebración del debate en el Senado sobre el Estado de las autonomías y pide al Gobierno mayores precisiones acerca de los requisitos exigidos por el PSOE a las reformas de los estatutos
¿No excluiría la conformidad con la Constitución el pretendido desplazamiento del actual Estado de las Autonomías por un Estado plurinacional de naturaleza jurídico-política diferente? ¿El consenso absolutamente conveniente del PP a las reformas estatutarias -como acordaron Zapatero y Rajoy el 14 de enero- no sería políticamente vinculante aunque fuese prescindible parlamentrariamente? El sordo encontronazo entre el ministro Sevilla y algunos dirigentes del PSC a propósito del Estatuto catalán- ¿cabe poner en duda el derecho del titular de la cartera de Administraciones Públicas a pronunciarse sobre las materias?- muestra que el desconcierto ha llegado a la propia casa socialista. En cualquier caso, la "máxima receptividad" de Zapatero a una reforma consensuada del Estatuto en Cataluña, reiterada el miércoles en el Congreso, no debería llevar a la absurda conclusión de que su Parlamento tendría barra libre mientras que las Cortes sólo serían un comensal invitado gratis a degustar el plato de lentejas sin posibilidad siquiera de rechazarlo.
No se trata sólo de que las reformas estatutarias no puedan desbordar el marco constitucional. Además, el Estado de las Autonomías es una estructura formada por 17 comunidades que mantienen entre sí relaciones de interacción y dependencia; la pretendida insularidad del ámbito de decisión vasco o catalán no sería un corte unilateral de puentes con el mítico Madrid del Estado centralista de la Restauración y del franquismo, sino con los derechos, los derechos y los intereses de las restantes autonomías. La privilegiada alteración de la distribución de competencias entre la Administración general y una comunidad autónoma particular rompería los delicados equilibros que han hecho posible el vasto proceso de descentralización política iniciado en 1979. Y si los derechos históricos amparados por la Disposición Adicional Primera de la Constitución son la herramienta elegida por el plan Ibarretxe para promover el vaciamiento competencial del Estado de las Autonomías en favor del País Vasco, idéntico papel de ganzúa podría desempeñar en Cataluña la abusiva utilización del artículo 150.2, que posibilita ciertamente la transferencia o delegación a las comunidades autónomas mediante ley orgánica de facultades correspondientes a materia de titularidad estatal, pero que no obliga a realizarlas ni da derecho a obtenerlas.
